Ciudad de México.- El asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto, ocurrido el 2 de marzo de 2017 en el estado de Guerrero, suscita numerosos cuestionamientos respecto a la eficacia de los mecanismos de protección. Aunque el periodista recibía amenazas constantemente, en octubre de 2016 las autoridades dejaron de otorgarle medidas de protección, por razones que Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera inadmisibles.
El periodista Cecilio Pineda Birto, de 39 años de edad, fue asesinado a sangre fría el jueves 2 de marzo de 2017 en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente (estado de Guerrero, sudoeste del país). Cecilio era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador de los periódicos El Universal y El Debate, cubría la fuente policíaca. Se expresaba de forma clara y abierta; era un periodista crítico frente a la corrupción del gobierno local. Debido a ello, había padecido amenazas e intentos de asesinato durante años.
En 2015, tras haber logrado escapar de uno de estos ataques, Cecilio presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Entonces, su caso fue enviado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que determinó que la medida idónea de protección era que saliera de su lugar de residencia. Cecilio ni quiso hacerlo, principalmente por motivos de salud. En enero de 2016, después de una primera evaluación de riesgo, el mecanismo le propuso de nuevo que huyera y se refugiara en otra ciudad. Cecilio no se decidió a hacerlo. Como medida de protección le ofrecieron rondines policiacos –a cargo de la Policía Estatal de Guerrero– para vigilar su domicilio. Una medida a minima, que en opinión de Israel Flores, representante de la sección 33 del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), era muy mala. “Los policías solo iban a pedirle que firmara de que si fueron a verlo, esa no es protección”, explicó a RSF. Meses después, en octubre de 2016, después de una segunda evaluación, ni siquiera el elevado nivel de riesgo fue suficiente: decidieron retirarle las medidas de protección y cerrar el expediente.
En un comunicado publicado horas después de la muerte de Cecilio Pineda Birto, el mecanismo afirmó que, como el periodista no quería trasladarse, se retiraron las medidas de protección y se cerró el expediente. Sin embargo, tanto en la ley como en el reglamento del mecanismo no se contempla que, el hecho de que una persona se niegue a cambiar de residencia implique que se le retiren las medidas de protección, tampoco que se cierre el expediente.
“Las autoridades locales y nacionales eran conscientes del grado de peligro que enfrentaba Cecilio Pineda Birto”, deploró Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Sin embargo, ninguna de ellas fue capaz de ofrecerle una protección eficaz. Este caso en particular ilustra la gran necesidad de replantear a fondo los procesos de evaluación de riesgos y la supervisión de las medidas previstas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de evitar que este tipo de tragedias se repitan”, agregó.
Para los colegas y allegados de Cecilio, no existe ninguna duda de que el crimen está relacionado con su labor periodística. Horas antes de ser asesinado Cecilio difundió en directo en su cuenta personal de Facebook un video en el que afirmó que había vínculos “fuertes” entre las autoridades de Tierra Caliente y un narcotraficante local, Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”. No obstante, a una semana de los hechos, la investigación judicial no ha dado prioridad a esta hipótesis en su investigación.
Recordemos que el 20 de julio de 2016 en Tierra Blanca, estado de Veracruz, fue asesinado cobardemente el periodista Pedro Tamayo Rosas, pese a que también se encontraba bajo la protección del estado.
En su informe “Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo”, RSF analiza estas deficiencias de los sistemas de protección en México y hace una serie de recomendaciones detalladas para que la situación mejore.
México ocupa el lugar 149, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2016.
RM
El periodista Cecilio Pineda Birto, de 39 años de edad, fue asesinado a sangre fría el jueves 2 de marzo de 2017 en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente (estado de Guerrero, sudoeste del país). Cecilio era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador de los periódicos El Universal y El Debate, cubría la fuente policíaca. Se expresaba de forma clara y abierta; era un periodista crítico frente a la corrupción del gobierno local. Debido a ello, había padecido amenazas e intentos de asesinato durante años.
En 2015, tras haber logrado escapar de uno de estos ataques, Cecilio presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Entonces, su caso fue enviado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que determinó que la medida idónea de protección era que saliera de su lugar de residencia. Cecilio ni quiso hacerlo, principalmente por motivos de salud. En enero de 2016, después de una primera evaluación de riesgo, el mecanismo le propuso de nuevo que huyera y se refugiara en otra ciudad. Cecilio no se decidió a hacerlo. Como medida de protección le ofrecieron rondines policiacos –a cargo de la Policía Estatal de Guerrero– para vigilar su domicilio. Una medida a minima, que en opinión de Israel Flores, representante de la sección 33 del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), era muy mala. “Los policías solo iban a pedirle que firmara de que si fueron a verlo, esa no es protección”, explicó a RSF. Meses después, en octubre de 2016, después de una segunda evaluación, ni siquiera el elevado nivel de riesgo fue suficiente: decidieron retirarle las medidas de protección y cerrar el expediente.
En un comunicado publicado horas después de la muerte de Cecilio Pineda Birto, el mecanismo afirmó que, como el periodista no quería trasladarse, se retiraron las medidas de protección y se cerró el expediente. Sin embargo, tanto en la ley como en el reglamento del mecanismo no se contempla que, el hecho de que una persona se niegue a cambiar de residencia implique que se le retiren las medidas de protección, tampoco que se cierre el expediente.
“Las autoridades locales y nacionales eran conscientes del grado de peligro que enfrentaba Cecilio Pineda Birto”, deploró Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Sin embargo, ninguna de ellas fue capaz de ofrecerle una protección eficaz. Este caso en particular ilustra la gran necesidad de replantear a fondo los procesos de evaluación de riesgos y la supervisión de las medidas previstas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de evitar que este tipo de tragedias se repitan”, agregó.
Para los colegas y allegados de Cecilio, no existe ninguna duda de que el crimen está relacionado con su labor periodística. Horas antes de ser asesinado Cecilio difundió en directo en su cuenta personal de Facebook un video en el que afirmó que había vínculos “fuertes” entre las autoridades de Tierra Caliente y un narcotraficante local, Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”. No obstante, a una semana de los hechos, la investigación judicial no ha dado prioridad a esta hipótesis en su investigación.
Recordemos que el 20 de julio de 2016 en Tierra Blanca, estado de Veracruz, fue asesinado cobardemente el periodista Pedro Tamayo Rosas, pese a que también se encontraba bajo la protección del estado.
En su informe “Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo”, RSF analiza estas deficiencias de los sistemas de protección en México y hace una serie de recomendaciones detalladas para que la situación mejore.
México ocupa el lugar 149, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2016.
RM