Ciudad de México.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó en votación dividida, los alcances de la participación del Poder Judicial de la Federación en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado Mexicano en los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas por militares en febrero y marzo de 2002, respectivamente.
La mayoría consideró que era suficiente hacer un recuento de los Protocolos de Actuación, tesis y resoluciones de la Suprema Corte, como un ejercicio “meramente informativo, meramente de condensar en un instrumento la doctrina que ha generado la Corte en relación a los temas tocados en la sentencia de la CIDH. Dejando fuera “criterios o posturas que no hayan sido abordadas por la CIDH o que sean producto de alguna resolución de la SCJN.
En tanto que, cuatro ministros coincidieron en que la respuesta del Estado Mexicano a los delitos de feminicidio o de violación como “tortura sexual” son insuficientes y no han sido enfrentados con los parámetros establecidos por el CIDH. De éstos, sólo Cossío votó en contra del proyecto, los otros se opusieron a tres considerandos.
Al término de la sesión, el ministro presidente Luis María Aguilar justificó el sentido de la votación y de una manera inusual afirmó que “sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio o maniqueo, quizá de utilidad mediática, pero alejado totalmente de la verdad”.
E insistió en que todos los ministros buscan proteger los derechos humanos, como lo demuestra la resolución adoptada.
La decisión de la Corte fue adoptada después de cuatro sesiones de discusión.
La mayoría consideró que era suficiente hacer un recuento de los Protocolos de Actuación, tesis y resoluciones de la Suprema Corte, como un ejercicio “meramente informativo, meramente de condensar en un instrumento la doctrina que ha generado la Corte en relación a los temas tocados en la sentencia de la CIDH. Dejando fuera “criterios o posturas que no hayan sido abordadas por la CIDH o que sean producto de alguna resolución de la SCJN.
En tanto que, cuatro ministros coincidieron en que la respuesta del Estado Mexicano a los delitos de feminicidio o de violación como “tortura sexual” son insuficientes y no han sido enfrentados con los parámetros establecidos por el CIDH. De éstos, sólo Cossío votó en contra del proyecto, los otros se opusieron a tres considerandos.
Al término de la sesión, el ministro presidente Luis María Aguilar justificó el sentido de la votación y de una manera inusual afirmó que “sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio o maniqueo, quizá de utilidad mediática, pero alejado totalmente de la verdad”.
E insistió en que todos los ministros buscan proteger los derechos humanos, como lo demuestra la resolución adoptada.
La decisión de la Corte fue adoptada después de cuatro sesiones de discusión.
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