Veracruz.-Aunque se habla de hasta 35 mil millones de pesos desviados –o saqueados- por Javier Duarte de Ochoa durante los primeros cuatro o cinco años de su administración, ahora se sabe que la máxima cantidad máxima por la que enjuiciarán al ex Gobernador cuando sea extraditado al País es de 570 millones de pesos, lo que podría indicar que al ex gobernante se le busca proteger a fin de reducirse su sentencia. Y es que según la fiscalía de Guatemala, en representación del gobierno mexicano, en los juicios de extradición presentados contra Duarte de Ochoa, en el primer caso de carácter federal, se le acusa de haber desviado 350 millones de pesos a más de 40 empresas fachada, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el segundo, las autoridades presentaron como base dos órdenes de aprehensión libradas por un juzgado del fuero común de Veracruz, en las que se le imputa la comisión de cinco delitos: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y peculado que la Fiscalía General del Estado le imputa, acreditándole el desvío de 220 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas de agua potable, alcantarillado y modernización de infraestructura pluvial. Pero a pesar de que el monto desviado pudiera ser cubierto con las cuentas y bienes que le han incautado, la pena de cárcel no se cancelarán, dice la PGR. De hecho, el valor de los ranchos Las Mesas y El Faunito, así como los departamentos que le decomisaron en la Ciudad de México superan los 500 millones de pesos. Como fuera, a los daños al erario que se han contabilizado en las acusaciones de extradición deberán sumarse las multas que determinen los jueces mexicanos al término de los procesos penales, siempre y cuando lo encuentren.
En ese contexto, y en cuanto al daño patrimonial de carácter económico, las autoridades mexicanas (federales y del estado de Veracruz) sólo encontraron elementos para imputar al ex gobernador veracruzano la cantidad de 570 millones de pesos. El martes pasado, Duarte se allanó (aceptó entregarse) para enfrentar los procesos en el fuero común. Sin embargo, será hasta el próximo 4 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia en la que podría aceptar su traslado a México para enfrentar el proceso de orden federal. De esa manera, si no se formulan nuevas solicitudes de extradición, el gobierno mexicano necesitará la anuencia de las autoridades guatemaltecas para formular nuevos cargos contra el político priísta, que está internado en la prisión de máxima seguridad del Cuartel de Matamoros, en la capital guatemalteca.
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