Por Salvador González Briceño
¿Qué pasa en México? I
*Colusión de autoridades o crimen de Estado
Asesinato y desaparición de estudiantes primero, protesta e indignación social multitudinaria en el país —y muchas partes del mundo— como reacción. ¿Por qué?, se pregunta la sociedad frente a los acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre, cuando ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, tras ser aprehendidos por policías municipales y presuntamente entregados al crimen organizado.
Desaseo informativo. Hay más preguntas, indignación y sospechas que respuestas. Impunidad, ciertamente, en tanto no se haga justicia, se presenten vivas a las víctimas y haya castigo a los responsables; ese es el meollo del asunto, ¡y el compromiso del gobierno!
La explicación no es fácil. Porque hay un entramado de intereses internos, y también externos. Para comenzar, la sociedad ni los jóvenes promueven la violencia, aunque el estudiante tenga que ser “revolucionario”; viene del gobierno, así sea municipal.
La historia en México no se olvida, registra el impacto de la “dictadura perfecta” —definición de Vargas Llosa— en acciones de violencia y represión de Estado, como la matanza estudiantil de 1968, la llamada guerra sucia para perseguir a los rojos comunistas que se extendió en la década de los 70, una respuesta a las demandas democráticas.
Ahí está el trabajo sucio de cuerpos capacitados como los llamados “halcones”, las “guardias blancas”, los grupos de presión, los paramilitares y últimamente el mismo crimen organizado. Varios presidentes implicados, todos de triste memoria. Hasta llegar a lo que hoy se cataloga como la “criminalización de la protesta social”. Movimientos sociales que enfrentan represión y cárcel: Aguas Blancas (6/1995), Acteal (12/1997), El Charco (6/1998), Atenco (5/2006), Tlatlaya (6/2014), etcétera. Todos asesinatos desde el poder.
Hoy la violencia atenta a la población estudiantil. Varios motivos podemos señalar, delicados todos.
1)La criminalización de la protesta social, ante la falta de respuestas satisfactorias a la demanda educativa por parte de un Estado neoliberal, en sus expresiones estatal y municipal.
2)La llamada intentona de contener la presencia de escuelas normales como la de Ayotzinapa catalogada hasta por legisladores un “semillero de guerrilleros”, por Genaro Vásquez y Lucio Cabañas.
3)Dar por cierta la colusión de autoridades locales con criminales, dados los señalamientos en el sentido que algunos presidentes municipales pertenecen o colaboran con el crimen organizado, complica el esclarecimiento de los asesinatos y su presentación con vida.
4)De ser el montaje de un escenario violento para ocultar otro (igual el asesinato de los 22 estudiantes en Tlatlaya, Edomex), es levantar la sospecha de que algo no le salió tan bien al gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso Michoacán. O todo lo contrario. Le resultó tal que pretende acomodar las cosas como quedaron al final: los auténticos líderes de las autodefensas (J. Manuel Mireles e Hipólito Mora) en la cárcel, a cambio de algunos criminales sueltos, como el llamado líder de los caballeros templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.
5)Meter miedo entre la población representa dividendos, cuando de sacar ganancias se trata. La droga sigue siendo el sucio negocio para algunos, interesados todos tanto del país como de afuera, como el mercado financiero de los Estados Unidos.
6)La creación de todos los escenarios favorables al partido en el poder presidencial, el Revolucionario Institucional (PRI), para la recuperación del estado de Guerrero ahora en manos de la llamada izquierda, el PRD, partido sin identidad por el cual llegó a la gubernatura el actual Ángel Aguirre Rivero.
Desaseo informativo. Hay más preguntas, indignación y sospechas que respuestas. Impunidad, ciertamente, en tanto no se haga justicia, se presenten vivas a las víctimas y haya castigo a los responsables; ese es el meollo del asunto, ¡y el compromiso del gobierno!
La explicación no es fácil. Porque hay un entramado de intereses internos, y también externos. Para comenzar, la sociedad ni los jóvenes promueven la violencia, aunque el estudiante tenga que ser “revolucionario”; viene del gobierno, así sea municipal.
La historia en México no se olvida, registra el impacto de la “dictadura perfecta” —definición de Vargas Llosa— en acciones de violencia y represión de Estado, como la matanza estudiantil de 1968, la llamada guerra sucia para perseguir a los rojos comunistas que se extendió en la década de los 70, una respuesta a las demandas democráticas.
Ahí está el trabajo sucio de cuerpos capacitados como los llamados “halcones”, las “guardias blancas”, los grupos de presión, los paramilitares y últimamente el mismo crimen organizado. Varios presidentes implicados, todos de triste memoria. Hasta llegar a lo que hoy se cataloga como la “criminalización de la protesta social”. Movimientos sociales que enfrentan represión y cárcel: Aguas Blancas (6/1995), Acteal (12/1997), El Charco (6/1998), Atenco (5/2006), Tlatlaya (6/2014), etcétera. Todos asesinatos desde el poder.
Hoy la violencia atenta a la población estudiantil. Varios motivos podemos señalar, delicados todos.
1)La criminalización de la protesta social, ante la falta de respuestas satisfactorias a la demanda educativa por parte de un Estado neoliberal, en sus expresiones estatal y municipal.
2)La llamada intentona de contener la presencia de escuelas normales como la de Ayotzinapa catalogada hasta por legisladores un “semillero de guerrilleros”, por Genaro Vásquez y Lucio Cabañas.
3)Dar por cierta la colusión de autoridades locales con criminales, dados los señalamientos en el sentido que algunos presidentes municipales pertenecen o colaboran con el crimen organizado, complica el esclarecimiento de los asesinatos y su presentación con vida.
4)De ser el montaje de un escenario violento para ocultar otro (igual el asesinato de los 22 estudiantes en Tlatlaya, Edomex), es levantar la sospecha de que algo no le salió tan bien al gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso Michoacán. O todo lo contrario. Le resultó tal que pretende acomodar las cosas como quedaron al final: los auténticos líderes de las autodefensas (J. Manuel Mireles e Hipólito Mora) en la cárcel, a cambio de algunos criminales sueltos, como el llamado líder de los caballeros templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.
5)Meter miedo entre la población representa dividendos, cuando de sacar ganancias se trata. La droga sigue siendo el sucio negocio para algunos, interesados todos tanto del país como de afuera, como el mercado financiero de los Estados Unidos.
6)La creación de todos los escenarios favorables al partido en el poder presidencial, el Revolucionario Institucional (PRI), para la recuperación del estado de Guerrero ahora en manos de la llamada izquierda, el PRD, partido sin identidad por el cual llegó a la gubernatura el actual Ángel Aguirre Rivero.
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