México,D.F.- La iniciativa de ley secundaria en materia energética busca dar oportunidades a México de ser más productivo y eficiente, pues permitirá aprovechar mejor los recursos de los que se disponen, afirmo el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco Barnés de Castro.
En entrevista, comentó que la aprobación de la legislación secundaria energética permitirá que el Estado mexicano elija los proyectos donde concentrará sus operaciones e inversiones, sin dejar de lado su responsabilidad de garantizar el abasto de combustibles y energía.
Dijo que se favorecerá el desarrollo de oportunidades de participación del sector privado en áreas que hasta ahora se mantienen reservadas a la nación.
El pasado 30 de abril, el gobierno federal presentó ante el Senado el paquete de iniciativas de decretos para la expedición de nueve nuevas leyes y el resto contempla modificaciones a leyes existentes como parte de la implementación y regulación de la Reforma Constitucional en materia energética, publicada el pasado 20 de diciembre de 2013.
El Ejecutivo propuso la Ley de Industria Eléctrica, que abrogaría la ley vigente del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El documento regula la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.
La iniciativa considera la participación conjunta tanto de particulares como del Estado a través de la CFE en el desarrollo de la industria eléctrica, a fin de incrementar su productividad.
Asimismo, establece a los participantes de la industria determinadas obligaciones en materia de energías limpias, acceso abierto a las líneas de transmisión, suministro, y electrificación.
Al respecto, el comisionado Barnés de Castro señaló que la CFE podrá seleccionar los proyectos en los que desea concentrar sus operaciones e inversiones y tendrá la oportunidad de convertirse en una empresa con fortaleza en el mercado mexicano y extranjero.
Podrá -dijo- tratar a sus consumidores de electricidad como clientes y no como usuarios cautivos que acepta las condiciones de la paraestatal que ofrece el servicio eléctrico, porque no tiene otra opción.
Asimismo, CFE, como empresa productiva del Estado, podrá competir en condiciones favorables y no atada de manos, para ofrecer con tarifas que les convengan a la comisión y también al cliente porque hoy en día tiene tarifas reguladas y el cliente cautivo se queda “a regañadientes” o constituye sus propias sociedades de autoabastecimiento.
Mediante el esquema de autoabastecimiento, los grandes consumidores de energía tienen la opción de producir y consumir su propia electricidad, pero no pueden contratar el servicio con el proveedor que les ofrezca mejores condiciones, lo que sería una realidad a partir de la aprobación de las leyes secundarias energéticas.
En ese sentido, Barnés de Castro aclaró que el Estado seguirá siendo responsable de los sistemas públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica y tendrá que garantizar que haya suficiente generación de energía para el abasto del país, pero no tendrá por qué invertir en centrales eléctricas si existen inversionistas privados que pueden hacerlo en mejores condiciones.
Admitió que toda transición tiene dificultades, barreras y requiere un proceso de aprendizaje y ajuste porque “no tenemos todas las respuestas a preguntas que todavía no nos hemos hecho, pero tendremos que ir aprendiendo sobre la marcha y estoy seguro de que el nuevo esquema le dará oportunidades a México de ser más productivo y eficiente”, subrayó.
En entrevista, comentó que la aprobación de la legislación secundaria energética permitirá que el Estado mexicano elija los proyectos donde concentrará sus operaciones e inversiones, sin dejar de lado su responsabilidad de garantizar el abasto de combustibles y energía.
Dijo que se favorecerá el desarrollo de oportunidades de participación del sector privado en áreas que hasta ahora se mantienen reservadas a la nación.
El pasado 30 de abril, el gobierno federal presentó ante el Senado el paquete de iniciativas de decretos para la expedición de nueve nuevas leyes y el resto contempla modificaciones a leyes existentes como parte de la implementación y regulación de la Reforma Constitucional en materia energética, publicada el pasado 20 de diciembre de 2013.
El Ejecutivo propuso la Ley de Industria Eléctrica, que abrogaría la ley vigente del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El documento regula la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.
La iniciativa considera la participación conjunta tanto de particulares como del Estado a través de la CFE en el desarrollo de la industria eléctrica, a fin de incrementar su productividad.
Asimismo, establece a los participantes de la industria determinadas obligaciones en materia de energías limpias, acceso abierto a las líneas de transmisión, suministro, y electrificación.
Al respecto, el comisionado Barnés de Castro señaló que la CFE podrá seleccionar los proyectos en los que desea concentrar sus operaciones e inversiones y tendrá la oportunidad de convertirse en una empresa con fortaleza en el mercado mexicano y extranjero.
Podrá -dijo- tratar a sus consumidores de electricidad como clientes y no como usuarios cautivos que acepta las condiciones de la paraestatal que ofrece el servicio eléctrico, porque no tiene otra opción.
Asimismo, CFE, como empresa productiva del Estado, podrá competir en condiciones favorables y no atada de manos, para ofrecer con tarifas que les convengan a la comisión y también al cliente porque hoy en día tiene tarifas reguladas y el cliente cautivo se queda “a regañadientes” o constituye sus propias sociedades de autoabastecimiento.
Mediante el esquema de autoabastecimiento, los grandes consumidores de energía tienen la opción de producir y consumir su propia electricidad, pero no pueden contratar el servicio con el proveedor que les ofrezca mejores condiciones, lo que sería una realidad a partir de la aprobación de las leyes secundarias energéticas.
En ese sentido, Barnés de Castro aclaró que el Estado seguirá siendo responsable de los sistemas públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica y tendrá que garantizar que haya suficiente generación de energía para el abasto del país, pero no tendrá por qué invertir en centrales eléctricas si existen inversionistas privados que pueden hacerlo en mejores condiciones.
Admitió que toda transición tiene dificultades, barreras y requiere un proceso de aprendizaje y ajuste porque “no tenemos todas las respuestas a preguntas que todavía no nos hemos hecho, pero tendremos que ir aprendiendo sobre la marcha y estoy seguro de que el nuevo esquema le dará oportunidades a México de ser más productivo y eficiente”, subrayó.
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