Ciudad de México.- En México hay más de 8 mil indígenas en cárceles de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Guerrero y del Distrito Federal, por carecer de una defensa adecuada, aseguró la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga.
Al inaugurar el seminario de capacitación “Los derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano”, la funcionaria dijo que ello se debe a que en el país sólo hay 28 defensores públicos que conocen las lenguas indígenas.
Por su parte, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, manifestó que cualquier violación a los derechos humanos es grave, “pero cuando se trata de negar el acceso a la justicia o el debido proceso a quienes se enfrentan ya a una discriminación social y cultural es doblemente grave”.
Ante representantes de las 68 comunidades indígenas del país, agregó que no sólo se encuentran en una situación de vulnerabilidad y constantes violaciones a sus derechos, sino que llegan a ser privados de su libertad por el hecho de que no tenga una defensa adecuada o simplemente no entendió el procedimiento legal por no contar con un traductor que le pueda transmitir cuáles son sus derechos.
Dijo que hay casos en los que los indígenas pueden llevar cinco años encarcelados y desconocen el motivo.
Lía Limón explicó que, ante este panorama, la finalidad de este seminario, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), es capacitar a la primera generación de abogados indígenas en el país, pues la prioridad de la actual administración es hacer una revisión de los expedientes para excarcelar a quienes se encuentran en prisión de manera injusta, principalmente mujeres indígenas.
La directora de la CDI explicó que en el país hay 68 pueblos indígenas, 11 familias lingüísticas y 364 variantes de las mismas, lo que explica el “enorme reto” que tiene el gobierno federal para atender esta problemática.
Comentó en entrevista, que entre 2013 y 2014, 2 mil 275 indígenas salieron de la cárcel, de los cuales 218 son mujeres.
Agregó que los indígenas mayormente encarcelados son los hablantes de lengua náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil.
La mayoría, recalcó, no tuvieron la asistencia de intérprete o traductor, ni asesoría jurídica o defensores públicos bilingües.
Indicó que tampoco tienen la ayuda de personal especializado y con conocimiento de la cultura como son usos y costumbres, por lo que en muchos de los casos las detenciones se realizan de manera arbitraria y los procesos transcurren con varias irregularidades.
Explicó que, a partir de este seminario se contará con el primer padrón de 160 abogados bilingües en el país.
Agregó que en 2014, el CDI brindó 3 mil 591 asesorías, 2 mil 145 gestorías y 178 peritajes culturales.
Al inaugurar el seminario de capacitación “Los derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano”, la funcionaria dijo que ello se debe a que en el país sólo hay 28 defensores públicos que conocen las lenguas indígenas.
Por su parte, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, manifestó que cualquier violación a los derechos humanos es grave, “pero cuando se trata de negar el acceso a la justicia o el debido proceso a quienes se enfrentan ya a una discriminación social y cultural es doblemente grave”.
Ante representantes de las 68 comunidades indígenas del país, agregó que no sólo se encuentran en una situación de vulnerabilidad y constantes violaciones a sus derechos, sino que llegan a ser privados de su libertad por el hecho de que no tenga una defensa adecuada o simplemente no entendió el procedimiento legal por no contar con un traductor que le pueda transmitir cuáles son sus derechos.
Dijo que hay casos en los que los indígenas pueden llevar cinco años encarcelados y desconocen el motivo.
Lía Limón explicó que, ante este panorama, la finalidad de este seminario, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), es capacitar a la primera generación de abogados indígenas en el país, pues la prioridad de la actual administración es hacer una revisión de los expedientes para excarcelar a quienes se encuentran en prisión de manera injusta, principalmente mujeres indígenas.
La directora de la CDI explicó que en el país hay 68 pueblos indígenas, 11 familias lingüísticas y 364 variantes de las mismas, lo que explica el “enorme reto” que tiene el gobierno federal para atender esta problemática.
Comentó en entrevista, que entre 2013 y 2014, 2 mil 275 indígenas salieron de la cárcel, de los cuales 218 son mujeres.
Agregó que los indígenas mayormente encarcelados son los hablantes de lengua náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil.
La mayoría, recalcó, no tuvieron la asistencia de intérprete o traductor, ni asesoría jurídica o defensores públicos bilingües.
Indicó que tampoco tienen la ayuda de personal especializado y con conocimiento de la cultura como son usos y costumbres, por lo que en muchos de los casos las detenciones se realizan de manera arbitraria y los procesos transcurren con varias irregularidades.
Explicó que, a partir de este seminario se contará con el primer padrón de 160 abogados bilingües en el país.
Agregó que en 2014, el CDI brindó 3 mil 591 asesorías, 2 mil 145 gestorías y 178 peritajes culturales.
El Universal
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