México.- “El expediente de Duarte Jáquez lleva el número uno de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF); ellos son los que tienen los peritos, las conexiones con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Hacienda; pero la visión de Arely Gómez Gonzñalez, y creo que se continuará con el nuevo Procurador, es una visión privatista, en la que las partes denunciantes de la corrupción llevan la carga de la prueba”, agregó el abogado e integrante de la Unión Ciudadana, que apoyó la candidatura del hoy Gobernador panista Javier Corral Jurado.
Desde septiembre de 2014, García Chávez presentó ante la PGR el contrato del Fideicomiso 744773 creado en 2012, firmado por el hoy ex Gobernador Duarte y su esposa y al que destinaron 65 millones de pesos para convertirse en accionistas del Banco Unión Progreso, encabezado por su luego Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.
Desde entonces se abrió el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 y se insistió ante PGR, dice García Chávez, en la necesidad de establecer el origen del dinero aportado al fideicomiso debido, insiste el abogado, entre otros elementos, a que no aparece en las declaraciones patrimoniales del ex mandatario.
Mientras que el caso del priista Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz y hoy prófugo de la justicia, acapara la atención mediática, en Chihuahua los ciudadanos libran una batalla contra trabas legales para iniciar la investigación por presunta corrupción e enriquecimiento ilícito de otro priista: el ex Gobernador César Duarte Jáquez. De acuerdo con Jaime García Chávez, abogado y activista y quien demandó a César Duarte desde hace 25 meses en la Procuraduría General de la República, esta instancia ha sido omisa y, ahora, incluso quiere cobrarles 300 mil pesos por hacer un peritaje sobre el patrimonio del ex mandatario. También dice que los ciudadanos recelan del nuevo titular de la PGR, el también priista Raúl Cervantes Andrade, quien además es amigo cercano, “camarada”, del ex Gobernador.
Para el abogado que interpuso la denuncia por corrupción contra el ex Gobernador César Duarte Jáquez, la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) es sencilla: establecer el origen de 65 millones de pesos que el priista aportó al fideicomiso que lo hizo accionista de un banco.
Pero a 25 meses de haber iniciado la averiguación previa, dice el activista chihuahuense Jaime García Chávez, la PGR no sólo no ha hecho el peritaje que permitiría establecer la ruta de esos recursos, sino que ha insistido en que sea el denunciante quien pague la generación de la evidencia.
Desde septiembre de 2014, García Chávez presentó ante la PGR el contrato del Fideicomiso 744773 creado en 2012, firmado por el hoy ex Gobernador Duarte y su esposa y al que destinaron 65 millones de pesos para convertirse en accionistas del Banco Unión Progreso, encabezado por su luego Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.
Desde entonces se abrió el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 y se insistió ante PGR, dice García Chávez, en la necesidad de establecer el origen del dinero aportado al fideicomiso debido, insiste el abogado, entre otros elementos, a que no aparece en las declaraciones patrimoniales del ex mandatario.
Mientras que el caso del priista Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz y hoy prófugo de la justicia, acapara la atención mediática, en Chihuahua los ciudadanos libran una batalla contra trabas legales para iniciar la investigación por presunta corrupción e enriquecimiento ilícito de otro priista: el ex Gobernador César Duarte Jáquez. De acuerdo con Jaime García Chávez, abogado y activista y quien demandó a César Duarte desde hace 25 meses en la Procuraduría General de la República, esta instancia ha sido omisa y, ahora, incluso quiere cobrarles 300 mil pesos por hacer un peritaje sobre el patrimonio del ex mandatario. También dice que los ciudadanos recelan del nuevo titular de la PGR, el también priista Raúl Cervantes Andrade, quien además es amigo cercano, “camarada”, del ex Gobernador.
Para el abogado que interpuso la denuncia por corrupción contra el ex Gobernador César Duarte Jáquez, la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) es sencilla: establecer el origen de 65 millones de pesos que el priista aportó al fideicomiso que lo hizo accionista de un banco.
Pero a 25 meses de haber iniciado la averiguación previa, dice el activista chihuahuense Jaime García Chávez, la PGR no sólo no ha hecho el peritaje que permitiría establecer la ruta de esos recursos, sino que ha insistido en que sea el denunciante quien pague la generación de la evidencia.
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