El MP ya cuenta con documentación personal y pública del ex mandatario, como ingresos y salidas, pasaporte, ubicación de domicilios, licencia de conducir y hasta INE.
El 16 octubre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra Enrique Peña Nieto. Ese día, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales empezó a solicitar información del ex presidente, la cual clasificó como “confidencial” porque sería parte de una carpeta de investigación iniciada por denuncias de corrupción durante su sexenio.
Casi dos años después, el Ministerio Público de la Federación ya cuenta con documentación personal y pública de quien fuera jefe del Ejecutivo de 2012 a 2018, tal es el caso de ingresos y salidas del país, CURP, pasaporte, INE, acta de nacimiento, así como ubicación de sus domicilios y hasta licencia de manejo, entre otra información que podría utilizarse para una posible imputación de algún delito y, posteriormente, incluso para un juicio.
El primer paquete de documentación fue dirigido, aquel 16 de octubre, a la Consejería Jurídica de la Presidencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados.
Se trataron de copias certificadas del contrato laboral de Peña Nieto, de su constancia de registro como candidato presidencial del PRI en las elecciones de 2012 y de sus gastos de campaña, así como de su declaración como presidente electo y el bando solemne relativo a la constancia de presidente electo.
Seis días después, el 22 octubre, la indagatoria contra el ex presidente subió de nivel: la FGR pidió a la Policía Federal Ministerial designar elementos para que realizaran inspecciones ministeriales, "en medios o plataformas a las que tenga acceso para obtener información relacionada" con su domicilio.
De acuerdo con el oficio UIL-B-CGI-217/2020, del que MILENIO tiene copia, el agente del Ministerio Público de la Federación explicó que dicha información era necesaria "para estar en posibilidad de contar con todos los elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria".
El titular de la Fiscalía de la Unidad de Investigación CGI "B", Kristian Javier Jiménez Hernández, reiteró que esta solicitud de documentación tenía carácter de confidencial, "por lo que su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación"; sin embargo, a diferencia de la primera solicitud, ahora remitió a sanciones asentadas en el Código Penal Federal, "a quien incumpla con la responsabilidad en el manejo del presente (oficio) y la información que ella se derive".
Ese mismo 22 de octubre de 2020, el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Carlos Daniel Águila Pineda, envió un oficio al titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Óscar Aaron Santiago Quintos, para abocarse a la actuación ministerial de ubicar el ó los domicilios de Peña Nieto.
También ese mismo día, la Representación Social de la Federación pidió por primera vez al Instituto Nacional de Migración (INM) conocer el estatus migratorio del ex presidente Peña Nieto.
A través del oficio UIL-B-CGI-219/2020, dirigido a Miguel Ángel Monterde Alarcón, entonces director Jurídico del INM, el agente del Ministerio Público federal solicitó "de manera urgente", en un término de 24 horas, los registros de sus entradas y salidas "del territorio mexicano, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 a la fecha".
En este informe, la FGR pidió especificar la fecha, aerolínea, vuelo, lugar de salida y destino del priista. Un día después, el 23 de octubre, el Representación Social de la Federación recurrió de nueva cuenta a la Policía Federal Ministerial, ahora para pedir la Clave única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento de Peña Nieto.
Al solicitar esta documentación del ex presidente, la FGR también pedía, en la mayoría de los casos, la misma información del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como de los ex legisladores panistas Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Javier Cordero Arroyo, y Jorge Luis Lavalle Maury, así como del priista David Penchyna Grub.
Destaca que el Ministerio Público de la Federación judicializó algunas de estas indagatorias que realizó en “paquete”: contra Videgaray Caso, a quien acusó del delito de Traición a la Patria, entre otros, solicitó orden de aprehensión, aunque finalmente se desistió ante un juez federal de esta petición de captura.
En el caso de Ricardo Anaya, quien fuera candidato presidencial del PAN, no se presentó a la audiencia en la que la FGR le imputaría lo delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por los supuestos sobornos recibidos por el caso Odebrecht.
Por este mismo asunto, el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury sí fue imputado por la Representación Social de la Federación y, a la fecha, es el único imputado e internado en el reclusorio Norte a la espera del avance de su proceso.
Por este caso de Odebrecht, la FGR acusa al ex presidente Peña Nieto de haber recibido sobornos de la constructora brasileña, “mediante diversos actos, entre los que se destacan múltiples entregas de recursos y promesas de beneficios”.
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