Ciudad de México.- Un 48 por ciento de mexicanos consultados cree que con la aprobación de la Ley General de Agua se privatizará el vital líquido, además, un 62 por ciento desaprueba que se establezca un límite de consumo de 50 litros al día por persona, pagando más por ello, sin embargo, el porcentaje más alto (73 por ciento) se registra en la negativa de que el agua deba ser abastecida por empresas privadas.
Se trata de resultados que arrojó la Encuesta Telefónica Nacional de Opinión Pública: Ley General de Aguas, que aplicó el equipo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, para conocer la percepción ciudadana en dos materias: problemática del agua y Ley General de Agua.
En ese contexto, se encontró que un 49 por ciento tiene o ha tenido problemas con el suministro del agua, 81 por ciento considera que la distribución del preciado líquido es un problema público y un 98 por ciento considera que el acceso al agua debe entenderse como un derecho humano.
El costo del agua es considerado caro por la población (40 por ciento), pero califican como bueno el trabajo realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en lo que a regulación, administración y control se refiere (61 por ciento).
Respecto a la Ley General de Agua, que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, más de dos terceras partes de la población (71 por ciento) no conoce o no ha oído hablar del tema, aunque después de una breve explicación de lo que contiene la iniciativa, 43 por ciento la aprueba, considerándola necesaria en un 60 por ciento.
Sin embargo, casi la mitad de los ciudadanos consultados, cree que con la aprobación de esta ley, el agua sí se privatizará (48 por ciento), además de que un 57 por ciento se manifestó en contra de que no se permitan “sistemas alternativos” de manejo de aguas pluviales o residuales, y entre las más desaprobadas se encuentran: que el agua deba ser abastecida por empresas privadas (73 por ciento), y se otorguen concesiones a empresas privadas, las cuales estarán sujetas a dinámicas de compra-venta (71 por ciento).
Los indicadores de la percepción ciudadana también indican que un 82 por ciento considera que con la aprobación de esta nueva Ley, las poblaciones indígenas serían las más afectadas, porcentaje similar opina lo mismo con relación a la economía, mientras que sólo un 36 por ciento opina que la industria sería la menos afectada.
Se trata de resultados que arrojó la Encuesta Telefónica Nacional de Opinión Pública: Ley General de Aguas, que aplicó el equipo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, para conocer la percepción ciudadana en dos materias: problemática del agua y Ley General de Agua.
En ese contexto, se encontró que un 49 por ciento tiene o ha tenido problemas con el suministro del agua, 81 por ciento considera que la distribución del preciado líquido es un problema público y un 98 por ciento considera que el acceso al agua debe entenderse como un derecho humano.
El costo del agua es considerado caro por la población (40 por ciento), pero califican como bueno el trabajo realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en lo que a regulación, administración y control se refiere (61 por ciento).
Respecto a la Ley General de Agua, que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, más de dos terceras partes de la población (71 por ciento) no conoce o no ha oído hablar del tema, aunque después de una breve explicación de lo que contiene la iniciativa, 43 por ciento la aprueba, considerándola necesaria en un 60 por ciento.
Sin embargo, casi la mitad de los ciudadanos consultados, cree que con la aprobación de esta ley, el agua sí se privatizará (48 por ciento), además de que un 57 por ciento se manifestó en contra de que no se permitan “sistemas alternativos” de manejo de aguas pluviales o residuales, y entre las más desaprobadas se encuentran: que el agua deba ser abastecida por empresas privadas (73 por ciento), y se otorguen concesiones a empresas privadas, las cuales estarán sujetas a dinámicas de compra-venta (71 por ciento).
Los indicadores de la percepción ciudadana también indican que un 82 por ciento considera que con la aprobación de esta nueva Ley, las poblaciones indígenas serían las más afectadas, porcentaje similar opina lo mismo con relación a la economía, mientras que sólo un 36 por ciento opina que la industria sería la menos afectada.
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