Luego de una misión civil realizada en mayo de 2026 para documentar impactos sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y comunidades costeras, organizaciones civiles y especialistas denunciaron afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales asociadas a la ampliación del Puerto de Veracruz.
El informe fue presentado por Territorios Diversos para la Vida A.C. (Terra Vida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y académicos, quienes señalaron que el proyecto mantiene pendientes en materia de evaluación ambiental, participación ciudadana y protección de derechos humanos.
“Las afectaciones observadas reflejan una disputa territorial más amplia sobre el modelo de desarrollo implementado en el litoral veracruzano”, advirtió el documento.
Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar la ampliación portuaria de manera integral y holística en el Amparo en Revisión 54/2021, luego de determinar que el proyecto fue evaluado de forma fragmentada.
El informe sostiene que la nueva autorización ambiental no corrigió esas fallas y dejó fuera impactos acumulativos sobre arrecifes, humedales, lagunas, zonas de extracción de materiales y comunidades.
“La reposición del proceso de autorización no generó nuevos estudios que permitieran una evaluación completa e integral”, señala la misión civil.
De acuerdo con el documento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una nueva autorización a finales de 2022 para continuar con las obras del puerto, pero sin una nueva manifestación de impacto ambiental.
Las organizaciones señalaron que el procedimiento omitió un enfoque de cuenca, no garantizó participación plena de las comunidades y no incorporó estudios actualizados sobre los ecosistemas afectados.
“El proceso fue expedito y omiso en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el derecho al ambiente sano”, señaló el informe. Uno de los principales hallazgos fue la falta de evaluación sobre el Sistema de Lagunas Internarías de la Ciudad de Veracruz, reconocido como Sitio Ramsar por su importancia internacional.
Estas lagunas cumplen funciones de regulación hidrológica, conservación de biodiversidad y conectividad ecológica entre ambientes terrestres y marinos. Sin embargo, según la misión civil, sus afectaciones no fueron consideradas de forma suficiente en la evaluación del proyecto portuario.
“Su deterioro impacta no solo los ecosistemas, sino también las dinámicas sociales y culturales”, advirtió el documento. También se reportaron impactos en la Laguna San Julián, donde habitantes denunciaron mortandad de peces, procesos de contaminación y retroceso de la orilla en algunos sectores.
La misión civil documentó afectaciones en Las Barrancas, comunidad del municipio de Alvarado, donde el avance del mar ha provocado pérdida de playa, daños a viviendas y mayor exposición ante tormentas e inundaciones.
De acuerdo con los testimonios recabados, en aproximadamente una década la comunidad perdió más de 100 metros de playa, lo que ha reducido el espacio habitable y las barreras naturales de protección.
“La amenaza deja de ser un evento extraordinario y se convierte en una condición cotidiana de vida”, refirió el informe. Las organizaciones vinculan estos procesos con dragados, escolleras, cambios en corrientes marinas y alteraciones en la dinámica de sedimentos del litoral veracruzano.
El documento también reporta afectaciones en Mozomboa, municipio de Actopan, por la extracción de roca basáltica utilizada para obras de infraestructura portuaria.
Las detonaciones, el tránsito de maquinaria pesada y la emisión de material particulado han provocado daños en viviendas, caminos y cultivos agrícolas, según los testimonios incluidos en el informe.
“Estas afectaciones son tratadas como impactos aislados o secundarios”, advierte la misión, al señalar que forman parte del mismo modelo de expansión portuaria. La misión civil identificó una crisis en los medios tradicionales de subsistencia, principalmente en la pesca artesanal, actividad vinculada con la economía, la cultura y la identidad de comunidades costeras.
El informe alertó por la disminución de especies, reducción de capturas, pérdida de zonas tradicionales de pesca y necesidad de recorrer mayores distancias para obtener producto. “La pesca artesanal constituye en Veracruz una práctica profundamente vinculada a la identidad territorial y cultural”, señaló el documento.
Las organizaciones advirtieron que algunas familias han comenzado a depender de empleos temporales o precarios relacionados con el mismo modelo industrial que, según el informe, deteriora su entorno.
“La identidad veracruzana es más que un puerto” El informe también subraya impactos culturales derivados de la pérdida de playas, espacios públicos costeros, actividades tradicionales y formas comunitarias de relación con el mar.
La misión civil señala que la transformación del litoral afecta prácticas de convivencia, memoria colectiva, gastronomía, pesca y vínculos históricos con los arrecifes y lagunas.
Para las organizaciones, la ampliación portuaria no solo representa un conflicto ambiental, sino una disputa sobre el uso del territorio y los costos sociales del desarrollo económico.
TerraVida, AIDA y especialistas pidieron retomar los principios ambientales de prevención y precaución, además de realizar una evaluación integral con enfoque de cuenca que considere impactos acumulativos sobre ecosistemas, comunidades y medios de vida.
El informe concluye que la ampliación del Puerto de Veracruz representa una amenaza significativa para el Sistema Arrecifal Veracruzano y para las poblaciones que dependen del entorno costero.
“Lo que está en riesgo no es solamente la integridad física de ciertas zonas habitadas, sino la posibilidad de sostener condiciones de vida seguras, estables y dignas en el litoral veracruzano”, concluyó la misión civil.
