México, D.F.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad regular el trabajo de los llamados cabilderos y prohibir que los legisladores y personal de apoyo acepten dádivas, pagos en efectivo o en especie de éstos, con el propósito de influir ilícitamente en las decisiones camerales.
La iniciativa, presentada por Merilyn Gómez Pozos, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, limita a los servidores públicos y a aquellos que hayan sido cesados (solo hasta después de dos años) a ocupar dicho cargo.
Además, prohíbe a cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de los diputados realizar actividades de cabildeo.
“Prohibir a los diputados y al personal de apoyo de la Cámara, aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de un cabildero, con el propósito de influir ilícitamente en las decisiones de dicho órgano legislativo”, refiere.
La legislación enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación establece que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en San Lázaro será de 20 por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita, en caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente.
Además, define el trabajo de cabildero como: “el individuo ajeno a esta Cámara que represente a una persona física, organismo privado o social, que realice actividades en los términos del numeral que antecede, por el cual obtenga un beneficio material o económico”.
Al exponer la iniciativa, Gómez Pozos aseguró que los más de 250 cabilderos registrados en San Lázaro atienden los intereses de grandes corporaciones y no del ciudadano común.
“Contar con un instrumento que permita una verdadera representación de la sociedad, erradicar los actos de corrupción y tener un control estricto sobre las actividades de los cabilderos fueron mis motivaciones para presentar la iniciativa que hoy nos ocupa”, mencionó.
Milenio
La iniciativa, presentada por Merilyn Gómez Pozos, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, limita a los servidores públicos y a aquellos que hayan sido cesados (solo hasta después de dos años) a ocupar dicho cargo.
Además, prohíbe a cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de los diputados realizar actividades de cabildeo.
“Prohibir a los diputados y al personal de apoyo de la Cámara, aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de un cabildero, con el propósito de influir ilícitamente en las decisiones de dicho órgano legislativo”, refiere.
La legislación enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación establece que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en San Lázaro será de 20 por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita, en caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente.
Además, define el trabajo de cabildero como: “el individuo ajeno a esta Cámara que represente a una persona física, organismo privado o social, que realice actividades en los términos del numeral que antecede, por el cual obtenga un beneficio material o económico”.
Al exponer la iniciativa, Gómez Pozos aseguró que los más de 250 cabilderos registrados en San Lázaro atienden los intereses de grandes corporaciones y no del ciudadano común.
“Contar con un instrumento que permita una verdadera representación de la sociedad, erradicar los actos de corrupción y tener un control estricto sobre las actividades de los cabilderos fueron mis motivaciones para presentar la iniciativa que hoy nos ocupa”, mencionó.
Milenio
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