Ciudad de México.- El proyecto de reforma a las telecomunicaciones elaborado por el Consejo Rector del Pacto por México reestructurará el nivel de competencia del sector y propone un nuevo esquema de participación que impactará directamente a los concesionarios de televisión abierta y restringida, así como a la telefonía fija y móvil.
El documento, que podría tener modificaciones de última hora, mantiene la propuesta de licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta a nivel nacional; obliga a las televisoras a regresar al Estado los canales que resulten de la transición digital; replantea nuevas fórmulas tarifarias en telefonía fija y móvil; crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y da más “dientes” a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
“Se considerará como agente preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, a cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación nacional de 50%, medido este porcentaje por el número de usuarios, por el tráfico de sus redes o la capacidad utilizada de las mismas”, detalla el documento.
Una vez identificadas las empresas que rebasan dicho porcentaje, el nuevo órgano regulador establecerá las medidas que permitirán la “desagregación efectiva de todas las redes locales de telefonía, televisión restringida e internet fijo”, de manera que los nuevos participantes puedan acceder a los medios físicos y técnicos de conexión entre cualquier punto terminal de las redes públicas de telecomunicaciones y la centrales locales.
La reforma al sector de las telecomunicaciones propone modificar ocho artículos de la Constitución y por lo menos modificaría una docena de leyes secundarias. Según el texto, que tendrá que ser estudiado y en su caso avalado en el Congreso, las nuevas medidas podrán “incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de aplicación efectiva”.
Al resolver la existencia de “agentes económicos preponderantes” podrá imponer medidas para que no se afecte la libre competencia y a los usuarios finales de telefonía fija y móvil.
Sobre los conceptos must carry y must offer respecto a la relación comercial entre televisoras abiertas y restringidas se propone “la gratuidad” de las retransmisiones, pero ésta dejará de tener efecto si la empresa cablera tiene la capacidad financiera para pagar a la de televisión abierta un porcentaje por dicha retransmisión.
“Los concesionarios de televisión restringida o de televisión abierta que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, así como aquellos con participación nacional en la prestación de un servicio, directa o indirectamente, mayor al 50% (...) no se beneficiarán de las reglas de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de retransmisión”, especifica el texto en poder de EL UNIVERSAL.
Pone candados a “subsidios cruzados” y a la “multiprogramación”, para que concesionarios no beneficien a otras filiales o subsidiarias del mismo grupo de interés económico.
Nueva autoridad
El IFT, el cual transformaría a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sería un ente autónomo y con el permiso constitucional para licitar, negociar y quitar concesiones. Estará compuesto por siete comisionados incluyendo a su presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo, pero con la ratificación del Senado.
Los elegibles deberán ser mexicanos, mayores de 35 años, sin antecedentes penales, expertos en la materia (cinco años), no haber sido secretarios de Estado, senador o diputado, durante los últimos cinco años a su nombramiento. Además, no haber ocupado empleo o cargo en las empresas de los concesionarios que sean sujetas a la regulación.
Banda ancha
El documento señala que el Estado garantizará a la población su integración a la banda ancha mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
La infraestructura con la que operará será del equipo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien cederá su concesión a Telecomunicaciones de México para instalar, operar y explotar una red pública.
El gobierno instalará una red compartida de servicios de telecomunicación al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población.
Televisoras
Para cumplir el Programa de Licitación y Adjudicación de frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital se publicará en un plazo no mayor a 90 días naturales las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de televisión, a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas con cobertura nacional. No podrán participar en las licitaciones los concesionarios o grupos con vínculos de tipo comercial, organizativo, económico, jurídico y autonomía que actualmente acumulen 12 MHz o más.
El documento, que podría tener modificaciones de última hora, mantiene la propuesta de licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta a nivel nacional; obliga a las televisoras a regresar al Estado los canales que resulten de la transición digital; replantea nuevas fórmulas tarifarias en telefonía fija y móvil; crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y da más “dientes” a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
“Se considerará como agente preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, a cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación nacional de 50%, medido este porcentaje por el número de usuarios, por el tráfico de sus redes o la capacidad utilizada de las mismas”, detalla el documento.
Una vez identificadas las empresas que rebasan dicho porcentaje, el nuevo órgano regulador establecerá las medidas que permitirán la “desagregación efectiva de todas las redes locales de telefonía, televisión restringida e internet fijo”, de manera que los nuevos participantes puedan acceder a los medios físicos y técnicos de conexión entre cualquier punto terminal de las redes públicas de telecomunicaciones y la centrales locales.
La reforma al sector de las telecomunicaciones propone modificar ocho artículos de la Constitución y por lo menos modificaría una docena de leyes secundarias. Según el texto, que tendrá que ser estudiado y en su caso avalado en el Congreso, las nuevas medidas podrán “incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de aplicación efectiva”.
Al resolver la existencia de “agentes económicos preponderantes” podrá imponer medidas para que no se afecte la libre competencia y a los usuarios finales de telefonía fija y móvil.
Sobre los conceptos must carry y must offer respecto a la relación comercial entre televisoras abiertas y restringidas se propone “la gratuidad” de las retransmisiones, pero ésta dejará de tener efecto si la empresa cablera tiene la capacidad financiera para pagar a la de televisión abierta un porcentaje por dicha retransmisión.
“Los concesionarios de televisión restringida o de televisión abierta que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, así como aquellos con participación nacional en la prestación de un servicio, directa o indirectamente, mayor al 50% (...) no se beneficiarán de las reglas de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de retransmisión”, especifica el texto en poder de EL UNIVERSAL.
Pone candados a “subsidios cruzados” y a la “multiprogramación”, para que concesionarios no beneficien a otras filiales o subsidiarias del mismo grupo de interés económico.
Nueva autoridad
El IFT, el cual transformaría a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sería un ente autónomo y con el permiso constitucional para licitar, negociar y quitar concesiones. Estará compuesto por siete comisionados incluyendo a su presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo, pero con la ratificación del Senado.
Los elegibles deberán ser mexicanos, mayores de 35 años, sin antecedentes penales, expertos en la materia (cinco años), no haber sido secretarios de Estado, senador o diputado, durante los últimos cinco años a su nombramiento. Además, no haber ocupado empleo o cargo en las empresas de los concesionarios que sean sujetas a la regulación.
Banda ancha
El documento señala que el Estado garantizará a la población su integración a la banda ancha mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
La infraestructura con la que operará será del equipo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien cederá su concesión a Telecomunicaciones de México para instalar, operar y explotar una red pública.
El gobierno instalará una red compartida de servicios de telecomunicación al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población.
Televisoras
Para cumplir el Programa de Licitación y Adjudicación de frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital se publicará en un plazo no mayor a 90 días naturales las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de televisión, a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas con cobertura nacional. No podrán participar en las licitaciones los concesionarios o grupos con vínculos de tipo comercial, organizativo, económico, jurídico y autonomía que actualmente acumulen 12 MHz o más.
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