Ciudad de México.- Las fracciones del PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anticiparon su rechazo a la Estrategia Nacional de Energía del gobierno federal, por considerarla proclive a la privatización y advertir que su contenido es genérico, ambiguo, impreciso, parcial y omiso.
El proyecto será discutido y votado en la sesión ordinaria de mañana en el Palacio de San Lázaro, después de que la Comisión de Energía avalara por mayoría el dictamen correspondiente.
La legisladora perredista Claudia Bojórquez sostuvo, sin embargo, que la estrategia propuesta por el Ejecutivo es proclive a la privatización del sector en 80 por ciento de su contenido.
“El proyecto se fija en casi la totalidad de sus líneas de acción el fortalecimiento e incremento de la participación privada, incluso en violación a la Constitución y sus leyes reglamentarias, como la del 27 constitucional”, alertó.
La secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados indicó, además, que el documento presenta serias inconsistencias y deficiencias, y recomendó por ello una nueva y distinta para impulsar realmente el desarrollo nacional.
Bojórquez insistió en que la propuesta presidencial “es genérica, ambigua, imprecisa, parcial y omisa ante la corrupción que afecta a Pemex y a la CFE.
“Para la nación esta es una estrategia inservible y acaso útil sólo para un grupo de empresarios y transnacionales, por lo que debe proponerse otra”, dijo.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, secundó el rechazo a la Estrategia Nacional de Energía y remarcó que su bancada “de ninguna manera puede estar a favor de un plan que representa la avanzada privatizadora del sector energético”.
Sostuvo que el actual gobierno esconde esa pretensión bajo conceptos como alianzas estratégicas, asociaciones comerciales, desincorporación, modernización y reestructuración, que en el fondo significan abrir la puerta del sector a capitales privados.
“La estrategia busca generar las condiciones necesarias para promover las inversiones del sector privado en aquellas actividades que tengan como objeto incrementar la cobertura y diversificar la oferta, sin tomar en cuenta que los casos en que esto se ha permitido han desembocado en fraudes y satisfacción de intereses particulares, en detrimento del interés público”, acusó.
La Jornada
El proyecto será discutido y votado en la sesión ordinaria de mañana en el Palacio de San Lázaro, después de que la Comisión de Energía avalara por mayoría el dictamen correspondiente.
La legisladora perredista Claudia Bojórquez sostuvo, sin embargo, que la estrategia propuesta por el Ejecutivo es proclive a la privatización del sector en 80 por ciento de su contenido.
“El proyecto se fija en casi la totalidad de sus líneas de acción el fortalecimiento e incremento de la participación privada, incluso en violación a la Constitución y sus leyes reglamentarias, como la del 27 constitucional”, alertó.
La secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados indicó, además, que el documento presenta serias inconsistencias y deficiencias, y recomendó por ello una nueva y distinta para impulsar realmente el desarrollo nacional.
Bojórquez insistió en que la propuesta presidencial “es genérica, ambigua, imprecisa, parcial y omisa ante la corrupción que afecta a Pemex y a la CFE.
“Para la nación esta es una estrategia inservible y acaso útil sólo para un grupo de empresarios y transnacionales, por lo que debe proponerse otra”, dijo.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, secundó el rechazo a la Estrategia Nacional de Energía y remarcó que su bancada “de ninguna manera puede estar a favor de un plan que representa la avanzada privatizadora del sector energético”.
Sostuvo que el actual gobierno esconde esa pretensión bajo conceptos como alianzas estratégicas, asociaciones comerciales, desincorporación, modernización y reestructuración, que en el fondo significan abrir la puerta del sector a capitales privados.
“La estrategia busca generar las condiciones necesarias para promover las inversiones del sector privado en aquellas actividades que tengan como objeto incrementar la cobertura y diversificar la oferta, sin tomar en cuenta que los casos en que esto se ha permitido han desembocado en fraudes y satisfacción de intereses particulares, en detrimento del interés público”, acusó.
La Jornada
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