lunes, 28 de octubre de 2013

Sigue imperando la corrupción en Veracruz


Veracruz, Ver.- Una preocupante denuncia formaliza el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, en Reynosa, Tamaulipas, Ramón García, quien asegura que los transportistas de aquel lugar enfrentan serios problemas, sobre todo quienes tienen que llevar material con destino o cruce por el Estado de Veracruz, ya que están siendo víctimas de una cacería por parte de autoridades del Centro SCT Veracruz a cargo de William David Knight Bonifacio, quien es hijo del también encargado de la SCT en Reynosa William Knight Corripio. El dirigente de la CANACAR externa que dada la relación de parentesco entre ambos funcionarios “existe una complicidad para acosar a los transportistas y multarlos, tanto que ya se ha puesto una denuncia ante el propio Presidente Enrique Peña Nieto”. Dice Ramón García que desde hace varios días se montó un operativo que lo está operando el señor William Knight Corripio, quien busca de esa manera mostrar el poderío político que tiene para afectar la industria del transporte, pues a la fecha tiene detenidas a tres empresas transportistas de Reynosa en Veracruz, transportes que llevan equipo de PEMEX. Reconoció que los transportes son detenidos, efectivamente, porque se arriesgan a transportar equipo y materiales sin un permiso que les debería de otorgar la delegación de la SCT en Reynosa, pero que les niegan por pertenecer a la CANACAR. “Y es que aquí (en Reynosa) la secretaría de Comunicaciones y transportes no da el permiso para carga especializada (en este caso de Pemex); no lo dan a los transportistas socios de la cámara, y eso genera que el transportista se va sin ese permiso y se hace merecedor a la sanción debido al operativo que pone la secretaría allá en Veracruz”. El delegado de la organización asegura que ese pleito con la CANACAR es de hace ya varios anos, sin embargo, refirió, nunca se había llegado a esos extremos de afectar tanto al transporte, ya que las multas para que le regresen los camiones son de 90 mil pesos, independientemente de las afectaciones en tiempos de entrega, además de casos más graves cuando se detiene a transporte que lleva material químico peligroso. El asunto es grave, sin duda, por ambas partes.
Gobernantes.com

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