México, D.F.- Más de una decena de funcionarios del primer círculo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, decidieron mantener privada su situación patrimonial, incluso aquellos que tienen bajo su mando áreas que en el pasado generaron polémica por presuntos actos de corrupción, como la Dirección General de Juegos y Sorteos.
Al consultar en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública, se puede constatar que son al menos 10 funcionarios que tienen a su mando los cargos más importantes en la Secretaría de Gobernación, que decidieron no abrir su declaración patrimonial a la ciudadanía, ni siquiera en una versión pública como lo hiciera el gabinete presidencial.
La Dirección General de Juegos y Sorteos, área acusada de irregularidades en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, es ocupada actualmente por Marcela González Salas.
Sobresale el caso de Monte Alejandro Rubido García, recién nombrado titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien no tiene registros de declaración patrimonial, aun cuando en la pasada administración fue titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Lo mismo en el caso de Eugenio Ímaz Gispert, actual director del Cisen, y del coordinador general de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa.
Sólo dos funcionarios en la Segob permitieron versiones públicas de su situación patrimonial. El Oficial Mayor, Jorge Márquez Montes, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián.
Entre los funcionarios que no hicieron pública su situación patrimonial están: Alejandro Sánchez Pérez, secretario privado de Miguel Ángel Osorio Chong, y su jefe de Oficina, Julio Manuel Valera Piedras; David Garay Maldonado, titular de la Unidad de Gobierno; Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios; la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Paloma Guillén Vicente, y Ardelio Vargas Fosado, titular del Instituto Nacional de Migración.
También decidieron no hacer pública su declaración María de los Ángeles Fromow Rangel; José Ramón Martel López, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo, y José Antonio González.
Notimex
Al consultar en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública, se puede constatar que son al menos 10 funcionarios que tienen a su mando los cargos más importantes en la Secretaría de Gobernación, que decidieron no abrir su declaración patrimonial a la ciudadanía, ni siquiera en una versión pública como lo hiciera el gabinete presidencial.
La Dirección General de Juegos y Sorteos, área acusada de irregularidades en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, es ocupada actualmente por Marcela González Salas.
Sobresale el caso de Monte Alejandro Rubido García, recién nombrado titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien no tiene registros de declaración patrimonial, aun cuando en la pasada administración fue titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Lo mismo en el caso de Eugenio Ímaz Gispert, actual director del Cisen, y del coordinador general de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa.
Sólo dos funcionarios en la Segob permitieron versiones públicas de su situación patrimonial. El Oficial Mayor, Jorge Márquez Montes, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián.
Entre los funcionarios que no hicieron pública su situación patrimonial están: Alejandro Sánchez Pérez, secretario privado de Miguel Ángel Osorio Chong, y su jefe de Oficina, Julio Manuel Valera Piedras; David Garay Maldonado, titular de la Unidad de Gobierno; Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios; la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Paloma Guillén Vicente, y Ardelio Vargas Fosado, titular del Instituto Nacional de Migración.
También decidieron no hacer pública su declaración María de los Ángeles Fromow Rangel; José Ramón Martel López, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo, y José Antonio González.
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