Ciudad de México.- En 2018, a más tardar, la Procuraduría General de la República dejará de existir para dar paso a la Fiscalía General de la República, con lo que la procuración de justicia será facultad de un órgano autónomo, esto como resultado de la reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 2014.
No se especifica una fecha en particular, solo el año 2018, y de acuerdo a la proposición priísta para reformar la Constitución, refiere que “una vez realizada la declaratoria, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del 102 constitucional para la designación del fiscal general.
Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria” y agrega: “el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación.
La demanda del bloque político-electoral PAN-PRD-MC por echar abajo el llamado ‘‘pase automático’’ de procurador general de la República a fiscal, recibió respuesta del PRI en la Cámara de Diputados cuando 257 integrantes de ese partido enviaron una iniciativa para modificar los artículos 71 y 72 de la Constitución; el Senado aplicará un procedimiento de designación abierta a distintos aspirantes, evitando que el actual titular de la PGR lleve la mano.
De esa manera, el nuevo presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), recibió la iniciativa del Revolucionario Institucional que, de ser aprobada en las próximas semanas –una vez que se dictamine con otra presentada por el PRD–, pasará al Senado, donde se iniciará el proceso del nombramiento del nuevo fiscal conforme al procedimiento previsto en el Apartado A del artículo 102 constitucional, a efecto de no afectar el funcionamiento de la propia fiscalía.
Esto implicaría que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional, continúe en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general y, adicionalmente, que el procurador de que se trate podrá ser considerado para participar en el proceso de designación.
Todos los diputados del PRI, incluidos sus principales representantes, César Camacho, el mismo Ramírez Marín, Bárbara Botello, Enrique Jackson y Martha Sofía Tamayo, signaron la propuesta que daría satisfacción a los afanes del PAN y sus aliados de PRD y Movimiento Ciudadano, promovidos por Ricardo Anaya y su grupo de correligionarios opuestos a Felipe Calderón, que pretende hacerse del control de la elección del candidato presidencial blanquiazul.
Gobernantes
No hay comentarios.:
Publicar un comentario