Veracruz, Veracruz.- El pasado 28 de octubre en Veracruz se aprobó una nueva deuda hasta por 35,501 millones de pesos -aunque no se quiera reconocer como tal-, rehipotecando nuestro estado y comprometiendo su futuro económico. Veracruz se ha convertido en la única entidad federativa en la que se reestructura la deuda y esta aumenta en prácticamente 50 por ciento, en lugar de disminuir, calculándose que en caso de disponer lo aprobado en su totalidad, tendremos una carga financiera de más de 110 mil millones de pesos, considerando las actuales condiciones del mercado.
La urgencia de aprobar este nuevo endeudamiento sin la adecuada deliberación, sin tomar en consideración la precaria situación del estado y el exhorto de varios sectores para no contratar más deuda pública, obedece a que el gobierno estatal no tiene recursos debido a una ineficiente administración.
¿Dónde está el dinero recaudado por el impuesto a la nómina? Ya que son cerca de 4 mil millones.
¿Cuál fue el destino de los 23 créditos contratados desde el inicio de esta administración estatal? Que asciende a unos 1,500 millones.
Coincido totalmente con Jesús Castañeda Nevarez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Veracruz, lo más grave de esta nueva deuda es que no sabemos ¿en que se ocupará el dinero?, además de que se compromete financieramente a la entidad durante las próximas dos décadas.
La actual administración estatal ha duplicado, y está por triplicar, la deuda "heredada", pues recibió una deuda de 21,874 millones, misma que en menos de cinco años duplicó, dado que en agosto de 2015 se tenía registrada una deuda de 44,470 millones 800 mil pesos, a los que ahora se habrá que sumar, casi lo doble, derivado de la aprobación del pasado 28 de octubre, llegando ésta a niveles inmanejables.
El gobierno federal ha buscado frenar el endeudamiento descontrolado de las entidades a través de la iniciativa de Ley en Disciplina Financiera para los Estados y Municipios, la cual desafortunadamente para los veracruzanos no aplicará a la brevedad para frenar el abuso en que se ha venido incurriendo.
En Veracruz se deben apresurar los cambios en el marco jurídico para sumarnos a esta visión del presidente Peña Nieto para evitar endeudamientos sin menoscabo de las finanzas públicas y en detrimento del crecimiento y desarrollo económico, ya que es evidente la falta de transparencia y derroche irresponsable del gasto público estatal.
La situación económica de nuestro estado es precaria. Ello ha provocado la destrucción de empleos a gran escala y golpeado a los sectores más vulnerables, al emprobecer a más veracruzanos y mermar significativamente a la clase trabajadora en detrimento del propio mercado interno.
Entre el cuarto trimestre de 2012 y el segundo de 2015, se han destruido 177 mil 531 empleos, de trabajadores que tenían ingresos superiores a 3 salarios mínimos y que laboraban en la industria, a lo cual se sumará el impacto negativo que tendrá la medida irracional propuesta de aumentar el impuesto antes conocido como a la nómina, del 2 al 3 por ciento.
El malestar social generalizado, así como la irritación sistemática de ciertos sectores obedece a la falta de oportunidades para emplearse, al descenso en los empleos bien remunerados y la falta de apoyos por parte del gobierno del estado a la pequeña y mediana empresa. Debemos actuar y pronto para revertir la pésima situación financiera del estado e impulsar la creación de empleos a través de la atracción de nuevas inversiones.
El problema de destrucción de empleos y malos salarios se traduce en un incremento en los niveles de inseguridad. Si queremos frenar la violencia, el mejor camino es crear más y mejores empleos, por lo que la única solución es generar riqueza y no endeudar irresponsablemente más al estado.
Tal pareciera que El compromiso de las autoridades estatales con el futuro de los veracruzanos es nulo, no se está escuchando a los ciudadanos. Los temas importantes como la deuda pública y la endeble situación financiera y social del estado se están gestionando de una forma dictatorial y sin fundamentos sólidos, aumentando la desconfianza ciudadana.
