miércoles, 14 de octubre de 2015

Papel Social

Asentamientos humanos irregulares, pobreza y cambio climático 
 
Javier Herrera Borunda

El cambio climático es un tema muy serio al que no le hemos dado la prioridad que requiere. ¿Ha notado usted que los inviernos y los veranos son hoy más calientes?. Actualmente hablar de desastres naturales es una constante, y no un tema esporádico como sucedía hace tan sólo unos años.
La perdida de bosques en nuestro país por la tala inmoderada e irregular, incendios provocados para ganar terreno cuyo destino son actividades productivas o construcción de viviendas, falta de agua en zonas donde abundaba, devastadores periodos de sequía, el avance de áreas desérticas, intensidad y mayor frecuencia de fenómenos climáticos como huracanes, tormentas, inundaciones y olas de calor; son ejemplos contundentes de la vulnerabilidad a la que están sometidos algunos ecosistemas y familias de muchas comunidades marginadas que habitan espacios que no son propicios para vivir sin correr el riesgo de ser víctimas de estos fenómenos contranaturales.
La pobreza extrema, los asentamientos humanos irregulares y el cambio climático son tres conceptos cruciales estrechamente ligados entre sí que deben  ser considerados en el marco jurídico y en el diseño de políticas públicas en todos los países del mundo.
En México se asientan de manera irregular 80 mil nuevos hogares al año. La pobreza ha jugado un papel determinante para inducir este fenómeno, ya que por ley natural los seres humanos organizados socialmente buscan incrementar su calidad de vida propiciando oportunidades para salir de una condición insatisfactoria.
Es necesario reconocer que las políticas públicas de vivienda en México durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado, dieron prioridad al objetivo económico y dejaron en manos de las leyes de la oferta y la demanda, incluida la ganancia inmobiliaria, la solución a la creciente necesidad de vivienda que ya incluía un déficit de satisfacción para dar paso de manera  progresiva y acelerada al abandono de la dimensión social.
La consecuencia de ello es una constante en el rezago habitacional a nivel nacional. Recordemos que más de una tercera parte de la población de nuestro país, el 32.9 por ciento tiene entre 12 y 29 años y que en el futuro inmediato ejercerán una mayor presión social para obtener vivienda, lo que se traducirá en mayor densidad poblacional y en una constante actividad en el mercado inmobiliario.
Resulta lamentable que las invasiones sean una forma de escapar a las altas rentas de alquiler y un instrumento propicio para la especulación, incluyendo a los propietarios de los predios. Más grave aún, es saber que este tipo de asentamientos irregulares se presentan en áreas no aptas para el crecimiento urbano, ya que en muchas ocasiones se trata de superficies destinadas a la preservación ecológica cuya consistencia es cada día más frágil y riesgosa para la calidad de vida.
Cuando esto sucede y las personas construyen su hogar con elementos precarios y sin ningún orden ni plan urbano, las viviendas, por regla general, son frágiles, inseguras y efímeras, lo que acarrea consecuencias ambientales como es el caso de deslaves con el riesgo de pérdida de vidas humanas y la depredación del ecosistema. A ello, se añaden las repercusiones en la salud por la incidencia de enfermedades infecciosas como cólera, paratifoidea, salmonelosis, y las transmitidas por vector, como el dengue, chikungunya  y el paludismo.
Es triste reconocer que lejos de que las ocupaciones irregulares sean penalizadas en protección del bienestar ciudadano, en algunas entidades se impulsen programas de regularización en espacios no aptos, sin siquiera programar acciones que impidan el aumento de este fenómeno social.
El Banco Mundial señala que nuestro país es uno de los más vulnerables ante el fenómeno climático: 15% de su territorio, 68% de su población y 71% de su economía están expuestos a las consecuencias adversas relacionadas con el clima.
En virtud de lo anterior, es convicción de la fracción del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso Federal proponer que la solución no se dirija a dotar de servicios a estos desarrollos, sino a prevenir y evitar la propagación de este fenómeno irregular.
Reconocer los asentamientos urbanos irregulares representa un grave riesgo para la población debido al aumento de su vulnerabilidad, también lo es para los ecosistemas ya que el cambio de usos de suelo permite la pérdida de cobertura forestal y la diversidad biológica, además de fomentar la erosión y deteriorar los servicios ambientales que brindan estas áreas.
Congruentes con esta visión en días pasados presentamos una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objeto de fortalecer la política pública en la materia. Proponemos la prohibición tajante de autorización de nuevos asentamientos humanos en áreas naturales protegidas de competencia federal. Será responsabilidad directa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigilar que no existan nuevos centros de población  en estas áreas.
Asimismo, proponemos tipificar como delito la responsabilidad de los servidores públicos que por acción u omisión consientan o fomenten el desarrollo de asentamientos humanos irregulares y cuya pena pueda llegar hasta merecer prisión. 
Hoy el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, no hay delito más grave que comprometer el derecho que tienen  nuestros hijos a un medio ambiente sano.

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