La reforma al Código Electoral del estado, aprobada por la LXVII Legislatura, protege la voluntad popular y la libre autodeterminación del pueblo frente a cualquier intromisión externa.
El Congreso del Estado aprobó que en el Código Electoral de Veracruz se incluya la intervención extranjera entre las causales para declarar la nulidad de procesos electorales para la titularidad del Poder Ejecutivo, diputaciones de mayoría relativa en un distrito electoral, personas juzgadoras y ediles.
El Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII y el párrafo segundo y se adiciona la fracción IX del Artículo 396 de dicho ordenamiento, emitido por la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, obtuvo 38 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, en la Decimotercera Sesión Ordinaria.
De acuerdo con el Dictamen, la adición de la causal de nulidad por intervención o injerencia extranjera fortalece el sistema democrático veracruzano y defiende la soberanía nacional. Cita el Artículo 33, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
En virtud de lo cual, afirma la Comisión, esta reforma protege la voluntad popular y la libre autodeterminación del pueblo de Veracruz frente a cualquier intromisión externa que pretenda distorsionar los procesos electorales, garantizando que la renovación de los poderes públicos sea producto exclusivo de la expresión auténtica y libre de la ciudadanía.
La dictaminadora dice coincidir con los argumentos consignados en la Exposición de Motivos de la Iniciativa en el sentido de que el sistema de nulidades electorales debe evolucionar para enfrentar las nuevas amenazas a la democracia, como lo es el intervencionismo extranjero, documentado en diversos contextos internacionales.
Añade que esta armonización legislativa no solo cumple con el mandato federal, sino que refuerza los principios de legalidad, certeza jurídica y protección de los derechos político-electorales consagrados en la Constitución federal, priorizando la defensa de la soberanía y la democracia participativa.
Posicionamientos
Al subir a tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena en favor del dictamen, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro aseguró que esta reforma preserva los principios de certeza, objetividad y seguridad jurídica, representa un paso firme en esa dirección, reafirma el principio de autodeterminación del pueblo, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones electorales y consolida un marco jurídico acorde con los desafíos contemporáneos de la democracia.
Por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su coordinador, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, consideró que este dictamen “fortalece la certeza jurídica y contribuye a preservar la integridad de los procesos democráticos al incorporar la causal que ya forma parte de una reforma constitucional federal”. Aclaró que la acreditación de esta causal exige elementos objetivos y materiales, así como la observación del principio de determinación.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Enrique Cambranis Torres, expuso lo que consideró contradicciones en la propuesta, una norma ambigua, de aplicación discrecional. Hizo un llamado a las y los integrantes de la LXVII Legislatura a “anteponer la defensa real de la Patria por encima de disciplina partidista” y a “decidir entre defender la democracia o debilitarla utilizando la soberanía como pretexto”.
Para la legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), la democracia ha cambiado, ya que ahora, además de urnas, boletas, casillas y campañas en territorio, hay que cuidar el mundo digital, el financiamiento, la información que circula, las campañas de desinformación y cualquier intento de influir desde fuera en la decisión ciudadana. Reconoció que esta reforma tiene límites, que la nulidad de una elección exige pruebas y que las violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material.
La diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, dijo que las leyes deben ser claras y la justicia no puede depender de quien interpreta una norma y a quién se la aplica. Señaló que nadie puede estar en contra de defender la soberanía nacional, la cual, indicó, no puede convertirse en un pretexto para desconocer resultados electorales. Propuso que también el intervencionismo interno sea causal para anular elecciones.
A su vez, el legislador Héctor Yunes Landa cuestionó el procedimiento legislativo del dictamen, el verdadero propósito de esta reforma y los conceptos de intervencionismo e injerencia y enfatizó las implicaciones político-partidistas de esta actualización.
En la discusión en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar e Indira de Jesús Rosales San Román y el diputado Paul Martínez Marie.