Afortunadamente pronto, Veracruz volverá a la senda de la responsabilidad, de la decencia, de la transparencia, de la legalidad; con lo cual sin duda se revertirá la mala experiencia por la que hoy transitamos.
La urgencia de aprobar este nuevo endeudamiento sin la adecuada deliberación, sin tomar en consideración la precaria situación del estado y el exhorto de varios sectores para no contratar más deuda pública, obedece a que el gobierno estatal no tiene recursos debido a una ineficiente administración.
¿Dónde está el dinero recaudado por el impuesto a la nómina? Ya que son cerca de 4 mil millones.
¿Cuál fue el destino de los 23 créditos contratados desde el inicio de esta administración estatal? Que asciende a unos 1,500 millones.
Coincido totalmente con Jesús Castañeda Nevarez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Veracruz, lo más grave de esta nueva deuda es que no sabemos ¿en que se ocupará el dinero?, además de que se compromete financieramente a la entidad durante las próximas dos décadas.
La actual administración estatal ha duplicado, y está por triplicar, la deuda "heredada", pues recibió una deuda de 21,874 millones, misma que en menos de cinco años duplicó, dado que en agosto de 2015 se tenía registrada una deuda de 44,470 millones 800 mil pesos, a los que ahora se habrá que sumar, casi lo doble, derivado de la aprobación del pasado 28 de octubre, llegando ésta a niveles inmanejables.
El gobierno federal ha buscado frenar el endeudamiento descontrolado de las entidades a través de la iniciativa de Ley en Disciplina Financiera para los Estados y Municipios, la cual desafortunadamente para los veracruzanos no aplicará a la brevedad para frenar el abuso en que se ha venido incurriendo.
En Veracruz se deben apresurar los cambios en el marco jurídico para sumarnos a esta visión del presidente Peña Nieto para evitar endeudamientos sin menoscabo de las finanzas públicas y en detrimento del crecimiento y desarrollo económico, ya que es evidente la falta de transparencia y derroche irresponsable del gasto público estatal.
La situación económica de nuestro estado es precaria. Ello ha provocado la destrucción de empleos a gran escala y golpeado a los sectores más vulnerables, al emprobecer a más veracruzanos y mermar significativamente a la clase trabajadora en detrimento del propio mercado interno.
Entre el cuarto trimestre de 2012 y el segundo de 2015, se han destruido 177 mil 531 empleos, de trabajadores que tenían ingresos superiores a 3 salarios mínimos y que laboraban en la industria, a lo cual se sumará el impacto negativo que tendrá la medida irracional propuesta de aumentar el impuesto antes conocido como a la nómina, del 2 al 3 por ciento.
El malestar social generalizado, así como la irritación sistemática de ciertos sectores obedece a la falta de oportunidades para emplearse, al descenso en los empleos bien remunerados y la falta de apoyos por parte del gobierno del estado a la pequeña y mediana empresa. Debemos actuar y pronto para revertir la pésima situación financiera del estado e impulsar la creación de empleos a través de la atracción de nuevas inversiones.
El problema de destrucción de empleos y malos salarios se traduce en un incremento en los niveles de inseguridad. Si queremos frenar la violencia, el mejor camino es crear más y mejores empleos, por lo que la única solución es generar riqueza y no endeudar irresponsablemente más al estado.
Tal pareciera que El compromiso de las autoridades estatales con el futuro de los veracruzanos es nulo, no se está escuchando a los ciudadanos. Los temas importantes como la deuda pública y la endeble situación financiera y social del estado se están gestionando de una forma dictatorial y sin fundamentos sólidos, aumentando la desconfianza ciudadana.
Afortunadamente pronto, Veracruz volverá a la senda de la responsabilidad, de la decencia, de la transparencia, de la legalidad; con lo cual sin duda se revertirá la mala experiencia por la que hoy transitamos.
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