Estado de México.- En las oficinas del juzgado calificador y en la comandancia de policía de Coacalco se violaron las garantías individuales y laborales del personal de una empresa de opinión que levantaba una encuesta, ya que se les privó de su libertad y aplicó una multa, sin motivo y sin entregar comprobante alguno.
Heriberto López Romo, presidente la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión A.C. (AMAI), así como Rodrigo Galván de las Heras, presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), denunciaron en un comunicado los atropellos de la policía local y de los responsables de la oficina Conciliadora y Calificadora al entorpecer las actividades del personal de estás firmas, pues no trasgredieron ninguna normatividad y fueron arrestados.
Explicaron que en días anteriores fueron detenidos los encuestadores cuando realizaban trabajos de campo en investigación social aplicada, y luego les aplicaron sanciones máximas en la oficina Calificadora cuando sólo deberían haber sido amonestados, pues no infrigieron el bando municipal. “Pero sobre todo, no podemos admitir que se les exija pagar ‘multas’ en efectivo y sin el recibo correspondiente, lo cual contraviene los principios de transparencia y combate a la corrupción que están adoptando los municipios en México”, indicaron.
“Manifestamos nuestro profundo compromiso con la ley y los marcos normativos vigentes a nivel federal, estatal y municipal”, expresan ambos a la opinión pública, al tiempo que se opusieron a interpretaciones dolosas de la ley que confunden nuestra actividad legítima de pedir información voluntaria y anónima de las personas vía encuestas, con actividades comerciales o de servicios en la vía pública.
Asimismo, reiteraron que personal de campo de una empresa asociada sufrió un desafortunado incidente con las autoridades de Coacalco, pero no es el primer caso que sucede, por ello la industria organizada de investigación social aplicada en México emitió su repudio e hizo un llamado a las autoridades del Estado de México y del Congreso mexiquense a frenar estos abusos.
En este sentido, están “dispuestos a proceder legalmente para defender el derecho de ejercer esta actividad profesional que no contraviene ningún ordenamiento civil o comercial”, indicaron. Finalmente, externaron su rechazo a la violación de la legalidad de autoridades de Coacalco, policía municipal y funcionarios del Juzgado Conciliador de Coacalco que impidan labores y violan garantías consagradas en la Constitución Mexicana.
Quadratin
Heriberto López Romo, presidente la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión A.C. (AMAI), así como Rodrigo Galván de las Heras, presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), denunciaron en un comunicado los atropellos de la policía local y de los responsables de la oficina Conciliadora y Calificadora al entorpecer las actividades del personal de estás firmas, pues no trasgredieron ninguna normatividad y fueron arrestados.
Explicaron que en días anteriores fueron detenidos los encuestadores cuando realizaban trabajos de campo en investigación social aplicada, y luego les aplicaron sanciones máximas en la oficina Calificadora cuando sólo deberían haber sido amonestados, pues no infrigieron el bando municipal. “Pero sobre todo, no podemos admitir que se les exija pagar ‘multas’ en efectivo y sin el recibo correspondiente, lo cual contraviene los principios de transparencia y combate a la corrupción que están adoptando los municipios en México”, indicaron.
“Manifestamos nuestro profundo compromiso con la ley y los marcos normativos vigentes a nivel federal, estatal y municipal”, expresan ambos a la opinión pública, al tiempo que se opusieron a interpretaciones dolosas de la ley que confunden nuestra actividad legítima de pedir información voluntaria y anónima de las personas vía encuestas, con actividades comerciales o de servicios en la vía pública.
Asimismo, reiteraron que personal de campo de una empresa asociada sufrió un desafortunado incidente con las autoridades de Coacalco, pero no es el primer caso que sucede, por ello la industria organizada de investigación social aplicada en México emitió su repudio e hizo un llamado a las autoridades del Estado de México y del Congreso mexiquense a frenar estos abusos.
En este sentido, están “dispuestos a proceder legalmente para defender el derecho de ejercer esta actividad profesional que no contraviene ningún ordenamiento civil o comercial”, indicaron. Finalmente, externaron su rechazo a la violación de la legalidad de autoridades de Coacalco, policía municipal y funcionarios del Juzgado Conciliador de Coacalco que impidan labores y violan garantías consagradas en la Constitución Mexicana.
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