Ningún aspirante puede darse el lujo de ignorar la violencia contra periodistas, la creciente preocupación por la seguridad y el combate al crimen organizado, ya que la seguridad dejó de ser un discurso de campaña para convertirse en un factor de supervivencia política.
- En política no hay casualidades en la organización del Informe Presidencial, sobre todo, porque Claudia Sheinbaum no defendió en su pasada visita al gobernador Salomón Jara tras el abucheo en el Auditorio Guelaguetza, como lo hizo con el ex gobernador Alejandro Murat en Tuxtepec.
La ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y el combate al crimen organizado por decisión de Trump en acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum modificaron, de golpe, los escenarios y posibilidades de las diversas “aspirinas” que ya se mueven por las presidencias municipales, concejalías y diputaciones federales y locales.
En Oaxaca, el tablero político-electoral dejó de ser el mismo. La violencia contra periodistas, la creciente preocupación por la seguridad y el combate al crimen organizado introdujeron una variable que ningún aspirante puede darse el lujo de ignorar: la seguridad dejó de ser un discurso de campaña para convertirse en un factor de supervivencia política.
Las “aspirinas” —aspirantes a cargos de elección popular— tendrán que recalcular sus posibilidades. Ya no bastará con tener padrinos políticos, estructuras partidistas, recursos económicos, operadores electorales o una buena fotografía con algún personaje de Morena. La ciudadanía comienza a preguntar algo mucho más elemental: ¿quién puede garantizar seguridad, justicia y autoridad frente al crimen?
Y esa pregunta puede modificar radicalmente las elecciones de 2027. La presión internacional por la ejecución de Francisco Alejandro Leyva Aguilar representa un punto de quiebre. No solo por tratarse de un periodista asesinado, sino porque el crimen ocurre en un contexto nacional y estatal donde la presión sobre los gobiernos para combatir al crimen organizado es cada vez mayor.
Cuando asesinan a un periodista, el mensaje no se dirige únicamente a su familia o al gremio. También pretende intimidar a la sociedad, silenciar investigaciones y demostrar que quienes desafían intereses criminales pueden ser eliminados. Por eso, el caso Alejandro Leyva trasciende la carpeta de investigación. Se convierte en un examen de Estado.
Si el crimen queda impune, el mensaje será devastador: matar a un periodista puede ser un negocio de bajo riesgo. Si se investiga, se esclarece y se castiga a autores materiales e intelectuales, el mensaje será exactamente el contrario. De ahí la enorme importancia de que el gobernador Salomón Jara Cruz y las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia comprendan que la seguridad y la libertad de expresión ya forman parte inseparable del futuro político de Oaxaca.
En este nuevo escenario político no ha pasado inadvertido para observadores y analistas el desplazamiento del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña en la organización del acto político con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, programado en el Auditorio Guelaguetza.
En política, se sabe, no hay casualidades inocentes. Y menos cuando se trata de un acto presidencial, sobre todo, porque Claudia Sheinbaum no defendió en su pasada visita al gobernador Salomón Jara, después del abucheo en el Auditorio Guelaguetza, como lo hizo con el ex gobernador Alejandro Murat en Tuxtepec.
Ha correspondido a Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, delegada estatal de Programas para el Bienestar en Oaxaca y originaria de Cuicatlán, asumir la organización del evento. El dato adquiere especial relevancia por los antecedentes de su relación política con el gobernador Salomón Jara.
Ortiz Cabrera fue señalada públicamente en diversos medios de comunicación por presuntamente promover la revocación de mandato del mandatario estatal mediante la difusión de mensajes negativos durante el proceso realizado el pasado 25 de enero. Aquellos señalamientos, independientemente de su comprobación política o jurídica, colocaron una sombra de tensión sobre la relación entre ambos personajes.
Por eso, que ahora sea precisamente la delegación federal de Bienestar —y no el aparato político del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña— la que tenga un papel central en la organización del acto presidencial, inevitablemente alimenta las especulaciones.
