México, D.F.- El coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Luis de la Barreda, pidió al Congreso eliminar el arraigo del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales por considerar que es anticonstitucional.
En conferencia de prensa, el funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que “el arraigo es una medida cautelar totalmente arbitraria pues se aplica sin que todavía haya pruebas para iniciar un juicio penal al imputado”.
De la Barreda Solórzano informó que envió una carta al Congreso de la Unión solicitando la derogación de la figura jurídica del arraigo, el cual se aplica en México desde finales del siglo pasado “y se ha prestado a todo tipo de arbitrariedad al detener a una persona por tiempo excesivo sin que haya pruebas en su contra”.
El ex ombudsman del Distrito Federal insistió en que el arraigo ha sido reprobado por los instrumentos internacionales de la ONU, los organismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales del exterior y por los especialistas en justicia penal y derechos humanos de México.
Incluso sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es anticonstitucional el arraigo pero el Constituyente Permanente hizo caso omiso de ese criterio y la figura jurídica fue incorporada a la Constitución.
El coordinador del programa de derechos humanos indicó que, de igual manera, en la mayoría de los arraigos que se han implementado en México, desde el siglo pasado, no ha habido jamás elementos para hacer una imputación penal a los presuntos sospechosos.
“Por ello, no debe permitirse que esa disposición anticonstitucional permanezca en el nuevo código, ya que constituye una contradicción flagrante al enjuiciamiento penal auténticamente acusatorio, propio de un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos”, acotó De la Barreda Solórzano.
En conferencia de prensa, el funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que “el arraigo es una medida cautelar totalmente arbitraria pues se aplica sin que todavía haya pruebas para iniciar un juicio penal al imputado”.
De la Barreda Solórzano informó que envió una carta al Congreso de la Unión solicitando la derogación de la figura jurídica del arraigo, el cual se aplica en México desde finales del siglo pasado “y se ha prestado a todo tipo de arbitrariedad al detener a una persona por tiempo excesivo sin que haya pruebas en su contra”.
El ex ombudsman del Distrito Federal insistió en que el arraigo ha sido reprobado por los instrumentos internacionales de la ONU, los organismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales del exterior y por los especialistas en justicia penal y derechos humanos de México.
Incluso sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es anticonstitucional el arraigo pero el Constituyente Permanente hizo caso omiso de ese criterio y la figura jurídica fue incorporada a la Constitución.
El coordinador del programa de derechos humanos indicó que, de igual manera, en la mayoría de los arraigos que se han implementado en México, desde el siglo pasado, no ha habido jamás elementos para hacer una imputación penal a los presuntos sospechosos.
“Por ello, no debe permitirse que esa disposición anticonstitucional permanezca en el nuevo código, ya que constituye una contradicción flagrante al enjuiciamiento penal auténticamente acusatorio, propio de un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos”, acotó De la Barreda Solórzano.
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