Ciudad de México.- La secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá dar a conocer la información sobre dónde se encuentra el nuevo avión presidencial y los responsables de la aeronave, así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esto luego de que un particular solicitara a la Sedena esta información y la dependencia se negara argumentando que era incompetente para proporcionarla y enviar al solicitante al Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) por lo que el interesado interpuso su inconformidad.
En este sentido, el INAI determinó que la Sedena es competente para proporcionar la información ya que es el responsable y usuario final del avión. Además de ser la institución responsable de la inspección y supervisión técnica del contrato de compra de la aeronave.
El interesado presentó esta solicitud de información luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diera a conocer que el avión presidencial arribó a territorio nacional el 9 de octubre de 2014, permaneciendo unas horas en la base militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México; para después regresar a Estados Unidos para continuar con su equipamiento. Por tanto, la SEDENA debe tener constancia de la fecha y la ubicación de arribo por ser el responsable de supervisar las pruebas realizadas en sus instalaciones.
Cabe destacar que en 2012, la Sedena presentó el proyecto de adquisición del nuevo avión presidencial, argumentando que la actual aeronave cumpliría 27 años de servicio. Señaló también que el nuevo avión brindaría mayor eficiencia en su operación debido a que por su velocidad y ahorro de combustible permitiría usar 20 por ciento menos de carburante que cualquier otro avión de su tamaño en trayectos similares.
Ese año además se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación encontró en la Cuenta Pública de 2012 que no se contó con los elementos técnicos y económicos suficientes para acreditar la selección y adquisición de la aeronave, y que siete meses antes de presentar el análisis costo-beneficio, ya habían iniciado las negociaciones entre SEDENA, BANOBRAS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la empresa proveedora.
Dicha aeronave Boeing 787-7 Dreamliner tuvo un costo de 6 mil 700 millones de pesos y fue adquirida con un esquema de arrendamiento a pagar en 15 años, el cual será liquidado por una partida presupuestal administrada por BANOBRAS y aprobada por el Congreso.
Esto luego de que un particular solicitara a la Sedena esta información y la dependencia se negara argumentando que era incompetente para proporcionarla y enviar al solicitante al Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) por lo que el interesado interpuso su inconformidad.
En este sentido, el INAI determinó que la Sedena es competente para proporcionar la información ya que es el responsable y usuario final del avión. Además de ser la institución responsable de la inspección y supervisión técnica del contrato de compra de la aeronave.
El interesado presentó esta solicitud de información luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diera a conocer que el avión presidencial arribó a territorio nacional el 9 de octubre de 2014, permaneciendo unas horas en la base militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México; para después regresar a Estados Unidos para continuar con su equipamiento. Por tanto, la SEDENA debe tener constancia de la fecha y la ubicación de arribo por ser el responsable de supervisar las pruebas realizadas en sus instalaciones.
Cabe destacar que en 2012, la Sedena presentó el proyecto de adquisición del nuevo avión presidencial, argumentando que la actual aeronave cumpliría 27 años de servicio. Señaló también que el nuevo avión brindaría mayor eficiencia en su operación debido a que por su velocidad y ahorro de combustible permitiría usar 20 por ciento menos de carburante que cualquier otro avión de su tamaño en trayectos similares.
Ese año además se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación encontró en la Cuenta Pública de 2012 que no se contó con los elementos técnicos y económicos suficientes para acreditar la selección y adquisición de la aeronave, y que siete meses antes de presentar el análisis costo-beneficio, ya habían iniciado las negociaciones entre SEDENA, BANOBRAS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la empresa proveedora.
Dicha aeronave Boeing 787-7 Dreamliner tuvo un costo de 6 mil 700 millones de pesos y fue adquirida con un esquema de arrendamiento a pagar en 15 años, el cual será liquidado por una partida presupuestal administrada por BANOBRAS y aprobada por el Congreso.
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