Ciudad de México.-La pobreza no es inevitable, es el resultado de las políticas públicas que durante décadas han condenado a millones de mexicanos, consideró Amnistía Internacional (AI).
Luego de manifestar su preocupación sobre el informe "Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México" elaborado por la UNISEF y el CONEVAL, advirtió que de no tomarse medidas urgentes "se estará prácticamente condenando una generación entera de mexicanos y mexicanas a vivir mayoritariamente en la pobreza".
Y es que de acuerdo con el informe de las 52 millones de personas que viven en pobreza en el país, el 46 por ciento son niños, niñas y adolescentes, es decir, alrededor de 21.4 millones, los cuales representan más de la mitad del total de menores de edad el cual alcanza una cifra de 39.2 millones.
"Para Amnistía Internacional estas cifras confirman una realidad escandalosa e inaceptable, que resulta aún más alarmante en las comunidades indígenas, dónde 7 de cada 10 niñas y niños viven en condiciones de pobreza y dónde sólo 1 de cada 10 niños vive sin ninguna de las carencias medidas por el informe", manifestó.
El organismo internacional alertó que la pobreza tiende a formar un círculo vicioso, quienes viven a la pobreza tienen un acceso limitado -o inexistente- a derechos como a una adecuada educación, salud, seguridad y acceso a la justicia. "Esto supone una barrera casi infranqueable para escapar a la pobreza en tanto el acceso a estos derechos no sea garantizado".
En especial, AI puso énfasis en la situación "preocupante" en la que se encuentra la mayoría de los jóvenes del país ante la falta de empleo y oportunidades de desarrollo.
Asimismo, Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que éstas sean participativas e inclusivas.
Precisó que se debe especificar de qué forma la sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza participarán en la conformación e implementación de esta estrategia.
"Si existe una verdadera voluntad de la actual administración de poner fin a esta tragedia, políticas públicas efectivas podrán hacer una verdadera diferencia y contribuir a poner fin a esta inaceptable tragedia", consideró.
El organismo internacional expresó que ha dado seguimiento a recientes anuncios sobre un plan de combate al hambre y la pobreza, sin embargo, refirió que no existen objetivos claros, medibles, plazos y acciones específicas, ni se ha indicado cuál será el presupuesto destinado.
En este contexto, AI reiteró su llamado a las autoridades mexicanas a hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia de combate a la pobreza, y que estás acciones sean participativas e inclusivas.
Añadió que la estrategia de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en su centro, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales sean protegidos legalmente y plenamente exigibles.
Por ello, la organización recordó a las autoridades mexicanas su compromiso pendiente para firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC). Dicho protocolo es un instrumento internacional que permite a las personas que viven en la pobreza y cuyos derechos no son respetados por las autoridades, ser escuchados por un comité internacional de las Naciones Unidas.
El Sol de México
Luego de manifestar su preocupación sobre el informe "Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México" elaborado por la UNISEF y el CONEVAL, advirtió que de no tomarse medidas urgentes "se estará prácticamente condenando una generación entera de mexicanos y mexicanas a vivir mayoritariamente en la pobreza".
Y es que de acuerdo con el informe de las 52 millones de personas que viven en pobreza en el país, el 46 por ciento son niños, niñas y adolescentes, es decir, alrededor de 21.4 millones, los cuales representan más de la mitad del total de menores de edad el cual alcanza una cifra de 39.2 millones.
"Para Amnistía Internacional estas cifras confirman una realidad escandalosa e inaceptable, que resulta aún más alarmante en las comunidades indígenas, dónde 7 de cada 10 niñas y niños viven en condiciones de pobreza y dónde sólo 1 de cada 10 niños vive sin ninguna de las carencias medidas por el informe", manifestó.
El organismo internacional alertó que la pobreza tiende a formar un círculo vicioso, quienes viven a la pobreza tienen un acceso limitado -o inexistente- a derechos como a una adecuada educación, salud, seguridad y acceso a la justicia. "Esto supone una barrera casi infranqueable para escapar a la pobreza en tanto el acceso a estos derechos no sea garantizado".
En especial, AI puso énfasis en la situación "preocupante" en la que se encuentra la mayoría de los jóvenes del país ante la falta de empleo y oportunidades de desarrollo.
Asimismo, Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que éstas sean participativas e inclusivas.
Precisó que se debe especificar de qué forma la sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza participarán en la conformación e implementación de esta estrategia.
"Si existe una verdadera voluntad de la actual administración de poner fin a esta tragedia, políticas públicas efectivas podrán hacer una verdadera diferencia y contribuir a poner fin a esta inaceptable tragedia", consideró.
El organismo internacional expresó que ha dado seguimiento a recientes anuncios sobre un plan de combate al hambre y la pobreza, sin embargo, refirió que no existen objetivos claros, medibles, plazos y acciones específicas, ni se ha indicado cuál será el presupuesto destinado.
En este contexto, AI reiteró su llamado a las autoridades mexicanas a hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia de combate a la pobreza, y que estás acciones sean participativas e inclusivas.
Añadió que la estrategia de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en su centro, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales sean protegidos legalmente y plenamente exigibles.
Por ello, la organización recordó a las autoridades mexicanas su compromiso pendiente para firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC). Dicho protocolo es un instrumento internacional que permite a las personas que viven en la pobreza y cuyos derechos no son respetados por las autoridades, ser escuchados por un comité internacional de las Naciones Unidas.
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