Ciudad de México.- Un año después de la explosión en oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que murieron 37 personas, los familiares de tres trabajadores externos fallecidos en el estallido exigen que la paraestatal los indemnice con entre 10 y 12 millones de pesos, un monto 80 veces superior a lo que dicen haber recibido a la fecha.
Las familias de Enrique Hernández, Luis Ojeda y Gregorio Vite dicen haber obtenido como compensación, cada una, unos 140,000 pesos de parte de Copicosa, la empresa para la que laboraban y que entonces brindaba a Pemex servicio de mantenimiento a los edificios de su sede administrativa, en el poniente del Distrito Federal.
Hernández, de 55 años; Ojeda, de 56, y Vite, de 58, eran los encargados de revisar los pilotes que sostienen las oficinas de Pemex. Los tres tenían alrededor de 10 años trabajando para Copicosa, cuyo personal dijo este jueves a CNNMéxico que la indemnización entregada estuvo "por encima" de lo que marca la ley, aunque no precisó el monto ni cómo fue calculado.
Los deudos, sin embargo, consideran que la compensación por muerte debe ser mayor porque los tres tenían dependientes económicos. Hernández y Vite mantenían a sus esposas, en tanto Ojeda mantenía a sus hermanas.
Además, argumentan que Pemex es el responsable de cubrir el monto, porque a pesar de que no era el patrón de los contratistas fallecidos, el siniestro ocurrió en sus instalaciones.
María Luisa Ojeda, hermana de Luis Ojeda, también señaló que funcionarios de Pemex se comprometieron a tratarlos como a deudos de trabajadores de la paraestatal.
"A mí me dijeron: 'Señora, no se preocupe. Lo que usted guste, lo que usted guste. Usted no se preocupe por nada'. Así me lo dijeron: 'Los vamos a tratar como petroleros'", dijo este jueves a medios.
La explosión se registró la tarde del 31 de enero de 2013, cuando una chispa hizo contacto con gases acumulados en los cimientos de las oficinas de Pemex, según el dictamen pericial que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el año pasado.
El abogado Jesús Alberto Guerrero, representante legal de las tres familias, señaló este jueves ante medios que la demanda civil está sustentada en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
"(La ley) tiene como origen que el Estado responda de los actos o de los daños que ocasione a un particular por su actuación", dijo en rueda de prensa. "La responsabilidad objetiva (del Estado) deviene del uso o aprovechamiento de objetos peligrosos. Cuando este tipo de objetos causan un daño, no hay intención del dueño pero es justo que responda por el daño que ha generado".
Los familiares exigen compensaciones por tres conceptos: 3 millones 880,000 pesos por indemnización por muerte, 5 millones 180,000 por daño moral y 1 millón 297,000 por lucro cesante, como se conoce al monto que una víctima pudo haber ganado durante su vida laboral.
De las 37 personas que murieron en el siniestro, 30 eran trabajadores de Pemex, una era una menor —hija de un empleado de la paraestatal— y seis contratistas.
El área de prensa de Pemex informó a CNNMéxico que las indemnizaciones correspondientes a sus empleados ya fueron cubiertas, aunque rechazó detallar las cantidades pagadas. En agosto, en respuesta a una solicitud de información, Pemex indicó que en total, sin contar las compensaciones, hasta entonces había pagado a 28 familias un millón 55,897 pesos por prestaciones y 13 millones 707,145 por seguro de vida.
Con relación a las exigencias de las familias de los contratistas, Pemex señaló que no le corresponde indemnizarlas porque ese pago ya fue cubierto por Copicosa, el "patrón obligado" por la legislación laboral.
"Petróleos Mexicanos no tiene, por ende, ninguna obligación legal de otorgarles una segunda indemnización. Como apoyo especial, Pemex cubrió los gastos funerarios de estos trabajadores", indicó la paraestatal en un comunicado.
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado indica que las demandas deben presentarse en primera instancia ante la propia dependencia demandada, ante la cual el reclamante tiene que probar que de ninguna forma ocasionó los daños que sufrió.
Si la institución demandada emite una resolución que no satisface a los reclamantes, éstos pueden llevar el caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Cuestionado al respecto, el abogado Guerrero señaló que si el TFJFA también da un fallo desfavorable para los familiares, acudirán ante un tribunal colegiado e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
"Los elementos que ofrece Pemex para excusarse, en el sentido de que Copicosa los indemnizó, es una falta de humanidad", dijo. "Estamos esperando que Pemex nos responda".
