Ciudad de México.- Televisión Azteca está dispuesta a llegar hasta los tribunales en caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) no resuelva en tiempo, o no sea favorable la resolución, la denuncia interpuesta contra Dish por la supuesta retransmisión ilegal de la señal de los canales 13 y 7.
En entrevista, Eduardo Ruiz Vega, director de Asuntos Regulatorios de Telecomunicaciones de Grupo Salinas, aseguró que “en caso de que esa resolución aplique la Constitución, entonces seguramente no acudiremos a los tribunales, pero en cualquier supuesto donde no nos sea favorable la resolución, sentimos tan claro y tan diáfano nuestro argumento que tendremos que seguir intentando y en caso de tener que ir a una instancia judicial lo haremos”.
Aseguró que se trata de sus derechos y de los derechos de autor, que también son derechos humanos.
Agregó que desafortunadamente no ayuda la ausencia de una legislación que pudiera establecer procedimientos regulados y tiempos de respuesta, porque desde su perspectiva la resolución ya debió haber salido.
“Ya es tiempo y esperaremos prudentemente un poco más, pero también exigiremos con un gran respeto que ya se le dé trámite a esta petición de sanción para Dish.
Afirmó que el único diferendo que tienen es con Dish, pues con el resto de los operadores están en paz y sin problemas.
El directivo explicó que el must carry y must offer está definidos en la Constitución, la cual en ningún lugar dice que es necesario que se emitan lineamientos, pero sí es muy clara en cuanto a la obligación de ofrecer y permitir la retransmisión de las señales y cuáles son las condiciones que se tiene que cumplir para hacerlo, de las que ninguna cumple Dish.
En este contexto, la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), consideró que para diseñar un marco regulatorio eficaz en preponderancia y competencia económica en el mercado de las telecomunicaciones, es conveniente que el Ifetel tome de referencia los principios y procedimientos que han sido eficaces a escala internacional.
Sin embargo, en los últimos años se ha extendido el análisis de lo que se conoce como el poder sustancial de un operador, que considera otros elementos, como el tamaño del operador, facilidad de réplica de su infraestructura, acceso a mercados de capital, ventajas tecnológicas, la posibilidad de integración vertical y la ausencia de potencial competencia, entre otros.
Así también, se debe hacer revisión a características específicas del mercado, como la demarcación geográfica y la posibilidad de sustitución de los servicios ofrecidos, tanto del lado de la demanda como de la oferta.
Resultado del análisis de dominancia dentro del mercado en cuestión, el organismo regulador debe determinar las medidas concretas para rebalancear la competencia, que generalmente se traducen en obligaciones específicas o algún mecanismo de regulación asimétrica.
En tanto, estas políticas de balance no suelen imponerse por un periodo prolongado, y una vez que se consigue establecer condiciones de competencia efectiva, deben eliminarse de la regulación.
Al respecto, subraya, la experiencia internacional recoge diversos remedios para limitar el poder del operador dominante, entre las que se encuentran, la desincorporación de activos del operador o desintegración vertical, restricciones a la operación, regulación de tarifas mayoristas, y la separación contable, entre otras.
En entrevista, Eduardo Ruiz Vega, director de Asuntos Regulatorios de Telecomunicaciones de Grupo Salinas, aseguró que “en caso de que esa resolución aplique la Constitución, entonces seguramente no acudiremos a los tribunales, pero en cualquier supuesto donde no nos sea favorable la resolución, sentimos tan claro y tan diáfano nuestro argumento que tendremos que seguir intentando y en caso de tener que ir a una instancia judicial lo haremos”.
Aseguró que se trata de sus derechos y de los derechos de autor, que también son derechos humanos.
Agregó que desafortunadamente no ayuda la ausencia de una legislación que pudiera establecer procedimientos regulados y tiempos de respuesta, porque desde su perspectiva la resolución ya debió haber salido.
“Ya es tiempo y esperaremos prudentemente un poco más, pero también exigiremos con un gran respeto que ya se le dé trámite a esta petición de sanción para Dish.
Afirmó que el único diferendo que tienen es con Dish, pues con el resto de los operadores están en paz y sin problemas.
El directivo explicó que el must carry y must offer está definidos en la Constitución, la cual en ningún lugar dice que es necesario que se emitan lineamientos, pero sí es muy clara en cuanto a la obligación de ofrecer y permitir la retransmisión de las señales y cuáles son las condiciones que se tiene que cumplir para hacerlo, de las que ninguna cumple Dish.
En este contexto, la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), consideró que para diseñar un marco regulatorio eficaz en preponderancia y competencia económica en el mercado de las telecomunicaciones, es conveniente que el Ifetel tome de referencia los principios y procedimientos que han sido eficaces a escala internacional.
Sin embargo, en los últimos años se ha extendido el análisis de lo que se conoce como el poder sustancial de un operador, que considera otros elementos, como el tamaño del operador, facilidad de réplica de su infraestructura, acceso a mercados de capital, ventajas tecnológicas, la posibilidad de integración vertical y la ausencia de potencial competencia, entre otros.
Así también, se debe hacer revisión a características específicas del mercado, como la demarcación geográfica y la posibilidad de sustitución de los servicios ofrecidos, tanto del lado de la demanda como de la oferta.
Resultado del análisis de dominancia dentro del mercado en cuestión, el organismo regulador debe determinar las medidas concretas para rebalancear la competencia, que generalmente se traducen en obligaciones específicas o algún mecanismo de regulación asimétrica.
En tanto, estas políticas de balance no suelen imponerse por un periodo prolongado, y una vez que se consigue establecer condiciones de competencia efectiva, deben eliminarse de la regulación.
Al respecto, subraya, la experiencia internacional recoge diversos remedios para limitar el poder del operador dominante, entre las que se encuentran, la desincorporación de activos del operador o desintegración vertical, restricciones a la operación, regulación de tarifas mayoristas, y la separación contable, entre otras.
Milenio
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