Ciudad de México.- La Comisión de Gobernación del Senado solicitó al Poder Legislativo y Judicial de Guerrero información sobre la situación de gobierno y una probable ingobernabilidad que pudiera estar atravesando esa entidad ante la crisis que ha generado el asunto de Iguala, donde perdieron la vida al menos 6 personas y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace tres semanas.
Dicha instancia legislativa envió sendos oficios al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y al Congreso local para que expliquen si laboran en condiciones normales y determinar la posibilidad de desaparición de poderes en el estado tal y como lo solicitó el PAN la semana pasada en la Cámara alta.
La respuesta debe llegar hoy lunes pues se espera que el martes, la Comisión de Gobernación del Senado discuta y en su caso apruebe el dictamen que determine si hay condiciones o no para la desaparición de poderes en Guerrero y posteriormente se suba al pleno para que se confirme o dé marcha atrás a la propuesta de esta instancia legislativa.
En los oficios que se envía al Poder Legislativo y Judicial de Guerrero se pregunta si sus integrantes han dejado de cumplir las obligaciones que ordena la Constitución y el estado de Guerrero y si sus elementos están imposibilitados físicamente para cumplir con sus funciones inherentes a sus cargos por la situación que vive la entidad.
Asimismo se les cuestiona si los acontecimientos en Guerrero han impedido la vigencia del orden jurídico en el órgano legislativo y en el de justicia.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa confirmó que la Comisión de Gobernación sesionará el martes a las 8:30 de la mañana para dictaminar la desaparición de poderes que presentó el PAN y ese mismo día tendrá que subir al pleno para que se pronuncie al respecto.
“En cualquier forma debe subir como dictamen desechando o como dictamen aprobando la solicitud”, explicó.
No obstante dejó en claro que tiene que ser un dictamen ajustado estrictamente al rigor de la ley, con valoración de pruebas, fundamentos legales y encuadramiento de los hechos a los supuestos de la ley.
Barbosa insistió en que la desaparición de poderes es un procedimiento casi inutilizado, de una previsión constitucional y una ley secundaria construidos bajo una realidad política distinta a la que hoy ocurre.
“Es un procedimiento de golpe de timón a la vida social, institucional de un estado, pero eso es otra cosa, hoy como está la solicitud y como la ley es vigente, hay que analizar la solicitud en términos de la ley”, indicó.
Dicha instancia legislativa envió sendos oficios al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y al Congreso local para que expliquen si laboran en condiciones normales y determinar la posibilidad de desaparición de poderes en el estado tal y como lo solicitó el PAN la semana pasada en la Cámara alta.
La respuesta debe llegar hoy lunes pues se espera que el martes, la Comisión de Gobernación del Senado discuta y en su caso apruebe el dictamen que determine si hay condiciones o no para la desaparición de poderes en Guerrero y posteriormente se suba al pleno para que se confirme o dé marcha atrás a la propuesta de esta instancia legislativa.
En los oficios que se envía al Poder Legislativo y Judicial de Guerrero se pregunta si sus integrantes han dejado de cumplir las obligaciones que ordena la Constitución y el estado de Guerrero y si sus elementos están imposibilitados físicamente para cumplir con sus funciones inherentes a sus cargos por la situación que vive la entidad.
Asimismo se les cuestiona si los acontecimientos en Guerrero han impedido la vigencia del orden jurídico en el órgano legislativo y en el de justicia.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa confirmó que la Comisión de Gobernación sesionará el martes a las 8:30 de la mañana para dictaminar la desaparición de poderes que presentó el PAN y ese mismo día tendrá que subir al pleno para que se pronuncie al respecto.
“En cualquier forma debe subir como dictamen desechando o como dictamen aprobando la solicitud”, explicó.
No obstante dejó en claro que tiene que ser un dictamen ajustado estrictamente al rigor de la ley, con valoración de pruebas, fundamentos legales y encuadramiento de los hechos a los supuestos de la ley.
Barbosa insistió en que la desaparición de poderes es un procedimiento casi inutilizado, de una previsión constitucional y una ley secundaria construidos bajo una realidad política distinta a la que hoy ocurre.
“Es un procedimiento de golpe de timón a la vida social, institucional de un estado, pero eso es otra cosa, hoy como está la solicitud y como la ley es vigente, hay que analizar la solicitud en términos de la ley”, indicó.
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