Salvador González Briceño
INGOBERNABILIDAD ¿ESTADO “INFILTRADO”?
INGOBERNABILIDAD ¿ESTADO “INFILTRADO”?
*Guerrero, botón de muestra en México
México pasa por una situación paradigmática desde los acontecimientos de Iguala, Guerrero en septiembre pasado; los 43 estudiantes secuestrados por policías municipales y luego presuntamente asesinados por el grupo de sicarios perteneciente a los guerreros unidos, el cartel que controla el área en materia de crimen organizado.
Un caso no aclarado, porque la principal demanda de la sociedad y de los padres, es que aparezcan con vida. Por lo mismo, un reto para el Estado comenzando por el Presidente Enrique Peña Nieto; igual que la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la SEIDO, y el propio gobierno del estado. El informe del procurador Jesús Murillo Karam, más que arrojar luz sobre el destino de los desaparecidos, abrió una cortina de dudas y vacíos no cubiertos por la investigación.
Eso abrió la entrada a las protestas desde pacíficas hasta violentas; desde los propios padres y los estudiantes de Ayotzinapa hasta las expresiones en todo el país y varias partes del mundo. Todo para presionar al gobierno de Peña Nieto para el esclarecimiento de los acontecimientos y la devolución de los jóvenes con vida. Manifestaciones multitudinarias y protestas desbordadas, como son las quemas de edificios y la propia puerta de Palacio Nacional en el Zócalo, el corazón del país.
Colusión de autoridades e impunidad de los delincuentes, por las relaciones del presidente municipal de Iguala y la esposa, con los sicarios de guerreros unidos y los nexos con los jefes y los propios policías municipales. Promotores ambos de crímenes contra la sociedad guerrerense, lo mismo que los sicarios llamados caballeros templarios sembraron el terror a escala municipal en ese estado contra los michoacanos. Situación similar en otras partes del país, como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Edomex, Oaxaca, etcétera.
Situación criminal creciente. Se afirma que cerca del 70% de los municipios del país están siendo sometidos por el crimen organizado. Y que ser presidente municipal es ocupar un puesto de los más peligrosos. Es claro que nada crece en materia de colusión e impunidad si no hay participación —por las buenas o a las malas—, desde el poder; tanto el establecido como el impuesto por la fuerza.
El dinero mal habido por delante; un negocio que rinde jugosos frutos. Los de la economía criminal, que incluye desde la venta de drogas cultivadas y sintéticas, el tráfico de armas hasta los rendimientos de otros delitos como el secuestro, las cuotas por “protección”, derecho de piso, el tráfico de personas, la prostitución o el tráfico de órganos, entre otros.
El trastrocamiento del Estado de derecho, si no es que la violación continua de las leyes en un estado en donde los hilos de la gobernabilidad no se notan, y lo peor que deriva: la inaplicabilidad de la ley contra todo tipo de los delitos mencionados. Impacta tanto a nivel municipal como de un estado. Pero si no se atienden los problemas primero en uno y luego en los demás niveles de gobierno, se comprende el señalamiento de incompetencia y demandas como: “que se vayan todos”.
Generalización y continuidad en el tiempo de esta situación, crea una realidad insostenible. Es cuando la sociedad percibe que no hay autoridad capaz, que no hay presidencias municipales confiables, que no hay policías que otorguen seguridad, que el crimen organizado avanza y se pierden la tranquilidad y la seguridad. Se generan así, alimentados por la corrupción, la impunidad y la colusión o participación directa de la autoridad de todos los niveles, la ingobernabilidad y la sensación del Estado ausente.
Mejor dicho, se alimenta la concepción del Estado infiltrado, criminal. De un Estado coludido que no atiende sus problemas de fondo; que no sostiene un proyecto de país; que no gobierna para crear condiciones de mejora en la vida de las personas; que no gobierna para resolver sino para complicar las cosas en el terreno de la economía, de la política y de la vida social en general.
México pasa por una situación paradigmática desde los acontecimientos de Iguala, Guerrero en septiembre pasado; los 43 estudiantes secuestrados por policías municipales y luego presuntamente asesinados por el grupo de sicarios perteneciente a los guerreros unidos, el cartel que controla el área en materia de crimen organizado.
Un caso no aclarado, porque la principal demanda de la sociedad y de los padres, es que aparezcan con vida. Por lo mismo, un reto para el Estado comenzando por el Presidente Enrique Peña Nieto; igual que la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la SEIDO, y el propio gobierno del estado. El informe del procurador Jesús Murillo Karam, más que arrojar luz sobre el destino de los desaparecidos, abrió una cortina de dudas y vacíos no cubiertos por la investigación.
Eso abrió la entrada a las protestas desde pacíficas hasta violentas; desde los propios padres y los estudiantes de Ayotzinapa hasta las expresiones en todo el país y varias partes del mundo. Todo para presionar al gobierno de Peña Nieto para el esclarecimiento de los acontecimientos y la devolución de los jóvenes con vida. Manifestaciones multitudinarias y protestas desbordadas, como son las quemas de edificios y la propia puerta de Palacio Nacional en el Zócalo, el corazón del país.
Colusión de autoridades e impunidad de los delincuentes, por las relaciones del presidente municipal de Iguala y la esposa, con los sicarios de guerreros unidos y los nexos con los jefes y los propios policías municipales. Promotores ambos de crímenes contra la sociedad guerrerense, lo mismo que los sicarios llamados caballeros templarios sembraron el terror a escala municipal en ese estado contra los michoacanos. Situación similar en otras partes del país, como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Edomex, Oaxaca, etcétera.
Situación criminal creciente. Se afirma que cerca del 70% de los municipios del país están siendo sometidos por el crimen organizado. Y que ser presidente municipal es ocupar un puesto de los más peligrosos. Es claro que nada crece en materia de colusión e impunidad si no hay participación —por las buenas o a las malas—, desde el poder; tanto el establecido como el impuesto por la fuerza.
El dinero mal habido por delante; un negocio que rinde jugosos frutos. Los de la economía criminal, que incluye desde la venta de drogas cultivadas y sintéticas, el tráfico de armas hasta los rendimientos de otros delitos como el secuestro, las cuotas por “protección”, derecho de piso, el tráfico de personas, la prostitución o el tráfico de órganos, entre otros.
El trastrocamiento del Estado de derecho, si no es que la violación continua de las leyes en un estado en donde los hilos de la gobernabilidad no se notan, y lo peor que deriva: la inaplicabilidad de la ley contra todo tipo de los delitos mencionados. Impacta tanto a nivel municipal como de un estado. Pero si no se atienden los problemas primero en uno y luego en los demás niveles de gobierno, se comprende el señalamiento de incompetencia y demandas como: “que se vayan todos”.
Generalización y continuidad en el tiempo de esta situación, crea una realidad insostenible. Es cuando la sociedad percibe que no hay autoridad capaz, que no hay presidencias municipales confiables, que no hay policías que otorguen seguridad, que el crimen organizado avanza y se pierden la tranquilidad y la seguridad. Se generan así, alimentados por la corrupción, la impunidad y la colusión o participación directa de la autoridad de todos los niveles, la ingobernabilidad y la sensación del Estado ausente.
Mejor dicho, se alimenta la concepción del Estado infiltrado, criminal. De un Estado coludido que no atiende sus problemas de fondo; que no sostiene un proyecto de país; que no gobierna para crear condiciones de mejora en la vida de las personas; que no gobierna para resolver sino para complicar las cosas en el terreno de la economía, de la política y de la vida social en general.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario