Papel Social

Hacia metrópolis sustentables 

Por: Javier Herrera Borunda

Los grandes retos hacia el futuro de las metrópolis y zonas urbanas mexicanas se dirigen al adecuado manejo de diversas variables interrelacionadas como la concentración demográfica, la productividad, la expansión territorial, el manejo de servicios vitales como salud, educación, el manejo de agua y desechos, la movilidad sustentable, y la inversión en infraestructura física y de competitividad digital, entre otras.
Se hace evidente entonces el diseño corresponsable de políticas públicas entre ciudadanía y autoridades que permitan alcanzar eficacia y eficiencia en la toma de decisiones que desde luego deberán estar sustentadas en parámetros muy claros de transparencia y rendición de cuentas. Ello, sin duda, permitirá una planeación sustentable y una gobernanza adecuadas, en la que prive la confianza entre las partes.
Hoy, el 52% de la población mundial vive en zonas urbanas y de acuerdo al McKinsey Global Institute, en 2025 tan sólo 600 ciudades generarán más del 60% de la riqueza del planeta. De acuerdo al Índice de Competitividad Urbana 2016, desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en México 367 municipios concentran al 62% de la población nacional, 76% del PIB y 90% de la inversión fija bruta; conforman 59 zonas metropolitanas de las cuales 15 son las más relevantes por el tamaño de su población y economía.
Cuando hablamos de una zona metropolitana nos referimos a entidades integradas e interrelacionadas desde las perspectivas sociales, económicas, espaciales y ambientales, que comparten mercados laborales comunes, condiciones ambientales compartidas como cuencas atmosféricas e hídricas, entre otras. Nuestras zonas metropolitanas no se circunscriban a los límites territoriales de un solo municipio.
El problema estriba en que en base a un estudio realizado por el Banco Mundial en 2015, México no está aprovechando su potencial económico y posibilidades de sinergia entre sus ciudades. El principal factor de esta baja productividad se relaciona con las limitaciones estructurales y de coordinación metropolitana y regional, la poca planeación y la gobernanza urbana compartida en base a consensos entre las responsabilidades de cooperación y comunicación que deben presentarse entre los tres órdenes de gobierno.
Hoy día de las 59 zonas metropolitanas oficialmente reconocidas, una de cada diez no tienen plan de desarrollo urbano, solo 13% planifica en base a una estrategia metropolitana y solo 38% de los planes de desarrollo urbano tienen validez de acuerdo con la legislación estatal correspondiente. Es evidente entonces que la planeación urbana entre zonas metropolitanas es una asignatura pendiente en el sistema de gobierno mexicano.
El problema anterior se vio agudizado por la anárquica política pública de urbanismo instrumentada  entre el 2000 y 2012 por las administraciones federales panistas. En ella no se privilegió una política nacional de vivienda seria, interconectada, con infraestructura y servicios adecuados, lamentablemente se limitó a ofrecer créditos hipotecarios y a construir aproximadamente 10 millones de habitaciones al margen de su viabilidad y posibles impactos urbanos y ambientales.
El resultado está a la vista, hoy podemos observar que en las tres principales zonas metropolitanas del país, la distancia promedio entre los desarrollos de vivienda social de ese periodo y el centro metropolitano es de alrededor de 30 km (Infonavit 2015), por lo que presentan el mayor índice de abandono. El censo de Población y Vivienda 2010, registra que más de 5 millones de estas viviendas se encontraban desocupadas (15% del inventario nacional) y casi 500 mil habían sido vandalizadas.
Esa política pública, que por lo menos deberíamos de calificar de irresponsable, permitió que los desarrolladores buscaran terrenos baratos lejos de los centros urbanos para construir en ellos reales guetos que provocaron severos desequilibrios en las finanzas municipales, ya que los ayuntamientos se vieron en la necesidad de llevar servicios como luz, agua, alcantarillado y recolección de basura a grandes distancias. También tuvo impactos fatales sobre el medio ambiente por la movilidad precaria ya que no cuentan con accesos adecuados de infraestructura ni servicios de transporte público, pero lo que es aún más grave, dio origen a una crisis de productividad que repercute hoy en día en los ingresos y convivencia de las familiares.
Dedicar más cuatro horas de un día sólo para transportarse al centro laboral y regresar a la vivienda repercute decididamente en la productividad y en la calidad de vida de cualquier persona. Se ha estimado que la población que cuenta con menos recursos gasta casi el 50% de sus ingresos familiares en transporte urbano, cuando las recomendaciones mundiales estiman que no debería superar el 30%. De acuerdo a un estudio del IMCO de 2012, en la Zona Metropolitana del Valle de México se pierden 2 mil millones de dólares al año exclusivamente por deficiencias en el transporte público de los trabajadores.
Claro que fue valiente y responsable el presidente Enrique Peña Nieto cuando cambió la política nacional de vivienda del país y privilegió los desarrollos verticales con mayor proximidad a los centro urbanos, lo cual de inmediato trastocó los intereses de las grandes empresas constructoras de vivienda del país; incluso varias de ellas cayeron en concurso mercantil, cuando el mercado inversionista se percató que sus reservas territoriales a grandes distancias de las urbes no iban a poder desarrollarse por inviables.
Por esa razón, desde el grupo parlamentario del Partido Verde estamos impulsando una reforma al marco legal de nuestro país que reconozca el concepto de metrópoli y su complejidad de gobernanza y planeación, respetando el principio del federalismo, sin obviar que debemos encontrar puntos de encuentro y responsabilidad en su planeación y desarrollo por parte de los tres niveles de gobierno.
Debe existir una homologación de criterios nacionales y metodologías para establecer planes municipales de desarrollo urbano que estén en coordinación con los esfuerzos nacionales, planes ambientales integrales y de movilidad. El principal objetivo a perseguir es la coordinación entre poderes y planeación, así como buscar mecanismos que premien las políticas públicas inter-municipales innovadoras.