Estado de México.- En algunos pueblos y comunidades indígenas aún existe discriminación y limitación a los derechos político electorales de las mujeres, como en el de votar y ser votadas, que les han impedido una mayor participación, a veces con el argumento de los usos y costumbres de las comunidades.
Los diputados del PAN propusieron reformar la constitución mexiquense para establecer el principio de igualdad entre mujeres y hombres indígenas para votar y ser votados y que sus prácticas comunitarias no limiten los derechos políticos electorales, a fin de garantizar que se desarrollen plenamente.
El diputado local Raymundo Garza advirtió que se requiere garantizar la igualdad y establecer que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales.
Refirió que el Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica y la obligación de garantizar derechos como los político electorales para elegir a sus representantes, pues aun cuando los sistemas normativos de las comunidades indígenas, basadas en sus usos y costumbres han sido fundamentales para reforzar la cohesión, promover el respeto y la conservación de su cultura, existen prácticas que limitan el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres.
De hecho, dijo, hay señalamientos de que el derecho político electoral de las mujeres indígenas es vulnerado reiteradamente, y su ejercicio es desigual tanto en trato, como en la generación de oportunidades respecto de los hombres.
Admitió la existencia de prácticas que limitan el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, relacionadas con temas culturales de cada pueblo o comunidad, "es decir, que desde una cosmovisión colectiva indígena, el ejercicio político de la mujer tiene otras funciones o se practica de manera distinta".
Esa visión excluyente, dijo, generó la reforma constitucional publicada el 22 de mayo de este año que busca erradicar las prácticas discriminatorias de pueblos y comunidades indígenas, e impulsar la igualdad interna y externa en el ejercicio de los derechos político-electorales de sus miembros; así como establecer en la carta magna que el sistema de usos y costumbres no podrá ser contrario a los derechos humanos.
A partir de ese ajuste, dijo, todas las Legislaturas locales están obligadas a realizar adecuaciones a sus Constituciones en un plazo no mayor a 180 días, para armonizar su texto con la recién aprobada reforma constitucional.
Los diputados del PAN propusieron reformar la constitución mexiquense para establecer el principio de igualdad entre mujeres y hombres indígenas para votar y ser votados y que sus prácticas comunitarias no limiten los derechos políticos electorales, a fin de garantizar que se desarrollen plenamente.
El diputado local Raymundo Garza advirtió que se requiere garantizar la igualdad y establecer que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales.
Refirió que el Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica y la obligación de garantizar derechos como los político electorales para elegir a sus representantes, pues aun cuando los sistemas normativos de las comunidades indígenas, basadas en sus usos y costumbres han sido fundamentales para reforzar la cohesión, promover el respeto y la conservación de su cultura, existen prácticas que limitan el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres.
De hecho, dijo, hay señalamientos de que el derecho político electoral de las mujeres indígenas es vulnerado reiteradamente, y su ejercicio es desigual tanto en trato, como en la generación de oportunidades respecto de los hombres.
Admitió la existencia de prácticas que limitan el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, relacionadas con temas culturales de cada pueblo o comunidad, "es decir, que desde una cosmovisión colectiva indígena, el ejercicio político de la mujer tiene otras funciones o se practica de manera distinta".
Esa visión excluyente, dijo, generó la reforma constitucional publicada el 22 de mayo de este año que busca erradicar las prácticas discriminatorias de pueblos y comunidades indígenas, e impulsar la igualdad interna y externa en el ejercicio de los derechos político-electorales de sus miembros; así como establecer en la carta magna que el sistema de usos y costumbres no podrá ser contrario a los derechos humanos.
A partir de ese ajuste, dijo, todas las Legislaturas locales están obligadas a realizar adecuaciones a sus Constituciones en un plazo no mayor a 180 días, para armonizar su texto con la recién aprobada reforma constitucional.
El Sol de Toluca
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