Ciudad de México.- La Comisión de Asuntos Migratorios se reunió con el director del “Programa Puentes”, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jesús López Macedo, quien sostuvo que 56 mil estudiantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos, conocidos como dreamers, están en riesgo de no renovar su permanencia en el Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
López Macedo destacó que una organización de la sociedad civil estadounidense ubicó en alrededor de 190 mil los jóvenes mexicanos indocumentados que se encuentran cursando la educación superior en el vecino país.
De estos, continuó, 85 mil están en el DACA porque fueron elegibles u optaron por participar en él, es decir, 105 mil no están protegidos por dicho programa, ya sea por no cumplir con los requisitos o porque así lo prefirieron. De los que se registraron, 56 mil están en riesgo de no renovarlo.
Informó que hasta el 16 de octubre del presente año, se recibió un total de 41 solicitudes de dreamers para continuar sus estudios en México; ocho son de Texas, seis de California, cuatro de Washington, cuatro de Florida y el resto de 12 estados de la Unión Americana.
De las 41 solicitudes, continuó, 10 están interesados en continuar sus estudios en la Ciudad de México; 10 en Nuevo León; tres en Chiapas y dos en los estados de Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, respectivamente; el resto, para otros estados que se encuentran sin destino explícito.
Destacó que del total de solicitudes, dos han sido concluidas y las demás se encuentran en proceso de resolución.
Informó que el “Programa Puentes” atiende exclusivamente a los jóvenes repatriados, con estudios truncos, que buscan concluir sus estudios en México, por lo que “no competirán con estudiantes de nuevo ingreso que residen en nuestro país”.
“Nuestro sistema de educación superior tiene cuatro millones de estudiantes que, al no ser de nuevo ingreso, permiten a las universidades contar con los espacios suficientes para atender a los alumnos repatriados”, acotó.
El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gonzalo Guízar Valladares (PES), dijo que es importante conocer qué es lo que hacen las instituciones de educación superior, en relación con el DACA. “Es un tema que a todos nos preocupa”.
Precisó que los diputados deben saber si México está preparado para recibir a los dreamers. “Haremos un esfuerzo por difundir información personalizada, a través de consulados de la Unión Americana, y que sea su elección personal el regresar a concluir sus estudios al país o no”.
La diputada María Olimpia Zapata Padilla (PAN) comentó que será complicado el choque cultural que vivirán estos estudiantes, por lo que es necesario arroparlos y apoyarlos. “Estaremos en la disposición de facilitarles esta transición que seguramente será difícil”.
También del PAN, María Luisa Sánchez Meza quiso saber cómo les llega la información a los estudiantes sobre el “Programa Puentes”; independientemente del portal de Internet, conocer si hay alguna otra forma de dárselos a conocer.
Del PRI, Hugo Daniel Gaeta Esparza consideró que las 41 solicitudes de estudios en el país son pocas, pero posiblemente se atribuye a la falta de interés o resistencia de los jóvenes a venir a México. “Mi pregunta sería cuánto nos está costando este programa, cuando a la fecha sólo hay dos trámites concluidos”.
De la misma bancada, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela comentó que el programa es relevante para los jóvenes que regresan a México, por lo que se debe perfeccionar, a fin de que la presencia de estos estudiantes en el país sea la mejor.
Por Morena, Miguel Alva y Alva dijo que es necesario revisar los alcances de este programa, ya que los jóvenes, estimó, “no van a regresar porque están bien organizados y es muy probable que se impongan ante las reformas del presidente Trump”.
Jesús López Macedo, director del “Programa Puentes”, precisó que las universidades públicas y privadas, adherentes al mismo, se comprometieron a establecer políticas de atención específicas para facilitar la inserción de los estudiantes en la comunidad académica, desde cursos de regularización en el idioma hasta políticas institucionales para vivienda.
Respecto al costo del programa, señaló que no existen mayores costos porque la información se obtiene a través de un portal electrónico, el cual es una rama del de la ANUIES, donde están incorporadas más de 400 escuelas de educación superior.
Enfatizó que el cometido del programa es informar sobre su contenido a los estudiantes. Con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y grupos de dreamers, se les comunican las bondades del mismo.
Detalló que el “Programa Puentes” fue desarrollado por la ANUIES en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la SRE, al que se sumaron, de manera solidaria, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes) y el Tecnológico Nacional de México.
Su propósito, continuó, es apoyar a los jóvenes estudiantes mexicanos que viven y estudian en Estados Unidos, que por su condición migratoria, se vean impedidos de continuar sus estudios a nivel licenciatura en ese país; la idea es incorporarlos a las instituciones de educación superior mexicanas que se han adherido a este programa, para que terminen aquí sus estudios.
Posteriormente, la Comisión de Asuntos Migratorios avaló el proyecto de opinión de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, en el que solicitarán 300 millones de pesos al Fondo de Apoyo al Migrante.
Gonzalo Guízar Valladares comentó que este recurso venía desde el 2015 y que para 2017 se aprobaron sólo 263 millones, por lo que “el acuerdo es rescatar esos 300 millones de pesos”.
Asimismo, solicitarán la asignación de 200 millones de pesos para las entidades federativas, direccionados a los institutos de protección al menor, a fin de atender a las niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis a los que se encuentran detenidos en estaciones migratorias.
El legislador informó que la Comisión a su cargo solicitará una reunión con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Humberto Roque Villanueva, para revisar asuntos presupuestales. “La idea es que sea antes del 15 de noviembre, fecha en que se discutirá el presupuesto del gasto público federal”, afirmó.
Los diputados de esta instancia legislativa también aprobaron un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, para agregar el concepto de “persona migrante”, ya que actualmente la norma sólo considera la palabra “migrante”.
El legislador Guízar Valladares explicó que este cambio permitirá ampliar la asistencia a los derechos humanos y preceptos internacionales referentes a los migrantes.
Esta propuesta del diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD) es “noble y generosa y fortalecerá las garantías de los migrantes”, concluyó.