México, D.F.- Después de siete años de ser víctimas de “extorsión” por parte de Leonardo Montalvo Cabrera, delegado especial de Marina de Altura de la sección 10 del sindicato petrolero, trabajadores de Pemex-Refinación presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual acusan a su representante sindical de incurrir en actos de corrupción, pues exige a unos 350 empleados temporales y de planta, de mil a cinco mil pesos mensuales por persona para renovar el contrato de trabajo, y “regalías” como relojes, perfumes, vinos y otros.
En entrevista con La Jornada, tras acudir a las instalaciones de la PGR, Luis Ernesto Peñaloza Villaseñor, Emilio López Izaguirre y Rafael García Valdéz, señalaron que ya han presentado sendas denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República para advertir que son “objeto de amenazas y opresión por parte de Montalvo”, quien, además, ocupa dos carteras en el sindicato: una de la cláusula 65 del contrato colectivo de trabajo 2013-2015, y otra como delegado especial de la terminal marítima de Guaymas, Sonora.
Los trabajadores referidos ya fueron despedidos porque se “atrevieron” a ventilar los actos de “corrupción” en que incurre Montalvo, quien les advirtió: “Aquí hay que caerle a huevo (con el dinero); si no, no hay trabajo”.
La denuncia también fue suscrita por Rosalinda Soto Pérez, viuda de Francisco David Shayin Villalobos, recientemente fallecido.
Según los afectados, un motorista transitorio con un sueldo de 120 mil pesos mensuales debe pagar una “cuota” que va de 8 mil a 20 mil pesos mensuales; un buzo y un contramaestre, con un salario de 40 mil y 32 mil pesos, respectivamente, tienen que pagar cinco mil pesos por mes. Por lo que toca a las cuadrillas, que ocupan los escalafones más bajos, deben pagar a Montalvo, mil 500 pesos al mes.
Desde 2007, los trabajadores denunciaron la “corrupción que impera” en la sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ante diferentes instancias sindicales, entre ellas a Jorge Alberto Wade Zúñiga, presidente del consejo local de vigilancia de la Sección 10, y a Jorge Wade González, del consejo de Honor y Justicia, cuya respuesta fue que “no procedía”.
Tras agotar los procedimientos, el 11 de agosto pasado, en una misiva dirigida al líder nacional del STPRM, Carlos Romero Deschamps, dan cuenta de los hechos, pero a través Raúl Aldana Prieto, del consejo nacional de vigilancia del STPRM, les informaron que no había delito que perseguir.
Ante la PGR, los afectados entregaron varios documentos y un video de ocho minutos (cuyas copias tiene este diario) en donde se constata la extorsión de que es objeto López Izaguirre por parte de Montalvo; copias de los depósitos bancarios a la cuenta de éste dirigente, con el número 10064014493, así como cartas-renuncia que los transitorios son obligados a firmar al momento de su contratación, y en las cuales se especifica: “no tengo ni me reservo nada en contra de la empresa, ni en contra de la H. sección no. 10 del STPRM, como consecuencia de esta renuncia”, por citar algunos.
La Jornada
En entrevista con La Jornada, tras acudir a las instalaciones de la PGR, Luis Ernesto Peñaloza Villaseñor, Emilio López Izaguirre y Rafael García Valdéz, señalaron que ya han presentado sendas denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República para advertir que son “objeto de amenazas y opresión por parte de Montalvo”, quien, además, ocupa dos carteras en el sindicato: una de la cláusula 65 del contrato colectivo de trabajo 2013-2015, y otra como delegado especial de la terminal marítima de Guaymas, Sonora.
Los trabajadores referidos ya fueron despedidos porque se “atrevieron” a ventilar los actos de “corrupción” en que incurre Montalvo, quien les advirtió: “Aquí hay que caerle a huevo (con el dinero); si no, no hay trabajo”.
La denuncia también fue suscrita por Rosalinda Soto Pérez, viuda de Francisco David Shayin Villalobos, recientemente fallecido.
Según los afectados, un motorista transitorio con un sueldo de 120 mil pesos mensuales debe pagar una “cuota” que va de 8 mil a 20 mil pesos mensuales; un buzo y un contramaestre, con un salario de 40 mil y 32 mil pesos, respectivamente, tienen que pagar cinco mil pesos por mes. Por lo que toca a las cuadrillas, que ocupan los escalafones más bajos, deben pagar a Montalvo, mil 500 pesos al mes.
Desde 2007, los trabajadores denunciaron la “corrupción que impera” en la sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ante diferentes instancias sindicales, entre ellas a Jorge Alberto Wade Zúñiga, presidente del consejo local de vigilancia de la Sección 10, y a Jorge Wade González, del consejo de Honor y Justicia, cuya respuesta fue que “no procedía”.
Tras agotar los procedimientos, el 11 de agosto pasado, en una misiva dirigida al líder nacional del STPRM, Carlos Romero Deschamps, dan cuenta de los hechos, pero a través Raúl Aldana Prieto, del consejo nacional de vigilancia del STPRM, les informaron que no había delito que perseguir.
Ante la PGR, los afectados entregaron varios documentos y un video de ocho minutos (cuyas copias tiene este diario) en donde se constata la extorsión de que es objeto López Izaguirre por parte de Montalvo; copias de los depósitos bancarios a la cuenta de éste dirigente, con el número 10064014493, así como cartas-renuncia que los transitorios son obligados a firmar al momento de su contratación, y en las cuales se especifica: “no tengo ni me reservo nada en contra de la empresa, ni en contra de la H. sección no. 10 del STPRM, como consecuencia de esta renuncia”, por citar algunos.
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