sábado, 19 de mayo de 2018

“Los sondeos de opinión influyen poco en las decisiones de voto, y los errores en que incurren las encuestas son constantes”

Las firmas encuestadoras deberían permitir el acceso público a los datos que se generaron como parte del levantamiento de un sondeo de opinión.

Ciudad de México.- La elección presidencial mexicana de 2012 motivó profundos debates y serias reflexiones acerca de la influencia que tienen las encuestas en el electorado y, debido a sus errores, la regulación a que deberían sujetarse. El documento menciona que los sondeos de opinión impactan poco en las decisiones de voto y los errores en que incurren las encuestas son constantes.
La regulación de las encuestas debería ser limitada y tener el objetivo de minimizar el riesgo de que circule información falsa en el espacio público. En México, aunque se han adoptado las medidas que se estimaron pertinentes, podría llegarse a dicho objetivo a partir de una política de transparencia vigilada por las autoridades electorales, que obligue a las firmas encuestadoras a colocar en medios de acceso público los documentos que se generan como parte del levantamiento de un sondeo de opinión.
El autor menciona que en ninguna democracia del mundo se prohíbe la publicación de encuestas durante las campañas electorales. Por el contrario, son inherentes al mosaico electoral y despiertan interés en votantes, partidos políticos, y los medios de comunicación que las financian y divulgan.
Si bien las encuestas despiertan interés, también son criticadas respecto a las diferencias entre los datos generados por sondeos y los resultados electorales, por tanto, por el papel que juegan en las distintas fases del proceso electoral correspondiente, particularmente en relación con la influencia que ejercen en las decisiones que toman los votantes respecto a cómo y por quién votar.
Quienes se manifiestan a favor de una mayor regulación afirman que las encuestas inducen a que los votantes apoyen al candidato o partido político que las lidera. Y esto genera que los sondeos de opinión sean susceptibles de usarse como estrategia o propaganda electoral.
Existen argumentos relativos a que todo régimen democrático puede beneficiarse fomentando un proceso deliberativo entre ciudadanos, si se procura que la interpretación del voto de cada uno de ellos se acerque a sus verdaderas preferencias e intereses. Ello puede alterarse si estos instrumentos con legitimidad y credibilidad científicas colocan información falsa en la arena pública y un segmento de los votantes la toma en cuenta para formarse una opinión y decidir el sentido de su voto el mismo día de la elección. Esta es una de las razones con mayor valor argumentativo para afirmar que las encuestas deben contar con un marco regulatorio, acerca de lo que divulgan públicamente.
No obstante que en México existe normatividad respecto a encuestas y sondeos, la finalidad de una revisión a dicha regulación debería centrarse en minimizar el riesgo de la circulación de información falsa tanto en una precampaña como en la campaña electoral de que se trate (federal o local), partiendo de la obligatoria política de transparencia. A partir de ésta se podría exigir que cada firma demoscópica proporcionara a la autoridad electoral información pública que incluya todos los documentos que se generan derivado de la recolección y del procesamiento de datos que miden las preferencias electorales.

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