Ciudad de México.- Ante la inseguridad creciente que nulifica cualquier cambio legislativo en mejora de la actividad económica y social del país, la represión a los jornaleros de San Quintín, los narco bloqueos y la falta de autoridades federales que cumplan y hagan cumplir la ley, “no podemos dejar en la congeladora los asuntos de seguridad pendientes de esta legislatura”, afirmó la diputada Julisa Mejía Guardado.
Comentó la legisladora del Sol Azteca que es necesario un periodo extraordinario donde además de los asuntos de seguridad, se apruebe la reforma política del DF, la cual ya lleva varios años en discusión y no existe pretexto para no hacerlo.
Recordó que durante el sexenio de Calderón dentro del marco del acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se anunció que en el 2008 tendríamos la Cédula de Identidad lista para disminuir la inseguridad que crecía en el país, pero nunca salió y de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación se han malgastado al menos 5 mil millones de pesos en este fallido proyecto sexenal, sin que hasta el momento se hayan señalado a los responsables o aplicado sanciones a los secretarios de Gobernación que desde Juan Camilo Mouriño hasta Osorio Chong han mostrado su desinterés y su ineficiencia.
Ahora hasta los organismos económicos que aplauden las acciones del gobierno federal, apuntó, le advierten que los problemas de inseguridad y violencia, así como la falta de un Estado de derecho más consolidado y un mejor sistema judicial, limitarán los beneficios de las reformas aprobadas en México.
La directora del Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, afirmó, declaró que aunado a estas debilidades del país, a escala estatal parece no haber suficiente capacidad para enfrentar los retos que implica el problema de inseguridad: “Es muy importante que las administraciones estatales tengan las capacidades para lidiar con los retos que estamos enfrentado, pero no las tienen; hay una falta de capacidad, muchas veces de coordinación y falta de instrumentos para combatir la inseguridad”.
Comentó la legisladora del Sol Azteca que es necesario un periodo extraordinario donde además de los asuntos de seguridad, se apruebe la reforma política del DF, la cual ya lleva varios años en discusión y no existe pretexto para no hacerlo.
Recordó que durante el sexenio de Calderón dentro del marco del acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se anunció que en el 2008 tendríamos la Cédula de Identidad lista para disminuir la inseguridad que crecía en el país, pero nunca salió y de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación se han malgastado al menos 5 mil millones de pesos en este fallido proyecto sexenal, sin que hasta el momento se hayan señalado a los responsables o aplicado sanciones a los secretarios de Gobernación que desde Juan Camilo Mouriño hasta Osorio Chong han mostrado su desinterés y su ineficiencia.
Ahora hasta los organismos económicos que aplauden las acciones del gobierno federal, apuntó, le advierten que los problemas de inseguridad y violencia, así como la falta de un Estado de derecho más consolidado y un mejor sistema judicial, limitarán los beneficios de las reformas aprobadas en México.
La directora del Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, afirmó, declaró que aunado a estas debilidades del país, a escala estatal parece no haber suficiente capacidad para enfrentar los retos que implica el problema de inseguridad: “Es muy importante que las administraciones estatales tengan las capacidades para lidiar con los retos que estamos enfrentado, pero no las tienen; hay una falta de capacidad, muchas veces de coordinación y falta de instrumentos para combatir la inseguridad”.
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