Ciudad de México.- A más de dos años de aprobada la reforma laboral, los cambios en la ley que pretendían flexibilizar el sector fracasaron y la población que no puede comprar la canasta básica llegó a 55 por ciento a finales de 2014, afirma un estudio del Senado publicado por el Instituto Belisario Domínguez.
El documento refiere que "hasta ahora, la ampliación de la flexibilidad laboral, más que ayudar al incremento del empleo, ha afectado su estabilidad y, por tanto, no ha permitido el crecimiento de la seguridad social".
Destaca que aproximadamente 66 millones 112 mil mexicanos no tuvieron posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica con exclusivamente el ingreso laboral del hogar.
El texto refiere que el mercado laboral formal presenta debilidades estructurales que representan grandes retos para las iniciativas de reforma del gobierno.
Precisa que con la serie de la base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ajustada con los nuevos factores de expansión desde el primer trimestre de 2010, se puede observar que la población que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica con los ingresos producto de su trabajo, pasó de 47 por ciento en 2010 a 55% en 2014.
"Lo anterior significa que, si se considera que al cuarto trimestre de 2014 la población total del país alcanzó 120 millones de personas (según las proyecciones del Consejo Nacional de Población), aproximadamente un total de 66 millones 112 mil mexicanos no tuvieron posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica con solamente el ingreso por trabajo en el hogar".
Añade que la Organización Internacional del Trabajo, en el Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013, también llegó a las mismas conclusiones, ya que señala que en México, el bajo crecimiento de la productividad evidenció el estancamiento de los salarios reales.
Señala que este "modesto" crecimiento del sueldo se debió a que "la política de salario mínimo ha sido fuertemente determinada por los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal (ya que el salario mínimo determina numerosas prestaciones de seguridad social) y aumentar la competitividad exportadora".
Asimismo, precisa que "otra consecuencia derivada de la forma de contratación parece ser el bajo nivel de los salarios. No se debe perder de vista que el objetivo final de las políticas de transición a la formalidad es la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de quienes se encuentran en la economía informal".
El documento refiere que "hasta ahora, la ampliación de la flexibilidad laboral, más que ayudar al incremento del empleo, ha afectado su estabilidad y, por tanto, no ha permitido el crecimiento de la seguridad social".
Destaca que aproximadamente 66 millones 112 mil mexicanos no tuvieron posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica con exclusivamente el ingreso laboral del hogar.
El texto refiere que el mercado laboral formal presenta debilidades estructurales que representan grandes retos para las iniciativas de reforma del gobierno.
Precisa que con la serie de la base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ajustada con los nuevos factores de expansión desde el primer trimestre de 2010, se puede observar que la población que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica con los ingresos producto de su trabajo, pasó de 47 por ciento en 2010 a 55% en 2014.
"Lo anterior significa que, si se considera que al cuarto trimestre de 2014 la población total del país alcanzó 120 millones de personas (según las proyecciones del Consejo Nacional de Población), aproximadamente un total de 66 millones 112 mil mexicanos no tuvieron posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica con solamente el ingreso por trabajo en el hogar".
Añade que la Organización Internacional del Trabajo, en el Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013, también llegó a las mismas conclusiones, ya que señala que en México, el bajo crecimiento de la productividad evidenció el estancamiento de los salarios reales.
Señala que este "modesto" crecimiento del sueldo se debió a que "la política de salario mínimo ha sido fuertemente determinada por los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal (ya que el salario mínimo determina numerosas prestaciones de seguridad social) y aumentar la competitividad exportadora".
Asimismo, precisa que "otra consecuencia derivada de la forma de contratación parece ser el bajo nivel de los salarios. No se debe perder de vista que el objetivo final de las políticas de transición a la formalidad es la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de quienes se encuentran en la economía informal".
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