Las familias de Enrique Hernández, Luis Ojeda y Gregorio Vite dicen haber obtenido como compensación, cada una, unos 140,000 pesos de parte de Copicosa, la empresa para la que laboraban y que entonces brindaba a Pemex servicio de mantenimiento a los edificios de su sede administrativa, en el poniente del Distrito Federal.
Hernández, de 55 años; Ojeda, de 56, y Vite, de 58, eran los encargados de revisar los pilotes que sostienen las oficinas de Pemex. Los tres tenían alrededor de 10 años trabajando para Copicosa, cuyo personal dijo este jueves a CNNMéxico que la indemnización entregada estuvo "por encima" de lo que marca la ley, aunque no precisó el monto ni cómo fue calculado.
Los deudos, sin embargo, consideran que la compensación por muerte debe ser mayor porque los tres tenían dependientes económicos. Hernández y Vite mantenían a sus esposas, en tanto Ojeda mantenía a sus hermanas.
Además, argumentan que Pemex es el responsable de cubrir el monto, porque a pesar de que no era el patrón de los contratistas fallecidos, el siniestro ocurrió en sus instalaciones.
María Luisa Ojeda, hermana de Luis Ojeda, también señaló que funcionarios de Pemex se comprometieron a tratarlos como a deudos de trabajadores de la paraestatal.
"A mí me dijeron: 'Señora, no se preocupe. Lo que usted guste, lo que usted guste. Usted no se preocupe por nada'. Así me lo dijeron: 'Los vamos a tratar como petroleros'", dijo este jueves a medios.
La explosión se registró la tarde del 31 de enero de 2013, cuando una chispa hizo contacto con gases acumulados en los cimientos de las oficinas de Pemex, según el dictamen pericial que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el año pasado.
El abogado Jesús Alberto Guerrero, representante legal de las tres familias, señaló este jueves ante medios que la demanda civil está sustentada en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
"(La ley) tiene como origen que el Estado responda de los actos o de los daños que ocasione a un particular por su actuación", dijo en rueda de prensa. "La responsabilidad objetiva (del Estado) deviene del uso o aprovechamiento de objetos peligrosos. Cuando este tipo de objetos causan un daño, no hay intención del dueño pero es justo que responda por el daño que ha generado".
Los familiares exigen compensaciones por tres conceptos: 3 millones 880,000 pesos por indemnización por muerte, 5 millones 180,000 por daño moral y 1 millón 297,000 por lucro cesante, como se conoce al monto que una víctima pudo haber ganado durante su vida laboral.
De las 37 personas que murieron en el siniestro, 30 eran trabajadores de Pemex, una era una menor —hija de un empleado de la paraestatal— y seis contratistas.
El área de prensa de Pemex informó a CNNMéxico que las indemnizaciones correspondientes a sus empleados ya fueron cubiertas, aunque rechazó detallar las cantidades pagadas. En agosto, en respuesta a una solicitud de información, Pemex indicó que en total, sin contar las compensaciones, hasta entonces había pagado a 28 familias un millón 55,897 pesos por prestaciones y 13 millones 707,145 por seguro de vida.
Con relación a las exigencias de las familias de los contratistas, Pemex señaló que no le corresponde indemnizarlas porque ese pago ya fue cubierto por Copicosa, el "patrón obligado" por la legislación laboral.
"Petróleos Mexicanos no tiene, por ende, ninguna obligación legal de otorgarles una segunda indemnización. Como apoyo especial, Pemex cubrió los gastos funerarios de estos trabajadores", indicó la paraestatal en un comunicado.
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado indica que las demandas deben presentarse en primera instancia ante la propia dependencia demandada, ante la cual el reclamante tiene que probar que de ninguna forma ocasionó los daños que sufrió.
Si la institución demandada emite una resolución que no satisface a los reclamantes, éstos pueden llevar el caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Cuestionado al respecto, el abogado Guerrero señaló que si el TFJFA también da un fallo desfavorable para los familiares, acudirán ante un tribunal colegiado e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
"Los elementos que ofrece Pemex para excusarse, en el sentido de que Copicosa los indemnizó, es una falta de humanidad", dijo. "Estamos esperando que Pemex nos responda".
CNN Noticias
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