¿Enfriamiento o simple operación política? La pregunta resulta inevitable: ¿Se trata de un simple asunto operativo o constituye una señal política de Palacio Nacional? Sería aventurado afirmar que existe un rompimiento entre Claudia Sheinbaum y Salomón Jara. Pero tampoco sería sensato ignorar los mensajes que producen determinadas decisiones políticas.
El poder también comunica mediante silencios, ausencias, desplazamientos y encargos. Y si la organización de un acto presidencial de semejante relevancia se coloca fuera del control directo de la estructura política estatal, el hecho merece ser leído con atención.
Puede tratarse de una decisión administrativa. Puede responder a una estrategia de control político y territorial. O puede ser, simplemente, una señal de que Palacio Nacional quiere mantener una mayor distancia operativa respecto del gobierno estatal.
El tiempo y los hechos dirán cuál de estas hipótesis termina imponiéndose. Las “aspirinas” deberán escoger bando. Lo verdaderamente importante, sin embargo, no está solamente en quién organiza un acto presidencial. Está en lo que viene después.
Porque el nuevo escenario electoral obliga a las “aspirinas” a redefinir sus estrategias. Quienes aspiran a una presidencia municipal deberán explicar qué harán frente a la delincuencia. Quienes busquen una diputación local tendrán que pronunciarse sobre la impunidad.
Quienes pretendan llegar al Congreso de la Unión tendrán que responder qué harán para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Y quienes sueñen con gobernar Oaxaca tendrán que entender que la seguridad será probablemente uno de los grandes campos de batalla electoral.
El crimen organizado ya no puede ser tratado como un asunto exclusivamente policiaco. Es económico, político, territorial y social. Por eso deben entrar en escena herramientas como la inteligencia financiera, la persecución de las redes de lavado de dinero, la extinción de dominio y la coordinación efectiva entre las instituciones federales y estatales.
El verdadero costo político de la impunidad. La ejecución de Alejandro Leyva también obliga a una pregunta incómoda: ¿Cuántos periodistas más tendrán que ser asesinados para que el Estado entienda que la impunidad también es una forma de complicidad institucional?
No hay crimen perfecto. Hay investigaciones imperfectas. Y cuando una investigación no llega hasta sus últimas consecuencias, cuando se conforma con los autores materiales y no alcanza a quienes ordenaron, financiaron o facilitaron el crimen, la justicia queda mutilada. Por eso, el caso Alejandro Leyva debe convertirse en un parteaguas. No solamente para esclarecer un asesinato. También para construir un verdadero mecanismo estatal de prevención, protección y reacción ante amenazas contra periodistas.
Ahí está la oportunidad de la Ley Alejandro: transformar el dolor en una política pública con dientes, presupuesto, coordinación institucional, participación del gremio periodístico y supervisión ciudadana. Porque proteger periodistas no es conceder privilegios.
Es defender el derecho de la sociedad a saber. 2027 comienza a definirse desde ahora. Las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas. Pero para las “aspirinas” ya comenzaron. Y el nuevo escenario tiene una característica que puede resultar decisiva: la ciudadanía observa mucho más que antes quién está dispuesto a enfrentar al crimen y quién prefiere administrar la crisis.
La ejecución de Alejandro Leyva cambió esa percepción. El combate al crimen organizado puede modificar alianzas, candidaturas, equilibrios internos y preferencias electorales. Y cualquier señal proveniente de Palacio Nacional respecto de Oaxaca será observada con lupa.
Por eso, más que nombres y encuestas, lo que comienza a definirse es algo mucho más profundo: qué proyecto político tendrá autoridad moral y capacidad institucional para enfrentar la inseguridad sin pactar con ella, sin utilizar la justicia como venganza y sin convertir la protección de periodistas en una simulación.
Las “aspirinas” tendrán que entenderlo. El Oaxaca electoral que viene no será el mismo. Después de Alejandro Leyva, la seguridad, la libertad de expresión y el combate a la impunidad dejaron de ser asuntos secundarios: pueden convertirse en la línea que separe a los futuros vencedores de los cadáveres políticos de 2027.
Solamente tendrá 500 millones de pesos en el etiquetados en el Ramo 12, a pesar de que aumentará el número de personas que deberán ser atendidas. Con eso, apenas alcanzará para pagarles a los servidores de la nación que realizarán los registros.
