Ciudad de México.- Las presidentas de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza, y de Derechos de la Niñez, Beatriz Juárez Piña, advirtieron que las niñas y niños que participan en las autodefensas se encuentran expuestos a ambientes peligrosos y sus derechos son violados, por lo que hicieron un llamado al Estado mexicano a aplicar la ley y evitar concesiones por este delito.
Demandaron que las autoridades realicen en breve un diagnóstico para conocer cuántos menores participan dentro de estos grupos, para que el Estado actúe y garantice sus derechos.
En este sentido, Cruz Mendoza (PAN) señaló que debe aplicarse la ley y no dar concesión alguna a los grupos de autodefensa. “Debe sancionarse a quien utilice a menores de edad en este tipo de hechos”, subrayó.
“El tema de los grupos de autodefensa se ha distorsionado, es una irresponsabilidad utilizar a niños de hasta 11 o 12 años; se tiene que aplicar la ley ¿por qué? porque ahí ya casi se está tocando un tema de trata de menores”, advirtió.
Aseguró también que en el caso de los niños indígenas, estos han sido el “tiro al blanco” del crimen organizado. “Tanto jóvenes y niños indígenas son contratados por las organizaciones criminales”.
“Son imágenes muy duras (la de niños en las autodefensas); las policías comunitarias comunes, como las de Oaxaca, no ocupan niños, sino a jóvenes mayores de 18 años, quienes lo hacen como forma de cumplir un servicio a la propia comunidad y para escalar cargos dentro”.
“Las comunidades siempre han tenido un tipo de defensa que son las policías comunitarias, es un uso y costumbre que existe en algunos estados, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero por la inseguridad se organizaron y tomaron otro rumbo”.
Subrayó que se tiene que revisar hasta dónde las autodefensas están en la legalidad, debido a que utilizan armas exclusivas del Ejército.
Por su parte, la diputada Juárez Piña (PRD) expresó que los niños y niñas no deben estar ni de lado del crimen organizado, ni en las autodefensas, si no en la escuela.
“Por supuesto que no deben estar ahí. Los niños no deben ni portar armas ni estar en un ambiente inseguro, sino todo lo contrario”.
Enfatizó que este problema es responsabilidad directa del Estado al no garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, particularmente a niños y niñas que viven día a día la violencia generalizada.
“Me parece que lo que está ocurriendo en Michoacán, y no sólo ahí, está violentando los derechos de las niñas y los niños, porque el ambiente que se les está presentando no les da seguridad, les cancela cualquier posibilidad de transitar libremente por las calles, del derecho a divertirse, y a la seguridad que deben tener como cualquier ciudadano y ciudadana”.
Advirtió que cuando un menor vive en un ambiente de violencia, lo único que puede esperarse es que sean violentos y asimilen estas actitudes como parte de su formación.
Consideró que se necesita de una ley general que incluya un sistema integral de derechos para las niñas, niños y adolecentes, en la cual estén integradas todas las dependencias de gobierno de manera horizontal y vertical.
“Hoy tenemos esfuerzos aislados, es decir, cada dependencia, secretaría e institución hace lo propio de manera aislada y lo que requerimos es un sistema para que todas las autoridades y dependencias puedan discutir cuales son las políticas públicas que se deben promover, para así garantizar los derechos de las niñas y los niños”.
Por último, la legisladora aseguró que por más desesperación que hay en la sociedad “no hay argumento alguno, ni siquiera el de que sea por voluntad propia, para que los menores estén en las autodefensas”.
Demandaron que las autoridades realicen en breve un diagnóstico para conocer cuántos menores participan dentro de estos grupos, para que el Estado actúe y garantice sus derechos.
En este sentido, Cruz Mendoza (PAN) señaló que debe aplicarse la ley y no dar concesión alguna a los grupos de autodefensa. “Debe sancionarse a quien utilice a menores de edad en este tipo de hechos”, subrayó.
“El tema de los grupos de autodefensa se ha distorsionado, es una irresponsabilidad utilizar a niños de hasta 11 o 12 años; se tiene que aplicar la ley ¿por qué? porque ahí ya casi se está tocando un tema de trata de menores”, advirtió.
Aseguró también que en el caso de los niños indígenas, estos han sido el “tiro al blanco” del crimen organizado. “Tanto jóvenes y niños indígenas son contratados por las organizaciones criminales”.
“Son imágenes muy duras (la de niños en las autodefensas); las policías comunitarias comunes, como las de Oaxaca, no ocupan niños, sino a jóvenes mayores de 18 años, quienes lo hacen como forma de cumplir un servicio a la propia comunidad y para escalar cargos dentro”.
“Las comunidades siempre han tenido un tipo de defensa que son las policías comunitarias, es un uso y costumbre que existe en algunos estados, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero por la inseguridad se organizaron y tomaron otro rumbo”.
Subrayó que se tiene que revisar hasta dónde las autodefensas están en la legalidad, debido a que utilizan armas exclusivas del Ejército.
Por su parte, la diputada Juárez Piña (PRD) expresó que los niños y niñas no deben estar ni de lado del crimen organizado, ni en las autodefensas, si no en la escuela.
“Por supuesto que no deben estar ahí. Los niños no deben ni portar armas ni estar en un ambiente inseguro, sino todo lo contrario”.
Enfatizó que este problema es responsabilidad directa del Estado al no garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, particularmente a niños y niñas que viven día a día la violencia generalizada.
“Me parece que lo que está ocurriendo en Michoacán, y no sólo ahí, está violentando los derechos de las niñas y los niños, porque el ambiente que se les está presentando no les da seguridad, les cancela cualquier posibilidad de transitar libremente por las calles, del derecho a divertirse, y a la seguridad que deben tener como cualquier ciudadano y ciudadana”.
Advirtió que cuando un menor vive en un ambiente de violencia, lo único que puede esperarse es que sean violentos y asimilen estas actitudes como parte de su formación.
Consideró que se necesita de una ley general que incluya un sistema integral de derechos para las niñas, niños y adolecentes, en la cual estén integradas todas las dependencias de gobierno de manera horizontal y vertical.
“Hoy tenemos esfuerzos aislados, es decir, cada dependencia, secretaría e institución hace lo propio de manera aislada y lo que requerimos es un sistema para que todas las autoridades y dependencias puedan discutir cuales son las políticas públicas que se deben promover, para así garantizar los derechos de las niñas y los niños”.
Por último, la legisladora aseguró que por más desesperación que hay en la sociedad “no hay argumento alguno, ni siquiera el de que sea por voluntad propia, para que los menores estén en las autodefensas”.
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