Edomex.- El grupo de trabajo de la Cámara de Diputados indica que se sigue una línea de investigación que no ubica a los autores intelectuales como militares en la matanza ocurrida en Tlatlaya, Estado de México; sino como civiles.
Según información presentada en el espacio informativo “Contraportada” de Radio Fórmula. A pesar de que la ejecución fue realizada por militares, ésta habría sido ordenada por un grupo de civiles, los cuales podrían estar coludidos con la delincuencia organizada o ser mandos medios del gobierno del Estado de México.
A pesar de que no se han revelado más detalles de este informe, lo relevante destaca en que una de las líneas de investigación a considerar es que los elementos del ejército no estarían implicados en la autorización de la matanza. En el documento presentado a la Junta de Coordinación Política, no se detalla la procedencia de la orden de matar, ni responsabilidad o no de mandos militares, más allá de los ochos elementos ya identificados.
Tampoco se establecen los elementos que detallen las causas, cómo se diseñó o quién autorizó que ocho elementos militares realizaran el patrullaje cuando lo común es que sea integrado por 12.
Los legisladores llegaron al consenso, del uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza. También, delimitaron que las acciones letales pueden ser calificadas como ejecuciones extrajudiciales, en el ámbito de violación de derechos humanos y homicidio calificado.
Los legisladores también consideraron que la aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno del Estado de México, significa que el Estado reconoce los actos de tortura, la alteración de la escena y la intimidación fueron cometidos por elementos de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), mismos que están siendo investigados.
Informan que no se tiene conocimiento de que los elementos que llegaron después al lugar y que aseguraron la bodega, enfrenten procesos legales. Los diputados aclararon que la inconclusión del caso se debe a la alteración de la escena del crimen y al desplazamiento sin consentimiento de los cadáveres.
En las páginas del informe se establece que las víctimas de la ejecución extrajudicial van de 8 a 15, por lo tanto las víctimas del enfrentamiento armado podrían oscilar entre 7 y 14. La duración del enfrentamiento fue corta, de aproximadamente 10 minutos. Pero en el documento se establece que no existe coincidencia entre el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y la entrada de elementos militares. Y tampoco se tiene conocimiento si fueron tres o cinco militares los que entraron. De 25 personas, 22 fueron asesinadas; consideradas víctimas de violación de derechos humanos, por lo que sus familiares pueden proceder legalmente y reclamar su derecho de reparación integral.
Radio Fórmula
Según información presentada en el espacio informativo “Contraportada” de Radio Fórmula. A pesar de que la ejecución fue realizada por militares, ésta habría sido ordenada por un grupo de civiles, los cuales podrían estar coludidos con la delincuencia organizada o ser mandos medios del gobierno del Estado de México.
A pesar de que no se han revelado más detalles de este informe, lo relevante destaca en que una de las líneas de investigación a considerar es que los elementos del ejército no estarían implicados en la autorización de la matanza. En el documento presentado a la Junta de Coordinación Política, no se detalla la procedencia de la orden de matar, ni responsabilidad o no de mandos militares, más allá de los ochos elementos ya identificados.
Tampoco se establecen los elementos que detallen las causas, cómo se diseñó o quién autorizó que ocho elementos militares realizaran el patrullaje cuando lo común es que sea integrado por 12.
Los legisladores llegaron al consenso, del uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza. También, delimitaron que las acciones letales pueden ser calificadas como ejecuciones extrajudiciales, en el ámbito de violación de derechos humanos y homicidio calificado.
Los legisladores también consideraron que la aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno del Estado de México, significa que el Estado reconoce los actos de tortura, la alteración de la escena y la intimidación fueron cometidos por elementos de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), mismos que están siendo investigados.
Informan que no se tiene conocimiento de que los elementos que llegaron después al lugar y que aseguraron la bodega, enfrenten procesos legales. Los diputados aclararon que la inconclusión del caso se debe a la alteración de la escena del crimen y al desplazamiento sin consentimiento de los cadáveres.
En las páginas del informe se establece que las víctimas de la ejecución extrajudicial van de 8 a 15, por lo tanto las víctimas del enfrentamiento armado podrían oscilar entre 7 y 14. La duración del enfrentamiento fue corta, de aproximadamente 10 minutos. Pero en el documento se establece que no existe coincidencia entre el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y la entrada de elementos militares. Y tampoco se tiene conocimiento si fueron tres o cinco militares los que entraron. De 25 personas, 22 fueron asesinadas; consideradas víctimas de violación de derechos humanos, por lo que sus familiares pueden proceder legalmente y reclamar su derecho de reparación integral.
Radio Fórmula
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