Estado de México.- El decreto presidencial que el pasado 9 de julio firmó el Presidente Enrique Peña Nieto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad, ilustra una práctica que se han vuelto constante en el país: la afectación de pueblos originarios para favorecer la construcción de proyectos de infraestructura o inmobiliarios, recurrentemente para beneficio privado y siempre con el aval de las autoridades.
En el caso de San Francisco Xochicuautla la obra que afectará a la comunidad otomí es la autopista privada Toluca-Naucalpan. La empresa que se beneficiaría de la construcción de la autopista es Autopistas de Vanguardia (Autovan), subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, que pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa y tiene la propiedad legal de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial en Las Lomas.
Los pobladores consideran que la obra violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó la obra. La construcción de labora fue concesionada en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, buscando su cancelación definitiva.
Sin embargo, el pasado 9 de julio el Presidente Peña Nieto emitió un decreto de expropiación de casi 38 hectáreas de la comunidad, argumentando la “utilidad pública” de la obra, debido a que la autopista conectará la Ciudad de México con Toluca, la capital mexiquense . De acuerdo con el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el 26 de septiembre de 2014 el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México había solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano, y ésta se otorgó al considerarse que la construcción de la autopista “resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México”.
A decir del coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara Duque, en el Estado de México se ha implementado una política que resulta “una suerte de despojo de tierras, territorios, de agua, de bosque, sobre todo en los pueblos indígenas”.
Ello ha sido consecuencia de la saturación de la zona metropolitana, frente a lo cual la respuesta de las autoridades ha sido “despojar” a las comunidades que aún gozan de territorio y de recursos naturales, expuso el defensor de derechos humanos.
El CDHZL –cuyo campo de trabajo es el territorio mexiquense– ha detectado que esta política se ha focalizado en el Valle de Toluca, desde el municipio de Lerma y hasta el de Nicolás Romero, en la zona norponiente del estado, así como en torno a las llamadas Ciudades Bicentenario, proyectos de desarrollo urbano impulsados durante la gubernatura del actual Presidente, Enrique Peña Nieto, en los municipios de Atlacomulco, Almoloya de Juárez, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. En esos casos, las afectaciones al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura para éstos han sido para las comunidades aledañas, a las que se buscaría “despojar” de sus recursos naturales.
En la capital del país también los pueblos originarios enfrentan un proceso de defensa de sus territorios frente a proyectos de infraestructura o inmobiliarios, de acuerdo con Anaid Ortiz Becerril, jefa de la Unidad Departamental para la Atención de Comunidades Étnicas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec). Sin embargo, puntualizó, los pueblos originarios del Distrito Federal encaran además la falta de reconocimiento como tales, en muchos casos por encontrarse dentro del área urbana de la capital del país.
El caso de San Francisco Xochicuautla, en el municipio mexiquense de Lerma, resulta ilustrativo al respecto. Además de la destrucción de flora y fauna que supondría la construcción de la autopista, el trazo de ésta atraviesa la ruta ancestral de los otomíes hacia el Cerro de la Campana. Para los otomíes, se trata del sitio donde se originó la vida, explicó Lara Duque.
Cada año, el pueblo otomí sube al cerro para pedir que llegue la lluvia; una vez pasada la temporada fluvial, regresan para dar gracias. Considerando que se trata de un pueblo íntimamente ligado a la agricultura, señaló el defensor de derechos humanos, es natural que se pida y agradezca la lluvia.
Con la construcción de la autopista, dijo, los otomíes ya no podrían cruzar hacia el Cerro de la Campana.
“Hay un marco legal en México que favorece y permite la proliferación de estos proyectos”, en referencia no sólo a las obras de infraestructura, sino también a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos, inmobiliarios o turísticos. “Hay un marco que privilegia que esto suceda y que le da un trato preferencial a las empresas y los particulares por encima de los derechos humanos”.
En el caso de San Francisco Xochicuautla la obra que afectará a la comunidad otomí es la autopista privada Toluca-Naucalpan. La empresa que se beneficiaría de la construcción de la autopista es Autopistas de Vanguardia (Autovan), subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, que pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa y tiene la propiedad legal de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial en Las Lomas.
Los pobladores consideran que la obra violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó la obra. La construcción de labora fue concesionada en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, buscando su cancelación definitiva.
Sin embargo, el pasado 9 de julio el Presidente Peña Nieto emitió un decreto de expropiación de casi 38 hectáreas de la comunidad, argumentando la “utilidad pública” de la obra, debido a que la autopista conectará la Ciudad de México con Toluca, la capital mexiquense . De acuerdo con el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el 26 de septiembre de 2014 el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México había solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano, y ésta se otorgó al considerarse que la construcción de la autopista “resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México”.
A decir del coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara Duque, en el Estado de México se ha implementado una política que resulta “una suerte de despojo de tierras, territorios, de agua, de bosque, sobre todo en los pueblos indígenas”.
Ello ha sido consecuencia de la saturación de la zona metropolitana, frente a lo cual la respuesta de las autoridades ha sido “despojar” a las comunidades que aún gozan de territorio y de recursos naturales, expuso el defensor de derechos humanos.
El CDHZL –cuyo campo de trabajo es el territorio mexiquense– ha detectado que esta política se ha focalizado en el Valle de Toluca, desde el municipio de Lerma y hasta el de Nicolás Romero, en la zona norponiente del estado, así como en torno a las llamadas Ciudades Bicentenario, proyectos de desarrollo urbano impulsados durante la gubernatura del actual Presidente, Enrique Peña Nieto, en los municipios de Atlacomulco, Almoloya de Juárez, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. En esos casos, las afectaciones al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura para éstos han sido para las comunidades aledañas, a las que se buscaría “despojar” de sus recursos naturales.
En la capital del país también los pueblos originarios enfrentan un proceso de defensa de sus territorios frente a proyectos de infraestructura o inmobiliarios, de acuerdo con Anaid Ortiz Becerril, jefa de la Unidad Departamental para la Atención de Comunidades Étnicas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec). Sin embargo, puntualizó, los pueblos originarios del Distrito Federal encaran además la falta de reconocimiento como tales, en muchos casos por encontrarse dentro del área urbana de la capital del país.
El caso de San Francisco Xochicuautla, en el municipio mexiquense de Lerma, resulta ilustrativo al respecto. Además de la destrucción de flora y fauna que supondría la construcción de la autopista, el trazo de ésta atraviesa la ruta ancestral de los otomíes hacia el Cerro de la Campana. Para los otomíes, se trata del sitio donde se originó la vida, explicó Lara Duque.
Cada año, el pueblo otomí sube al cerro para pedir que llegue la lluvia; una vez pasada la temporada fluvial, regresan para dar gracias. Considerando que se trata de un pueblo íntimamente ligado a la agricultura, señaló el defensor de derechos humanos, es natural que se pida y agradezca la lluvia.
Con la construcción de la autopista, dijo, los otomíes ya no podrían cruzar hacia el Cerro de la Campana.
“Hay un marco legal en México que favorece y permite la proliferación de estos proyectos”, en referencia no sólo a las obras de infraestructura, sino también a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos, inmobiliarios o turísticos. “Hay un marco que privilegia que esto suceda y que le da un trato preferencial a las empresas y los particulares por encima de los derechos humanos”.
Sin embargo.mx
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