Ciudad de México.- El sistema nacional anticorrupción no avanza en México, después de los casos Monex, Soriana y ahora con la Tarjeta Verde que uno de los aliados del partido gobernante lanzó para cooptar votos que no tienen; por lo que la PGR debe cumplir la orden del IFAI de informar cómo va el caso Monex, que ha querido encubrirse en todos lados, afirmó la diputada Julisa Mejía Guardado.
Recordó que en esta legislatura que está por terminar, se formó una comisión de trabajo plural para investigar sobre el caso de las tarjetas que el PRI repartió en el 2012, pero por lo general los legisladores oficiales y afines no acudieron para evitar el quorum y el funcionamiento de la misma.
Por ello, dijo la legisladora del PRD que la Procuraduría General de la República debe, en dos semanas, hacer entrega de la información solicitada sobre el estado que guarda la investigación que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en relación con la distribución de las tarjetas Monex y Soriana, que realizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la contienda presidencial de 2012.
Comentó que de acuerdo con la resolución elaborada por el comisionado Joel Salas y aprobada por el pleno del IFAI, la PGR argumentó su negativa en razón de tratarse de información relacionada con averiguaciones previas que deben mantenerse de forma reservada. Sin embargo, en la resolución se señala que hay una clara diferencia entre informar sobre el estado que guarda una averiguación previa y la información contenida en la referida indagatoria.
Mejía Guardado apuntó que es tiempo de dejar atrás la opacidad para poder dar certidumbre a los ciudadanos de que las instituciones del Estado, en verdad lo sirven no a las personas que sexenalmente llegan al gobierno. Porque la transparencia es ahora solo una simulación oficial.
Con esto, “espero que mi demanda contra el PVEM por el mal uso de datos personales y contra el responsable en el INE que se los entrega, también proceda y se resuelva en lo inmediato para no dar paso a otro caso más de tarjetas en este proceso electoral que está en curso, con el fin de allegarse votos de ciudadanos, a cambio de descuentos en miles de tiendas, que también deben ser investigadas”.
Son tiempos difíciles para México y es cuando los actores políticos y sociales deben cerrar filas para cambiar el rumbo económico del país y poder avanzar a mejores estadios de desarrollo, concluyó la diputada.
Recordó que en esta legislatura que está por terminar, se formó una comisión de trabajo plural para investigar sobre el caso de las tarjetas que el PRI repartió en el 2012, pero por lo general los legisladores oficiales y afines no acudieron para evitar el quorum y el funcionamiento de la misma.
Por ello, dijo la legisladora del PRD que la Procuraduría General de la República debe, en dos semanas, hacer entrega de la información solicitada sobre el estado que guarda la investigación que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en relación con la distribución de las tarjetas Monex y Soriana, que realizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la contienda presidencial de 2012.
Comentó que de acuerdo con la resolución elaborada por el comisionado Joel Salas y aprobada por el pleno del IFAI, la PGR argumentó su negativa en razón de tratarse de información relacionada con averiguaciones previas que deben mantenerse de forma reservada. Sin embargo, en la resolución se señala que hay una clara diferencia entre informar sobre el estado que guarda una averiguación previa y la información contenida en la referida indagatoria.
Mejía Guardado apuntó que es tiempo de dejar atrás la opacidad para poder dar certidumbre a los ciudadanos de que las instituciones del Estado, en verdad lo sirven no a las personas que sexenalmente llegan al gobierno. Porque la transparencia es ahora solo una simulación oficial.
Con esto, “espero que mi demanda contra el PVEM por el mal uso de datos personales y contra el responsable en el INE que se los entrega, también proceda y se resuelva en lo inmediato para no dar paso a otro caso más de tarjetas en este proceso electoral que está en curso, con el fin de allegarse votos de ciudadanos, a cambio de descuentos en miles de tiendas, que también deben ser investigadas”.
Son tiempos difíciles para México y es cuando los actores políticos y sociales deben cerrar filas para cambiar el rumbo económico del país y poder avanzar a mejores estadios de desarrollo, concluyó la diputada.
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