Ciudad de México.- Las reformas estructurales (financiera, de competencia económica, de telecomunicaciones, energética y fiscal) no rinden los frutos prometidos, y el crecimiento económico se estancó alrededor de 2%, incluso por debajo del promedio anual de las últimas tres décadas y muy lejos del anhelado 5%; la reforma educativa no logra consolidarse y los maestros impiden su cabal aplicación; la reforma de transparencia sucumbe ante la sumisión del órgano garante; la reforma político-electoral mostró sus debilidades en las recientes elecciones, y la reforma anticorrupción no convence a nadie.
Con la perspectiva que da el tiempo, es más claro que el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo fue una maniobra política para colocar a un líder más dócil y cercano al actual gobierno, y, en contrapartida, es menos claro el futuro del proceso penal en su contra por los sucesivos reveses que ha sufrido en las instancias jurisdiccionales.
Mientras tanto, los escándalos por la violación de derechos humanos, corrupción y conflictos de interés dominan la opinión pública, y el presidente Enrique Peña Nieto no atina a recuperar el control de la agenda pública, que perdió desde septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ese escenario, el único logro al que se aferraba era la capacidad de su gobierno para capturar a los presuntos capos del narcotráfico mexicano, entre los que destacaba de manera prominente Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Por ello con su fuga se le esfumó también el poco capital político que le quedaba, cuando todavía le restan tres años y medio a su periodo constitucional.
Primero fue el Financial Times –periódico que en los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto le prodigó todo tipo de elogios– el que señaló muy agudamente: “El más famoso fugitivo se escapó de un penal de alta seguridad a través de un túnel, pero hoy es Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, el que se encuentra en el hoyo”.
Y posteriormente fue el diario español El País –que tampoco escatimó aplausos y aclamaciones a la labor de Peña Nieto hasta julio del año pasado, cuando finalmente logró la aprobación de las reformas en las leyes secundarias de la reforma energética– el que señaló que la fuga dejó “al más crudo descubierto las fallas estructurales del mismo Estado mexicano”, y sentenció: “Si no acaba con la impunidad y no avanza en la consolidación del estado de derecho, esas reformas se habrán construido sobre la arena”.
Pero más allá del costo que el presidente pagará ante la opinión pública nacional e internacional, también habrá costos reales en las relaciones con los socios internacionales y reacomodos en el escenario político nacional.
En el ámbito internacional, el principal socio, Estados Unidos, a través de quien hoy es la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental y muy probablemente próxima embajadora de EU en México, Roberta Jacobson, ya expresó que su gobierno se encuentra “increíblemente frustrado y decepcionado”, con lo cual se puede anticipar que las presiones hacia el gobierno mexicano se incrementarán, exigiendo la extradición de algunos de los capos hoy internados en las prisiones mexicanas y reclamando mayores garantías para mantener su colaboración, con la consiguiente pérdida de la soberanía.
Y a nivel nacional las distintas fuerzas y grupos políticos ya empezaron sus movimientos para aprovechar la extrema debilidad del presidente y buscar mejorar sus posiciones de cara a la contienda presidencial de 2018. Esto incluye a los distintos grupos priistas –tanto dentro como fuera del gabinete–, que ven una oportunidad inmejorable para deshacerse de uno de los posibles precandidatos tricolores, como lo es el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o para incorporarse a posiciones con mayor visibilidad y relevancia desde las cuales puedan impulsar sus aspiraciones personales, como Manlio Fabio Beltrones.
La carrera por la sucesión presidencial de 2018 arrancó incluso antes de la celebración de la jornada electoral intermedia, pues Marcelo Ebrard denunció que las resoluciones del Tribunal Electoral que le impedían ser candidato a diputado federal tenían una clara motivación política, para impedirle ser candidato a la Presidencia; una semana después de los comicios, la que manifestó sus intenciones de figurar en la boleta fue Margarita Zavala, y posteriormente el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también lo hizo.
El único antecedente del inicio de la carrera con tanta anticipación fue el de Vicente Fox, quien prácticamente desde que asumió la gubernatura de Guanajuato, en septiembre de 1995, empezó su precampaña para la Presidencia. Y la situación actual coincide con el hecho de que la debilidad del gobierno federal empezó a manifestarse desde el famoso “error de diciembre” de 1994.
Así, a la debilidad institucional del Estado mexicano, evidenciada entre otras cosas por la increíble fuga del Chapo, se suma el acelerado agotamiento del gobierno en turno, lo que todavía lo vuelve más vulnerable, ineficaz e ineficiente, con los consiguientes efectos sobre la situación política, económica y social del país.
De nada servirá a Peña Nieto y a su equipo contar con una mayoría de votos incondicionales en la Cámara de Diputados, pues en este caso las limitaciones no provienen de los resultados electorales, sino de la manifiesta incapacidad para resolver los problemas nacionales o frenar los abusos y excesos de su gabinete y su familia, así como de la creciente pérdida de credibilidad y confianza entre la ciudadanía, como muestran todas las encuestas.
