México, D.F.- El ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, recibió una orden de aprehensión por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, informó este martes la Procuraduría General de la República (PGR).
El ex presidente municipal del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue recluido en un penal de alta seguridad del Estado de México el pasado 5 de noviembre por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, luego de haber sido detenido en la Ciudad de México.
En un mensaje a los medios, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dio a conocer que Abarca fue formalmente acusado por la desaparición de los jóvenes estudiantes de Guerrero.
El lunes la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, recibió un auto de formal prisión por sus probables vínculos con el grupo de delincuencia organizada Guerreros Unidos, al que presuntamente otorgó protección y apoyo económico desde 2005. Pineda se encuentra recluida en un penal de Nayarit, al occidente de México.
Zerón dijo que la PGR agotó todas las líneas de investigación en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
Por el hecho han declarado 385 personas y se han girado 221 órdenes de aprehensión contra 97 personas (algunas han recibido más de una orden) por diferentes grados de responsabilidad, informó el funcionario federal.
“De ninguna declaración en las diligencias de la PGR se desprende que elementos del Ejército o de algún cuerpo de seguridad pública federal estuvieran involucrados en los incidentes”, destacó.
El titular de la AIC dijo que tras reunirse con padres de familia de los normalistas desaparecidos, se acordó sostener una reunión entre autoridades educativas estatales y federales con maestros sobre el tema de la dignificación de escuela y la recuperación del semestre.
El funcionario federal aseguró que la investigación sobre los jóvenes guerrerenses desparecidos sigue abierta.
La investigación de la PGR sobre el caso —basada en declaraciones de sicarios detenidos— apunta a que los policías entregaron a los jóvenes al cártel Guerreros Unidos, que los habría asesinado e incinerado. Sin embargo, por el momento sólo han sido identificados los restos de uno de los estudiantes.
Alfadiario
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