Ciudad de México.- Miembro del Gabinete de Gobernabilidad de Transparencia Internacional en Berlín (Alemania) entre 1995-1999, investigador de la Universidad Columbia y especialista en seguridad, Edgardo Buscaglia sostiene que “si en la Ciudad de México se tuviera un procurador independiente y autónomo, su primera hipótesis de investigación (en torno al asesinato del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril; de Nadia Vera, activista social del #Yosoy132 en Veracruz, y de tres mujeres más el viernes pasado en la colonia Narvarte del Distrito Federal), hubiese sido un asesinato ligado a la corrupción política en Veracruz, pues las víctimas venían denunciando asedio y amenazas”. En ese sentido, el ex asesor de la Organización de Naciones Unidas cuestionó el que las autoridades capitalinas estén buscando en un robo o en una relación con grupos delictivos de Colombia el móvil de los homicidios, razón por la cual aseguró que “dan pena” las primeras declaraciones del procurador capitalino y del Ministerio Público al dejar entrever que el móvil del crimen fue el robo o la relación con colombianos, porque “hablan de que en esta ciudad se tiene un sistema judicial paralizado y viciado por influencias políticas corruptas”.
Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Director del International Law and Economic Development Center, Investigador Principal en Derecho y Economía (Senior Law and Economics Scholar) en la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y Profesor Invitado de la UNAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de Universidad Iberoamericana y es, sin duda, la voz más autorizada en temas de delincuencia, y en ese sentido, sostiene que la mayor parte de los asesinatos de periodistas en México “están ligados a temas de corrupción política, que los mismos periodistas están o estaban investigando”. Y agrega: “Creo que achacar culpas a los colombianos, al Papa o a los marcianos obedece más a un pacto de impunidad política, en el que todos se pisan la cola, incluyendo al Gobernador (Javier Duarte), al Presidente (Enrique Peña) y a los partidos. Nadie puede investigar a nadie porque cuando comienzan a investigar a un gobernador del PRI empiezan a salir actos de corrupción de los otros partidos y todo el mundo tiene miedo de investigar a un político de ese nivel.
Es decir, sostiene el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, “te están mostrando que existe un sistema judicial que responde a los intereses políticos de un pacto de impunidad y no a una investigación seria de Primer Mundo”. Por ello, antes de hablar de robo o de colombianos, dijo Buscaglia, “el procurador o el fiscal tendrían que sustentar públicamente como ha prosperado la hipótesis de que hay vínculos entre esos homicidios y la corrupción política con el gobierno de Veracruz; que demuestren que no hay ningún vínculo de ese tipo y que han explorado esa línea de investigación y no han encontrado nada, en lugar de estar invocando colombianos o marcianos o cualquier otra cortina de humo mediática”.
Buscaglia sostuvo que en años recientes ha empeorado la inseguridad pública en la ciudad de México y ésta “ya no representa una área de seguridad comparada con la situación que prevalece en otros estados, y eso es preocupante porque están llegando al centro político del país”, ante lo cual, el especialista se pronunció en favor de que “se adopten medidas urgentes antes de que se repitan escenarios como los de Ciudad Juárez, Tamaulipas o Veracruz”. Por lo pronto, grupos civiles, defensores de derechos humanos e integrantes de partidos políticos siguen exigiendo a las autoridades que realicen una pesquisa exhaustiva para aclarar el homicidio contra el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres, por lo que pidieron que se agoten todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con las actividades de las víctimas, y que no presenten el caso como producto de un fenómeno delictivo.
En ese tenor, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México señaló que el asesinato de Nadia Vera, la joven Yesenia Quiroz y otras dos mujeres debe considerarse como feminicidio. La red, integrada por 180 activistas de 22 Estados del país exigió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF que la conducción de las investigaciones tenga el debido proceso legal con perspectiva de género, y demandó una investigación eficaz y transparente para identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y en ese sentido, demandan que la principal línea de investigación en el asesinato de Espinosa y Vera sea la relación de los hechos con su labor de periodista y defensora de derechos humanos, respectivamente, ya que ambos tuvieron que trasladarse de Veracruz a la ciudad de México “para salvaguardar sus vidas tras el incremento de amenazas en sus contras, como seguimiento, secuestro, robo de su celular y allanamiento de morada, entre otros, ligados con su activismo periodismo y político”.
Gobernantes
Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Director del International Law and Economic Development Center, Investigador Principal en Derecho y Economía (Senior Law and Economics Scholar) en la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y Profesor Invitado de la UNAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de Universidad Iberoamericana y es, sin duda, la voz más autorizada en temas de delincuencia, y en ese sentido, sostiene que la mayor parte de los asesinatos de periodistas en México “están ligados a temas de corrupción política, que los mismos periodistas están o estaban investigando”. Y agrega: “Creo que achacar culpas a los colombianos, al Papa o a los marcianos obedece más a un pacto de impunidad política, en el que todos se pisan la cola, incluyendo al Gobernador (Javier Duarte), al Presidente (Enrique Peña) y a los partidos. Nadie puede investigar a nadie porque cuando comienzan a investigar a un gobernador del PRI empiezan a salir actos de corrupción de los otros partidos y todo el mundo tiene miedo de investigar a un político de ese nivel.
Es decir, sostiene el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, “te están mostrando que existe un sistema judicial que responde a los intereses políticos de un pacto de impunidad y no a una investigación seria de Primer Mundo”. Por ello, antes de hablar de robo o de colombianos, dijo Buscaglia, “el procurador o el fiscal tendrían que sustentar públicamente como ha prosperado la hipótesis de que hay vínculos entre esos homicidios y la corrupción política con el gobierno de Veracruz; que demuestren que no hay ningún vínculo de ese tipo y que han explorado esa línea de investigación y no han encontrado nada, en lugar de estar invocando colombianos o marcianos o cualquier otra cortina de humo mediática”.
Buscaglia sostuvo que en años recientes ha empeorado la inseguridad pública en la ciudad de México y ésta “ya no representa una área de seguridad comparada con la situación que prevalece en otros estados, y eso es preocupante porque están llegando al centro político del país”, ante lo cual, el especialista se pronunció en favor de que “se adopten medidas urgentes antes de que se repitan escenarios como los de Ciudad Juárez, Tamaulipas o Veracruz”. Por lo pronto, grupos civiles, defensores de derechos humanos e integrantes de partidos políticos siguen exigiendo a las autoridades que realicen una pesquisa exhaustiva para aclarar el homicidio contra el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres, por lo que pidieron que se agoten todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con las actividades de las víctimas, y que no presenten el caso como producto de un fenómeno delictivo.
En ese tenor, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México señaló que el asesinato de Nadia Vera, la joven Yesenia Quiroz y otras dos mujeres debe considerarse como feminicidio. La red, integrada por 180 activistas de 22 Estados del país exigió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF que la conducción de las investigaciones tenga el debido proceso legal con perspectiva de género, y demandó una investigación eficaz y transparente para identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y en ese sentido, demandan que la principal línea de investigación en el asesinato de Espinosa y Vera sea la relación de los hechos con su labor de periodista y defensora de derechos humanos, respectivamente, ya que ambos tuvieron que trasladarse de Veracruz a la ciudad de México “para salvaguardar sus vidas tras el incremento de amenazas en sus contras, como seguimiento, secuestro, robo de su celular y allanamiento de morada, entre otros, ligados con su activismo periodismo y político”.
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