Ciudad de México.- Lo que inició como una investigación por negligencia técnica, que provocó el desgate ondulatorio y posterior suspensión del servicio en 11 estaciones de la Línea 12 del Metro, terminó por revelar que hubo documentación apócrifa, utilización de recursos no comprobados para otros fines, sobrecostos y desvío de recursos que superan los 627 millones de pesos.
De los problemas detectados, la Contraloría General del Distrito Federal, por medio de su titular Hiram Almeida, impuso 54 sanciones a 33 funcionarios y ex funcionarios del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo.
Almeida dio a conocer las sanciones que incluyen inhabilitaciones hasta de 20 años, multas que superan los 600 millones de pesos —y una cifra en dólares— 15 denuncias en la Procuraduría General de Justicia del DF.
De acuerdo con el informe, se autorizaron pagos indebidos por 478 millones de pesos, se desviaron recursos por 116 millones de pesos, se dejaron de cobrar 5 millones y se autorizaron pagos indebidos para ICA.
Además de las consecuencias de la inhabilitación de funcionarios y ex funcionarios, hubo daño patrimonial al Gobierno del Distrito Federal y desviaciones para trabajos no ejecutados, así como omisiones para no retener impuestos.
“Se presume que las empresas presentaron documentación apócrifa en los procesos correspondientes, así como por el contrato de supervisión de la construcción de la Policlínica, generando un pago por gastos no recuperados, siendo que la licitación para su construcción se había declarada desierta”, indicó el contralor.
En entrevista con Carlos Zúñiga, el contralor informó que continúa la investigación sobre las anomalías, pero que es un tema en conjunto con la Consejería Jurídica y que no se busca politizar el tema.
Respecto a que entre los involucrados hay dos ex funcionarios de su gobierno, el ex mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, dijo:
“Ex funcionarios de mi gobierno son para empezar desde el jefe de Gobierno actual; todos casi son ex funcionarios de mi administración. Vamos a ver a quién imputan y qué le imputan y después doy un punto de vista”.
El primer sancionado con una inhabilitación de 20 años es el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas. Para ocupara ese puesto, la Dirección General de Obras para el Transporte desapareció de la Secretaría de Obras.
Una de las primeras sanciones económicas dadas a conocer fue contra Juan Armando Rodríguez Lara, director general de Administración del Proyecto Metro, quien tenía que retener 5 por ciento al millar, (impuesto que está en la Ley Federal de Derechos y es para los contratistas de obra pública), pero fue de 2 por ciento, correspondientes a cinco contratos y dos convenios de reconocimiento de adeudos.
Otro de los involucrados es Sotero Díaz Silva, director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro, quien omitió aplicar gastos financieros del Proyecto Integral de Sistemas por 5 millones 901 mil 796 pesos, del 1 enero al 18 de marzo de 2012, debido a que la contratista no invirtió más de 243 millones del total del anticipo entregado.
Una más de las irregularidades en el tema de recursos fue la que cometió José Pascual Pérez Santoyo, director de Administración de Contratos, por haber autorizado irregularmente el convenio de reconocimiento de adeudos de la administración capitalina hacia las empresas constructoras de las obras inducidas, superficiales y aéreas, “al amparo del cual se efectuó un pago improcedente por 116 millones 312 mil 398 pesos, a través de cuatro estimaciones, ocasionando daño al erario del GDF”, se indica en la sanción.
En este mismo caso, se informó que autorizó el pago de ministraciones sin las firmas de la residencia de la obra, e indebidamente realizó los convenios modificatorios y el pago de las actividades de supervisión extraordinaria, ya que se efectuaron adecuaciones y las auditorías detectaron un sobrecosto de 25 por ciento en 17 precios unitarios, respecto al catálogo de conceptos, así como el pago indebido de ajuste de costos.
También fue señalado por autorizar el pago indebido en un presunto ajuste de precios, lo que permitió al consorcio constructor cobrar más dinero.
Por ese monto no cobrado fue sancionado con 2 millones 949 mil 577 pesos y su expediente enviado a la PGJDF por la posible comisión de un delito.
Los resultados se desprenden de 11 auditorías e investigaciones realizadas a la documentación desde 2008 a 2013 en temas de planeación, licitación, racionalización, contratación de obra, modificación de trazo, convenios modificatorios al contrato principal, convenios de reconocimiento de adeudos, ejecución de obra, supervisión externa de la misma y entrega de la Línea 12 del consorcio al Proyecto Metro.
Además, se aprobaron estimaciones de manera irregular, lo que permitió a las empresas constructoras cobrar dinero de manera ilegal, y se suscribieron contratos indebidamente por no cumplir con un proceso debido, lo que derivó en denuncias ante la procuraduría capitalina.
Otro de los implicados es Juan Carlos Mercado, ex subdirector general de Administración y Finanzas del STC, por haber suscrito un convenio modificatorio para adquirir un torno de fosa por 2 millones 552 mil dólares que no era necesario y que no estaba contemplado. El expediente también se remite a la PGJDF.
Respecto a Horcasitas, fue nombrado por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como director general del Proyecto Metro. Después de asumir el cargo, en 2009 se publicó en la Gaceta Oficial que el proyecto dejaba de ser dirección y se cambió a órgano desconcentrado con autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera; es decir, manejaba sus recursos sin necesidad de solicitar autorización.
Horcasitas fue director adjunto de Desarrollo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo.
Aún quedan abiertas 10 investigaciones y auditorías, que derivarán en más sanciones y concluirán en un mes.
