La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación abierta en contra de la administración que encabezó el hoy senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz por el posible desvío de casi 350 millones de pesos de recursos federales destinados para la instalación de cámaras de seguridad en dicho estado.
La indagatoria se abrió a partir de una denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso a finales de 2022, luego de que sus auditores no encontraron registro o inventario alguno de las cámaras en las que se invirtieron los recursos federales, y de que hasta la fecha no se ha justificado el destino del dinero ni se ha devuelto.
Y no es todo. La ASF analiza además la interposición de otras denuncias en contra de la administración de Yunes, pues el monto total de irregularidades detectadas en apenas dos años que duró su gestión supera los 3 mil 800 millones de pesos, resultado de al menos 80 hechos de posible corrupción.
De acuerdo con los registros oficiales revisados por EMEEQUIS, el caso ya denunciado penalmente, y cuya indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR, proviene de la auditoría de cumplimiento financiero número 1583-GB-GF que la ASF practicó a los 350 millones de pesos que la Federación transfirió en 2018 a Veracruz para un programa de instalación de las cámaras de vigilancia.
De la revisión, los auditores concluyeron que prácticamente el 100 por ciento de la muestra auditada no estaba justificada y se presume que los recursos fueron malversados.
Lo anterior se debe a que, en primera instancia, la Secretaría de Finanzas de Veracruz autorizó la transferencia del dinero federal que recibió a otras dos cuentas de gobierno de las que, supuestamente, ya se habían tomado los recursos para la inversión en las cámaras, algo que por sí mismo es una anomalía, pues esos movimientos no son legales.
Lo más grave es que el recurso, según lo reportado, se invirtió en el contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación, instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), lo que en el papel es acorde con el objeto del recurso etiquetado. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que esas cámaras realmente se compraron en los términos establecidos en los contratos.
Esto se debe a que en el contrato jamás se especifica el número de cámaras a adquirir, y en las facturas emitidas por este concepto no se registraron números de serie o de datos que permitan identificar los equipos supuestamente adquiridos.
“Adicionalmente, con las visitas físicas de los Centros Estatales de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Xalapa, Poza Rica y Córdoba-Fortín, así como del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5) de Veracruz, se verificó que se careció de la entrega formal de los bienes, los cuales no se identificaron ni se inventariaron y carecieron de resguardos”, indica el reporte de los auditores.
Sumado a lo anterior, los auditores revisaron unas cámaras ya instaladas que supuestamente corresponden a este contrato y encontraron que la mayoría no funciona correctamente y no emite señal alguna.
Las observaciones hechas por los auditores no pudieron ser solventadas por el gobierno de Veracruz, pese al tiempo que se le concedió para ello. Ante ese panorama, el 24 de noviembre de 2022, la Dirección Jurídica de la ASF formalizó ante la FGR la presentación de una denuncia en contra del gobierno de Veracruz y los funcionarios que resulten responsables por el posible quebranto al erario por un monto de 349 millones 775 mil 736 pesos.
A partir de dicha denuncia, la FECC de la FGR abrió una carpeta de investigación que, de acuerdo con autoridades federales consultadas, CONTINÚA EN CURSO hasta la fecha. En su informe de fiscalización enviado en marzo pasado por la ASF a la Cámara de Diputados, se reportó oficialmente que dicha carpeta se encontraba en integración.
De acuerdo con los registros oficiales del Sistema Público de Auditorías de la ASF consultados por EMEEQUIS, la administración de Miguel Ángel Yunes dejó un saldo total de 3 mil 853 millones de pesos en malos manejos o posibles desvíos en Veracruz. De ellos, 1 mil 229 millones corresponden al ejercicio del año 2017 y 2 mil 623 millones al 2018.
Los recursos observados por los auditores son resultado de 80 anomalías graves detectadas en el manejo de los recursos, entre las cuales se encuentra justamente el caso denunciado vinculado con las cámaras de seguridad. Aunque hasta ahora solo se ha presentado una denuncia ante la FGR, la ASF ha impulsado 35 procedimientos de responsabilidad sancionatoria contra funcionarios de la administración de Yunes que resulten responsables.
Los malos manejos, que deberán dar paso a nuevas denuncias de no ser justificados, afectaron fondos federales canalizados a Veracruz para acciones de seguridad pública, para el fortalecimiento de los servicios de salud, para el desarrollo de la infraestructura municipal, para el llamado seguro popular, para el entonces programa PROSPERA, para el entonces programa de Escuelas de Tiempo Completo, entre otros.
El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, reapareció públicamente el pasado 10 de septiembre en el Senado de la República para respaldar a su hijo, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, en su decisión de votar a favor de la reforma judicial de forma contraria.
Un día después de esa determinación, la comisión Permanente del Partido Acción Nacional determinó expulsar de sus filas a Yunes Linares y su hijo tras determinar que “traicionaron” a su bancada y a la posición al, supuestamente, haber cedido a “presiones” para cambiar el sentido de su voto y hacer posible la referida reforma. Opositores los señalaron de buscar beneficios por los casos en curso.
Previamente, se había revelado que en contra de Yunes Linares existían indagatorias por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como director general del ISSSTE. Mientras que él y su hijo, Yunes Márquez, también han sido señalados en el pasado de posible enriquecimiento ilícito.
Además, en julio pasado, un juez penal del fuero común del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Yunes Márquez por presuntas irregularidades en la presentación de documentos falsos cuando aspiraba a la candidatura para ser alcalde del puerto de Veracruz.
A lo anterior se suma la indagatoria que la FGR inició a partir de la denuncia de la ASF y el resto de las observaciones por los miles de millones de pesos que, hasta la fecha, no se han esclarecido.
En ese contexto, EMEEQUIS consultó a fuentes federales sobre el estatus del caso presentado por la auditoría. La respuesta es que la indagatoria sigue en integración para determinar la responsabilidad del exgobernador o de su equipo.
