Ciudad de México .- Dentro de la recién aprobada Ley de Movilidad está reconocer que el transporte público debe cambiar y es fundamental la responsabilidad gubernamental en la administración de los servicios, aseveró el investigador Bernardo Navarro.
El coordinador del Observatorio del Transporte Metropolitano de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expuso que la problemática es transformar los microbuses y combis, por oraganizaciones mercantiles, controles sobre choferes y operación general del servicio.
El doctor en economía urbana y del transporte indicó que la iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y revisada por las instancias del Ejecutivo, para esta capital es una medida que tomó en cuenta a diversos sectores de la sociedad, incluida la academia.
En un comunicado, el profesor investigador en la Licenciatura en Planeación Territorial agregó al respecto que especialistas de la UAM hicieron algunas observaciones que aportaron a la Ley de Movilidad criterios de eficiencia y productividad más que de la lucha por el pasaje.
La legislación incorpora un cambio de visión fundamental, al pasar de la perspectiva de traslado de personas al de movilidad, que implica observar todos los componentes del proceso de transporte y movimiento de las personas, incluyendo los intercambios, cuánto tienen que caminar, las condiciones de la infraestructura urbana y su accesibilidad.
Ahora se considera la movilidad un derecho humano emergente. En ciudades como la de México, una de las más grandes y pobladas del mundo, es fundamental para la vida de las personas y, por tanto, es un derecho humano, pero es emergente porque choca con la realidad, pues el transporte es de mala calidad.
Para el ciudadano es importante porque le dará en el mediano plazo una herramienta de defensa y de exigencia social, en tanto la gente se apropie de la ley.
También hay un proceso legislativo que involucra al Ejecutivo y se tiene que promulgar un reglamento o adecuaciones al actual, pues hay un reglamento que es metropolitano.
Los cambios deberán ser consensuados con el Estado de México, que no cuenta con una ley avanzada como el Distrito Federal; es un reto para la ahora Secretaría de Movilidad, y para las Secretarías de Obras y de Seguridad Pública, para acercarse a lo que la legislación marca como objetivo.
Habrá cambios de calidad en el servicio y eso es importante. Lo malo es que sea una ley local, pero es de esperarse que impacte y sea un ejemplo seguido por otras entidades para mejorar la calidad del transporte en beneficio de la ciudadanía, pues ya habrá un documento cuyo contenido servirá de referencia.
El coordinador del Observatorio del Transporte Metropolitano de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expuso que la problemática es transformar los microbuses y combis, por oraganizaciones mercantiles, controles sobre choferes y operación general del servicio.
El doctor en economía urbana y del transporte indicó que la iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y revisada por las instancias del Ejecutivo, para esta capital es una medida que tomó en cuenta a diversos sectores de la sociedad, incluida la academia.
En un comunicado, el profesor investigador en la Licenciatura en Planeación Territorial agregó al respecto que especialistas de la UAM hicieron algunas observaciones que aportaron a la Ley de Movilidad criterios de eficiencia y productividad más que de la lucha por el pasaje.
La legislación incorpora un cambio de visión fundamental, al pasar de la perspectiva de traslado de personas al de movilidad, que implica observar todos los componentes del proceso de transporte y movimiento de las personas, incluyendo los intercambios, cuánto tienen que caminar, las condiciones de la infraestructura urbana y su accesibilidad.
Ahora se considera la movilidad un derecho humano emergente. En ciudades como la de México, una de las más grandes y pobladas del mundo, es fundamental para la vida de las personas y, por tanto, es un derecho humano, pero es emergente porque choca con la realidad, pues el transporte es de mala calidad.
Para el ciudadano es importante porque le dará en el mediano plazo una herramienta de defensa y de exigencia social, en tanto la gente se apropie de la ley.
También hay un proceso legislativo que involucra al Ejecutivo y se tiene que promulgar un reglamento o adecuaciones al actual, pues hay un reglamento que es metropolitano.
Los cambios deberán ser consensuados con el Estado de México, que no cuenta con una ley avanzada como el Distrito Federal; es un reto para la ahora Secretaría de Movilidad, y para las Secretarías de Obras y de Seguridad Pública, para acercarse a lo que la legislación marca como objetivo.
Habrá cambios de calidad en el servicio y eso es importante. Lo malo es que sea una ley local, pero es de esperarse que impacte y sea un ejemplo seguido por otras entidades para mejorar la calidad del transporte en beneficio de la ciudadanía, pues ya habrá un documento cuyo contenido servirá de referencia.
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