El contrato original de la Línea 12 establecía 17 mil 583 millones de pesos, y se elevó, al ser modificado, hasta 22 mil millones.
De los problemas detectados, la Contraloría General del Distrito Federal, por medio de su titular Hiram Almeida, impuso 54 sanciones a 33 funcionarios y ex funcionarios del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo.
Almeida dio a conocer las sanciones que incluyen inhabilitaciones hasta de 20 años, multas que superan los 600 millones de pesos —y una cifra en dólares— 15 denuncias en la Procuraduría General de Justicia del DF.
De acuerdo con el informe, se autorizaron pagos indebidos por 478 millones de pesos, se desviaron recursos por 116 millones de pesos, se dejaron de cobrar 5 millones y se autorizaron pagos indebidos para ICA.
Además de las consecuencias de la inhabilitación de funcionarios y ex funcionarios, hubo daño patrimonial al Gobierno del Distrito Federal y desviaciones para trabajos no ejecutados, así como omisiones para no retener impuestos.
“Se presume que las empresas presentaron documentación apócrifa en los procesos correspondientes, así como por el contrato de supervisión de la construcción de la Policlínica, generando un pago por gastos no recuperados, siendo que la licitación para su construcción se había declarada desierta”, indicó el contralor.
En entrevista con Carlos Zúñiga, el contralor informó que continúa la investigación sobre las anomalías, pero que es un tema en conjunto con la Consejería Jurídica y que no se busca politizar el tema.
Respecto a que entre los involucrados hay dos ex funcionarios de su gobierno, el ex mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, dijo:
“Ex funcionarios de mi gobierno son para empezar desde el jefe de Gobierno actual; todos casi son ex funcionarios de mi administración. Vamos a ver a quién imputan y qué le imputan y después doy un punto de vista”.
El primer sancionado con una inhabilitación de 20 años es el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas. Para ocupara ese puesto, la Dirección General de Obras para el Transporte desapareció de la Secretaría de Obras.
Una de las primeras sanciones económicas dadas a conocer fue contra Juan Armando Rodríguez Lara, director general de Administración del Proyecto Metro, quien tenía que retener 5 por ciento al millar, (impuesto que está en la Ley Federal de Derechos y es para los contratistas de obra pública), pero fue de 2 por ciento, correspondientes a cinco contratos y dos convenios de reconocimiento de adeudos.
Otro de los involucrados es Sotero Díaz Silva, director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro, quien omitió aplicar gastos financieros del Proyecto Integral de Sistemas por 5 millones 901 mil 796 pesos, del 1 enero al 18 de marzo de 2012, debido a que la contratista no invirtió más de 243 millones del total del anticipo entregado.
Una más de las irregularidades en el tema de recursos fue la que cometió José Pascual Pérez Santoyo, director de Administración de Contratos, por haber autorizado irregularmente el convenio de reconocimiento de adeudos de la administración capitalina hacia las empresas constructoras de las obras inducidas, superficiales y aéreas, “al amparo del cual se efectuó un pago improcedente por 116 millones 312 mil 398 pesos, a través de cuatro estimaciones, ocasionando daño al erario del GDF”, se indica en la sanción.
En este mismo caso, se informó que autorizó el pago de ministraciones sin las firmas de la residencia de la obra, e indebidamente realizó los convenios modificatorios y el pago de las actividades de supervisión extraordinaria, ya que se efectuaron adecuaciones y las auditorías detectaron un sobrecosto de 25 por ciento en 17 precios unitarios, respecto al catálogo de conceptos, así como el pago indebido de ajuste de costos.
También fue señalado por autorizar el pago indebido en un presunto ajuste de precios, lo que permitió al consorcio constructor cobrar más dinero.
Por ese monto no cobrado fue sancionado con 2 millones 949 mil 577 pesos y su expediente enviado a la PGJDF por la posible comisión de un delito.
Los resultados se desprenden de 11 auditorías e investigaciones realizadas a la documentación desde 2008 a 2013 en temas de planeación, licitación, racionalización, contratación de obra, modificación de trazo, convenios modificatorios al contrato principal, convenios de reconocimiento de adeudos, ejecución de obra, supervisión externa de la misma y entrega de la Línea 12 del consorcio al Proyecto Metro.
Además, se aprobaron estimaciones de manera irregular, lo que permitió a las empresas constructoras cobrar dinero de manera ilegal, y se suscribieron contratos indebidamente por no cumplir con un proceso debido, lo que derivó en denuncias ante la procuraduría capitalina.
Otro de los implicados es Juan Carlos Mercado, ex subdirector general de Administración y Finanzas del STC, por haber suscrito un convenio modificatorio para adquirir un torno de fosa por 2 millones 552 mil dólares que no era necesario y que no estaba contemplado. El expediente también se remite a la PGJDF.
Respecto a Horcasitas, fue nombrado por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como director general del Proyecto Metro. Después de asumir el cargo, en 2009 se publicó en la Gaceta Oficial que el proyecto dejaba de ser dirección y se cambió a órgano desconcentrado con autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera; es decir, manejaba sus recursos sin necesidad de solicitar autorización.
Horcasitas fue director adjunto de Desarrollo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo.
Aún quedan abiertas 10 investigaciones y auditorías, que derivarán en más sanciones y concluirán en un mes.
El contrato original de la Línea 12 establecía 17 mil 583 millones de pesos, y se elevó, al ser modificado, hasta 22 mil millones.
Milenio
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