Ciudad de México.- Al validar la constitucionalidad del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que las “máquinas tragamonedas” no constituyen un juego de azar, sino que son un sorteo “de números y símbolos” por lo que su uso es legal.
Los ministros le dieron la razón el presidente de la República en la controversia constitucional en la que el Congreso del Unión impugnó la facultad exclusiva que le otorgó al citado Reglamento al secretario de Gobernación para la expedición de permisos, control y vigilancia de los juegos y sorteos.
El pleno estableció consideró que el artículo segundo de la Ley de Juegos y Sorteos está por encima del artículo primero de la misma norma. Esto, porque el artículo primer sostiene que “quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”; mientras que el artículo segundo señala que, “sólo podrán permitirse” los sorteos.
Por unanimidad, los ministros encabezados por la ministra instructora, Margarita Luna Ramos, consideró que la citada Ley establece “de alguna manera”, “una excepción” a la prohibición general tratándose de sorteos y que por tanto, el Reglamento es constitucional al señalar que los sorteos están permitidos “sin restricción alguna”.
De esta manera, los ministros validaron las actividades en salas de sorteos de números, sorteos de símbolos y números en ferias regionales, sorteos celebrados por personas físicas y morales en las modalidades de venta de boletos, sorteos sin venta de boletos, sorteos instantáneos, sorteos en sistemas de comercialización, sorteos de símbolos o números y sorteos por medios de comunicación masiva.
La Cámara de Diputados presentó la demanda ante la Corte el 23 de octubre de 2013 en contra del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que solicitó la invalidez de diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en la que cuestionaba que la norma era contraria al artículo primero de dicha norma que establece que están prohibidos los juegos y porque el ejecutivo federal se había extralimitada respecto a las facultades del titular de Gobernación en la materia.
Los ministros le dieron la razón el presidente de la República en la controversia constitucional en la que el Congreso del Unión impugnó la facultad exclusiva que le otorgó al citado Reglamento al secretario de Gobernación para la expedición de permisos, control y vigilancia de los juegos y sorteos.
El pleno estableció consideró que el artículo segundo de la Ley de Juegos y Sorteos está por encima del artículo primero de la misma norma. Esto, porque el artículo primer sostiene que “quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”; mientras que el artículo segundo señala que, “sólo podrán permitirse” los sorteos.
Por unanimidad, los ministros encabezados por la ministra instructora, Margarita Luna Ramos, consideró que la citada Ley establece “de alguna manera”, “una excepción” a la prohibición general tratándose de sorteos y que por tanto, el Reglamento es constitucional al señalar que los sorteos están permitidos “sin restricción alguna”.
De esta manera, los ministros validaron las actividades en salas de sorteos de números, sorteos de símbolos y números en ferias regionales, sorteos celebrados por personas físicas y morales en las modalidades de venta de boletos, sorteos sin venta de boletos, sorteos instantáneos, sorteos en sistemas de comercialización, sorteos de símbolos o números y sorteos por medios de comunicación masiva.
La Cámara de Diputados presentó la demanda ante la Corte el 23 de octubre de 2013 en contra del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que solicitó la invalidez de diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en la que cuestionaba que la norma era contraria al artículo primero de dicha norma que establece que están prohibidos los juegos y porque el ejecutivo federal se había extralimitada respecto a las facultades del titular de Gobernación en la materia.
La Jornada
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