Ciudad de México.- El Estado de México, junto con el Distrito Federal, Jalisco y Guanajuato, son las entidades con más denuncias anónimas para reportar la operación de establecimientos que operaban como minicasinos, al registrar 14 mil 153.
Durante una conferencia de prensa Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República informó que la denuncia ciudadana, sumada a la entrega voluntaria de máquinas tragamonedas ilegales, ha permitido retirar más de 25 mil de esos dispositivos, cuya operación afecta principalmente a la niñez y a la juventud mexicana.
Dijo que esos instrumentos no son un juego pues “representan ingresos ilegales por más de 25 mil millones de pesos al año, que en muchos casos financian otras actividades delictivas”.
Invitó a la población a reportar al 088 la existencia de esas máquinas y a los comerciantes que las instalaron en su negocio a entregarlas de manera voluntaria.
Eduardo Sánchez destacó que la ludopatía es una conducta de alto riesgo que podría llevar a la dependencia de drogas, por lo que las máquinas tragamonedas ilegales regularmente instaladas cerca de las escuelas constituyen un riesgo para la niñez.
En su oportunidad Marcela González Salas, directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que a seis meses del inicio del operativo “La adicción no es un juego”, también se han clausurado establecimientos que operaban como minicasinos, principalmente en el Distrito Federal y el estado de México.
Detalló que se han recibido 14 mil 153 denuncias anónimas para reportar la operación de esos lugares, en su mayoría en los estados de México, Jalisco y Guanajuato, así como el Distrito Federal.
De esas denuncias se ha atendido al 65 por ciento, lo que ha permitido disminuir las “enormes ganancias” que alcanzaban de 500 a 600 millones de pesos semanales, sin pagar impuestos y muchas veces utilizado para otras actividades ilícitas.
La funcionaria comentó que a partir de los operativos puestos en marcha por la Segob, la PGR y los gobiernos estatales surgieron organizaciones civiles que aseguraban otorgar permisos a los comerciantes para instalar esas máquinas, los cuales son apócrifos.
Alertó a la población a no dejarse engañar sobre esos supuestos permisos, pues los artefactos son ilegales y no se puede otorgar ningún tipo para que operen.
Las máquinas tragamonedas entraron al país primero de contrabando y después por partes entre 2003 y 2004. Se estima que aún hay entre 110 mil y 115 mil máquinas en las calles de todo el país, expuso González Salas.
La funcionaria dijo que el aseguramiento de esas máquinas es tarea difícil, pues en algunos casos los comerciantes argumentan que es su única fuente de ingresos, por lo que los llamó a dedicarse a otra actividad.
Durante una conferencia de prensa Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República informó que la denuncia ciudadana, sumada a la entrega voluntaria de máquinas tragamonedas ilegales, ha permitido retirar más de 25 mil de esos dispositivos, cuya operación afecta principalmente a la niñez y a la juventud mexicana.
Dijo que esos instrumentos no son un juego pues “representan ingresos ilegales por más de 25 mil millones de pesos al año, que en muchos casos financian otras actividades delictivas”.
Invitó a la población a reportar al 088 la existencia de esas máquinas y a los comerciantes que las instalaron en su negocio a entregarlas de manera voluntaria.
Eduardo Sánchez destacó que la ludopatía es una conducta de alto riesgo que podría llevar a la dependencia de drogas, por lo que las máquinas tragamonedas ilegales regularmente instaladas cerca de las escuelas constituyen un riesgo para la niñez.
En su oportunidad Marcela González Salas, directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que a seis meses del inicio del operativo “La adicción no es un juego”, también se han clausurado establecimientos que operaban como minicasinos, principalmente en el Distrito Federal y el estado de México.
Detalló que se han recibido 14 mil 153 denuncias anónimas para reportar la operación de esos lugares, en su mayoría en los estados de México, Jalisco y Guanajuato, así como el Distrito Federal.
De esas denuncias se ha atendido al 65 por ciento, lo que ha permitido disminuir las “enormes ganancias” que alcanzaban de 500 a 600 millones de pesos semanales, sin pagar impuestos y muchas veces utilizado para otras actividades ilícitas.
La funcionaria comentó que a partir de los operativos puestos en marcha por la Segob, la PGR y los gobiernos estatales surgieron organizaciones civiles que aseguraban otorgar permisos a los comerciantes para instalar esas máquinas, los cuales son apócrifos.
Alertó a la población a no dejarse engañar sobre esos supuestos permisos, pues los artefactos son ilegales y no se puede otorgar ningún tipo para que operen.
Las máquinas tragamonedas entraron al país primero de contrabando y después por partes entre 2003 y 2004. Se estima que aún hay entre 110 mil y 115 mil máquinas en las calles de todo el país, expuso González Salas.
La funcionaria dijo que el aseguramiento de esas máquinas es tarea difícil, pues en algunos casos los comerciantes argumentan que es su única fuente de ingresos, por lo que los llamó a dedicarse a otra actividad.
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