Ciudad de México.- El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, enfatizó que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones requiere la voluntad política de todos los partidos para expedir las leyes reglamentarias.
En un comunicado, aseveró que en esas leyes "habrán de materializarse los principios, el espíritu" de la legislación, así como precisar mecanismos de operatividad "que permitan la plena aplicación de lo contenido en la Carta Magna, para evitar que sea letra muerta".
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recalcó que con voluntad política se cumpliría con el propósito de la reforma, que es evitar la concentración en el mercado de prácticas monopólicas.
Consideró necesario que ante la complejidad de ese tema se plantee "una ruta con el Ejecutivo federal para la formulación de los textos respectivos, pues el riesgo de las presiones para anular los cambios constitucionales a través de la ley secundaria puede presentarse".
El también presidente del Instituto Belisario Domínguez dijo que la tarea legislativa en la materia "no ha concluido", e incluso consideró que "es una nueva batalla que se debe librar con la misma entereza que se hizo cuando se logró la reforma constitucional".
El senador por Puebla explicó que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, existe un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico.
Dichos ajustes incluyen establecer tipos penales para castigar severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; regular los organismos públicos que se crean; establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión.
Comentó que para lograr todos esos objetivos es necesario reformar 16 ordenamientos y expedir al menos cuatro leyes reglamentarias: Ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones; de la Comisión Federal de Competencia Económica; sobre Uso, Aprovechamiento y Explotación del Espectro Radioeléctrico; y de Prestación de Servicio de Radiodifusión y Telecomunicaciones.
En un comunicado, aseveró que en esas leyes "habrán de materializarse los principios, el espíritu" de la legislación, así como precisar mecanismos de operatividad "que permitan la plena aplicación de lo contenido en la Carta Magna, para evitar que sea letra muerta".
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recalcó que con voluntad política se cumpliría con el propósito de la reforma, que es evitar la concentración en el mercado de prácticas monopólicas.
Consideró necesario que ante la complejidad de ese tema se plantee "una ruta con el Ejecutivo federal para la formulación de los textos respectivos, pues el riesgo de las presiones para anular los cambios constitucionales a través de la ley secundaria puede presentarse".
El también presidente del Instituto Belisario Domínguez dijo que la tarea legislativa en la materia "no ha concluido", e incluso consideró que "es una nueva batalla que se debe librar con la misma entereza que se hizo cuando se logró la reforma constitucional".
El senador por Puebla explicó que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, existe un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico.
Dichos ajustes incluyen establecer tipos penales para castigar severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; regular los organismos públicos que se crean; establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión.
Comentó que para lograr todos esos objetivos es necesario reformar 16 ordenamientos y expedir al menos cuatro leyes reglamentarias: Ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones; de la Comisión Federal de Competencia Económica; sobre Uso, Aprovechamiento y Explotación del Espectro Radioeléctrico; y de Prestación de Servicio de Radiodifusión y Telecomunicaciones.
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