En Latinoamérica, salvo México y Venezuela, que tienen periodos presidenciales de seis años, todos los países mantienen ciclos de cuatro o cinco años. Y en el caso mexicano es un hecho que, por una u otra razón, en los últimos cuatro sexenios, a partir de las elecciones intermedias se acelera el debilitamiento de los gobiernos federales, a pesar de lo cual –hasta hoy– ninguna de las propuestas de reforma política incluye una que consista en recortar dicho periodo. Ya es tiempo de empezar a considerar y discutir el tema.
Con la perspectiva que da el tiempo, es más claro que el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo fue una maniobra política para colocar a un líder más dócil y cercano al actual gobierno, y, en contrapartida, es menos claro el futuro del proceso penal en su contra por los sucesivos reveses que ha sufrido en las instancias jurisdiccionales.
Mientras tanto, los escándalos por la violación de derechos humanos, corrupción y conflictos de interés dominan la opinión pública, y el presidente Enrique Peña Nieto no atina a recuperar el control de la agenda pública, que perdió desde septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ese escenario, el único logro al que se aferraba era la capacidad de su gobierno para capturar a los presuntos capos del narcotráfico mexicano, entre los que destacaba de manera prominente Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Por ello con su fuga se le esfumó también el poco capital político que le quedaba, cuando todavía le restan tres años y medio a su periodo constitucional.
Primero fue el Financial Times –periódico que en los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto le prodigó todo tipo de elogios– el que señaló muy agudamente: “El más famoso fugitivo se escapó de un penal de alta seguridad a través de un túnel, pero hoy es Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, el que se encuentra en el hoyo”.
Y posteriormente fue el diario español El País –que tampoco escatimó aplausos y aclamaciones a la labor de Peña Nieto hasta julio del año pasado, cuando finalmente logró la aprobación de las reformas en las leyes secundarias de la reforma energética– el que señaló que la fuga dejó “al más crudo descubierto las fallas estructurales del mismo Estado mexicano”, y sentenció: “Si no acaba con la impunidad y no avanza en la consolidación del estado de derecho, esas reformas se habrán construido sobre la arena”.
Pero más allá del costo que el presidente pagará ante la opinión pública nacional e internacional, también habrá costos reales en las relaciones con los socios internacionales y reacomodos en el escenario político nacional.
En el ámbito internacional, el principal socio, Estados Unidos, a través de quien hoy es la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental y muy probablemente próxima embajadora de EU en México, Roberta Jacobson, ya expresó que su gobierno se encuentra “increíblemente frustrado y decepcionado”, con lo cual se puede anticipar que las presiones hacia el gobierno mexicano se incrementarán, exigiendo la extradición de algunos de los capos hoy internados en las prisiones mexicanas y reclamando mayores garantías para mantener su colaboración, con la consiguiente pérdida de la soberanía.
Y a nivel nacional las distintas fuerzas y grupos políticos ya empezaron sus movimientos para aprovechar la extrema debilidad del presidente y buscar mejorar sus posiciones de cara a la contienda presidencial de 2018. Esto incluye a los distintos grupos priistas –tanto dentro como fuera del gabinete–, que ven una oportunidad inmejorable para deshacerse de uno de los posibles precandidatos tricolores, como lo es el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o para incorporarse a posiciones con mayor visibilidad y relevancia desde las cuales puedan impulsar sus aspiraciones personales, como Manlio Fabio Beltrones.
La carrera por la sucesión presidencial de 2018 arrancó incluso antes de la celebración de la jornada electoral intermedia, pues Marcelo Ebrard denunció que las resoluciones del Tribunal Electoral que le impedían ser candidato a diputado federal tenían una clara motivación política, para impedirle ser candidato a la Presidencia; una semana después de los comicios, la que manifestó sus intenciones de figurar en la boleta fue Margarita Zavala, y posteriormente el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también lo hizo.
El único antecedente del inicio de la carrera con tanta anticipación fue el de Vicente Fox, quien prácticamente desde que asumió la gubernatura de Guanajuato, en septiembre de 1995, empezó su precampaña para la Presidencia. Y la situación actual coincide con el hecho de que la debilidad del gobierno federal empezó a manifestarse desde el famoso “error de diciembre” de 1994.
Así, a la debilidad institucional del Estado mexicano, evidenciada entre otras cosas por la increíble fuga del Chapo, se suma el acelerado agotamiento del gobierno en turno, lo que todavía lo vuelve más vulnerable, ineficaz e ineficiente, con los consiguientes efectos sobre la situación política, económica y social del país.
De nada servirá a Peña Nieto y a su equipo contar con una mayoría de votos incondicionales en la Cámara de Diputados, pues en este caso las limitaciones no provienen de los resultados electorales, sino de la manifiesta incapacidad para resolver los problemas nacionales o frenar los abusos y excesos de su gabinete y su familia, así como de la creciente pérdida de credibilidad y confianza entre la ciudadanía, como muestran todas las encuestas.
En Latinoamérica, salvo México y Venezuela, que tienen periodos presidenciales de seis años, todos los países mantienen ciclos de cuatro o cinco años. Y en el caso mexicano es un hecho que, por una u otra razón, en los últimos cuatro sexenios, a partir de las elecciones intermedias se acelera el debilitamiento de los gobiernos federales, a pesar de lo cual –hasta hoy– ninguna de las propuestas de reforma política incluye una que consista en recortar dicho periodo. Ya es tiempo de empezar a considerar y discutir el tema.
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